Después de que miembros de colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) se apostaron frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para impedir la recepción de ofertas de empresas interesadas en proveer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), y en paralelo a la denuncia interpuesta por el consejero Marlon Ochoa ante el Ministerio Público, se confirma la gravedad de la crisis institucional que enfrenta el ente rector de las elecciones.
Estos hechos ocurren en un momento decisivo del calendario electoral y representan una amenaza directa a uno de los mecanismos fundamentales para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso de elecciones generales programadas para el 30 de noviembre.
Ante estos acontecimientos, que atentan contra la integridad del proceso electoral —pilar esencial de toda democracia— la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, se pronuncia en los siguientes términos:
- Condenamos enérgicamente los recientes hechos, que se suman a un patrón reiterado de intentos por boicotear el proceso electoral. Desde ASJ, rechazamos cualquier forma de manipulación, coacción o bloqueo que atente contra el desarrollo libre y transparente de las elecciones.
- Alertamos sobre los intentos de debilitamiento institucional dentro del CNE, manifestados en presiones para presentar requerimientos fiscales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, con el aparente objetivo de que sus adjuntos asuman funciones y se rompa el balance de poder. Esta maniobra colocaría al CNE bajo el control de un solo partido político, socavando su legitimidad y poniendo en riesgo la imparcialidad del proceso.
- Reiteramos que ninguna agrupación política puede, ni debe, recurrir a actos de presión, coacción o sabotaje que interfieran en el desarrollo normal del proceso electoral, en especial sobre mecanismos como el TREP, fundamentales para la transparencia y la confianza ciudadana.
- Urgimos a la comunidad internacional, en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA), a mantener una vigilancia constante sobre el desarrollo del proceso electoral hondureño y a pronunciarse con claridad y firmeza ante cualquier intento de socavar la institucionalidad democrática.
- Exhortamos al Fiscal General de la República a actuar con imparcialidad y responsabilidad. Demandamos que su actuación esté guiada por el interés superior de la democracia y no por presiones políticas, que busquen alterar el orden institucional ni el cronograma electoral. La Fiscalía debe ser garante de la legalidad, no un instrumento para socavar la voluntad popular.
Honduras merece elecciones legítimas, transparentes y confiables. La instrumentalización política del sistema electoral, la polarización y el debilitamiento de las instituciones sólo alimentan la desconfianza ciudadana y ponen en riesgo la estabilidad democrática. La voluntad del pueblo debe prevalecer: libre, informada y expresada en las urnas.
