• El estado de excepción se aplica a 226 de los 298 municipios del país, es decir que el 91 % de la población hondureña es objeto de restricción de derechos en el marco del estado de excepción.
• ASJ presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la medida ante la Sala de lo Constitucional el 5 de febrero de 2025; sin embargo, aún no ha sido resuelto.
Tegucigalpa, 13 de noviembre 2025. La nueva prolongación de 45 días al estado de excepción declarado por el gobierno hondureño no solo vulnera derechos humanos, sino que amenaza directamente la integridad del proceso electoral que se celebrará el próximo 30 de noviembre, advirtió este jueves la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
A 17 días para la celebración de elecciones generales, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional cuestionó la 25ta ampliación consecutiva del estado de excepción, que contraviene el artículo 187 de la Constitución de la República, debilita el Estado de derecho y las garantías fundamentales de la ciudadanía.
“Un país bajo estado de excepción enfrenta riesgos graves: limitación de libertades, concentración de poder y condiciones que pueden afectar la participación ciudadana y la confianza en los resultados. La democracia no puede sostenerse sobre restricciones arbitrarias”, recalcó la organización de sociedad civil.
Cabe señalar que además de suspender garantías fundamentales como la libertad de asociación y reunión, las declaratorias de estado de excepción no han cumplido con lo establecido en el Art. 187 de la Constitución para su aplicación legal. En la mayoría de los casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional ha excedido el plazo establecido y en otros, la declaratoria no fue ratificada.
Si bien la medida fue implementada como parte del Plan para el tratamiento de la extorsión, sus resultados no han sido contundentes. Entre noviembre de 2022 y junio de 2025, apenas 294 de 1,959 denuncias por extorsión terminaron en sentencia judicial condenatoria.
A esto se suman los señalamientos surgidos a raíz del reciente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual ha señalado esta práctica como una preocupación crítica, instando al Estado hondureño a fortalecer sus instituciones democráticas y garantizar elecciones libres, transparentes y seguras.
Países como Francia, Alemania, Reino Unido y Corea del Sur pidieron su levantamiento inmediato y recordaron que medidas excepcionales deben ser temporales y proporcionales. Por su parte, España, Canadá, Brasil y Austria exigieron proteger la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) frente a presiones políticas.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que el estado de excepción no ha resuelto la inseguridad, pero sí ha debilitado las garantías constitucionales y la independencia de los poderes públicos.
ASJ ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y ha informado del caso a instancias internacionales, ante la falta de respuesta institucional y la persistencia de un marco jurídico ambiguo que erosiona la legalidad.
Ante este contexto, para proteger los derechos humanos y el espacio cívico, y garantizar elecciones en condiciones de libertad y transparencia, ASJ demanda suspender el estado de excepción, restituyendo plenamente los derechos y garantías constitucionales; respetar la independencia de los poderes públicos, especialmente del Poder Judicial y los órganos electorales, y adoptar políticas de seguridad ciudadana basadas en derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
