En la mañana del domingo 28 de junio de 2009, soldados hondureños irrumpieron en el palacio presidencial de la capital del país, Tegucigalpa, sacaron al presidente Manuel Zelaya de su cama y se llevaron su teléfono celular. Mientras el ejército desarmaba a la guardia presidencial, varios soldados introdujeron a Zelaya en una camioneta y lo llevaron a una base de la fuerza aérea, donde fue escoltado hasta un avión que inmediatamente salió del país. Zelaya dice que no sabía hacia dónde lo llevaban hasta que llegó a San José, Costa Rica.
“He sido secuestrado”, dijo más tarde ese mismo día en una concurrida conferencia de prensa en Costa Rica. “Secuestrado a la fuerza, con violencia, con brutalidad”.
Aquella acción, que una comisión de la verdad independiente llamaría más tarde “un golpe de Estado”, fue la culminación de meses de agitación política en el país. Zelaya decía que él sólo estaba realizando un referéndum —programado para ese mismo 28 de junio— para determinar si Honduras debería incluir la llamada “cuarta urna” en las elecciones nacionales que se llevarían a cabo en noviembre.
La cuarta urna le daría al electorado la oportunidad de pedir una Asamblea Constitucional. Sus rivales —entre los que se encontraban miembros de su propio partido en el Congreso y de tres de los otros cuatro partidos políticos en el poder legislativo, así como de la Corte Suprema, el ejército, la Iglesia Católica y las principales asociaciones empresariales del país—dijeron que él había ignorado las resoluciones judiciales que consideraban que su referéndum había sido inconstitucional y que buscaba perpetuarse en el mandato, como ya lo había hecho en Venezuela su aliado, el presidente Hugo Chávez, en numerosas ocasiones. Funcionarios estadounidenses dijeron más tarde que habían tratado de evitar la destitución de Zelaya, pero que el ejército de Honduras había interrumpido las conversaciones el día de su derrocamiento.
En efecto, detrás del “golpe” en Honduras estaba el espectro de Venezuela. Durante su campaña presidencial en 2005, Zelaya se había postulado como un hábil empresario y reformista moderado, por el Partido Liberal (PL), de orientación centroderecha. Dada la oposición a muchas de sus propuestas por parte de su propio partido y de su rival, el Partido Nacional (PN), recurrió a coaliciones y uniones con la izquierda en busca de apoyo para su agenda. Para consternación de las élites empresariales, subió los salarios de los empleados de los sectores público y privado, lo que incluía el aumento del 60 por ciento en el salario mínimo de todos los trabajadores. Y para el horror de las élites políticas, se unió a Petrocaribe y a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), la alianza económica y política regional de Chávez, que actuaba como contrapunto a los acuerdos comerciales liderados por Estados Unidos en la región.
Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí
La ironía, por supuesto, es que el ALBA tendría poco impacto en Honduras en comparación con el golpe que derrocó a su principal promotor. De hecho, el caos que se produjo tras el derrocamiento de Zelaya generó un periodo de actividad criminal sin precedentes en el país, que alteró profundamente el panorama político, económico y social de Honduras. Al igual que el ALBA, provenía de Venezuela e incluía la participación oficial venezolana. A diferencia del ALBA, involucraba algunos de los mismos intereses políticos que en Honduras habían tratado de derribar a Zelaya.
Caos y oportunidad criminal
Tras el golpe a Zelaya, el Congreso instaló al jefe del cuerpo legislativo, Roberto Micheletti, del PL, como presidente interino. La comunidad internacional, incluido el gobierno de Estados Unidos, rechazó la reivindicación de poder por parte de Micheletti. Honduras fue expulsada temporalmente de la Organización de Estados Americanos, numerosas naciones retiraron a sus embajadores, y ningún país reconoció la administración Micheletti.
El aislamiento político aumentó cuando Micheletti declaró numerosos toques de queda, cerró los medios de comunicación de la oposición y envió militares y policías a sofocar las protestas que estallaron tras el derrocamiento de Zelaya. Estas protestas se intensificaron en septiembre de 2009, cuando Zelaya regresó al país atravesando sigilosamente un paso de montaña y se instaló en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, que estaba intentando llegar a un acuerdo que le permitiera retomar la presidencia hasta el final de su mandato. La respuesta de Micheletti consistió en la declaración de un estado de sitio de 45 días, que, entre otras cosas, suspendió varias libertades garantizadas por la Constitución.
Dado que cada parte estaba atrincherada en su posición, surgió un estancamiento, incluso a pesar de que ya habían comenzado las campañas presidenciales para las elecciones de noviembre. El candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, ganó las elecciones, en las que hubo una abstención del 50 por ciento. Para algunos, aquello fue una afirmación de que los hondureños rechazaban los esfuerzos de Zelaya y sus aliados para boicotear el proceso y reincorporarlo en el poder. Pero para otros fue un déjà vu, una afirmación de que las élites políticas y económicas del país habían retornado a los años ochenta con la ayuda del ejército, destituyendo a un presidente de izquierda.
El gobierno de Estados Unidos reforzó esta creencia al reconocer a la administración Lobo, pero la surreal crisis política había paralizado la cooperación de Estados Unidos a Honduras, particularmente en materia de antinarcóticos. Días después del derrocamiento de Zelaya, el Gobierno de Estados Unidos retiró US$33 millones en ayuda económica y militar, y detuvo sus operaciones con el ejército hondureño y con las unidades antinarcóticos. Así mismo, el ejército y la policía de Honduras concentraron sus fuerzas en Tegucigalpa para enfrentar la agitación política. Como resultado, surgieron oportunidades para las organizaciones criminales.
Una de las organizaciones que aprovechó la situación fue una red colombo-venezolana que operaba en una de las fronteras del país, dirigida por José Evaristo Linares Castillo, antiguo socio de Daniel “El Loco” Barrera, quien, junto con otro de sus socios, Pedro Oliveiro Guerrero, alias “Cuchillo”, utilizaba sus redes criminales en Colombia para transportar cocaína por Venezuela. Mientras que Barrera y Guerrero estaban asociados con grupos paramilitares de derecha, Linares supuestamente trabajaba con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uno de los miembros de la red de Linares era un excarnicero colombiano de mediana edad llamado Gersain Viáfara Mina, quien era originario de la ciudad de Cali, en Colombia, pero se había establecido en San Fernando de Apure, en el estado fronterizo de Venezuela. Cuando Zelaya fue derrocado, Viáfara Mina estaba administrando cargamentos de cocaína de Linares y otras personas, que se traficaban desde Venezuela hacia Honduras. En los documentos judiciales presentados por el Gobierno de Estados Unidos en los que se acusa a Viáfara Mina de narcotráfico, una declaración juramentada que durante el caso presentó un funcionario de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) señala que Viáfara Mina coordinó numerosos vuelos entre los dos países.
En la declaración, escrita por el agente Kimojah Brooks, se lee: “Viáfara-Mina organizó el envío de cocaína desde Apure, Venezuela, a Centroamérica, a través de fuentes que suministraban cocaína, aviones y pistas de aterrizaje clandestinas para facilitar las operaciones de tráfico de cocaína”.
Estos vuelos salían de Apure, se dirigían hacia la República Dominicana, y luego giraban a la izquierda por el paralelo 15, que conduce a Centroamérica, por la frontera entre Honduras y Nicaragua. Esta ruta les permitía a los aviones monomotor y bimotor evadir los radares en Colombia. Los vuelos venían en oleadas, según un funcionario antinarcóticos extranjero que trabajaba en Centroamérica en ese momento y que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, porque algunos de estos casos todavía están en proceso en el sistema judicial estadounidense. Cada monomotor llevaba, en promedio, 500 kilogramos, y cada bimotor cargaba entre 800 kilogramos y una tonelada, según dijo el funcionario antinarcóticos.
“Los vuelos continuaron proliferando en 2010″, como consta en la evaluación anual del narcotráfico en la región, publicada en 2011 por el Departamento de Estado de Estados Unidos. “La Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional-Sur (Joint Interagency Task Force South, JIATF-S) registró 75 vuelos sospechosos en Honduras durante el año, en comparación con 54 en 2009 y 31 en 2008”.
El informe señala que la mayor parte provenía de Venezuela. El funcionario antinarcóticos extranjero fue más específico: “Si había 100 [vuelos], probablemente 95 provenían de Venezuela”, dijo.
Este punto de partida también le permitía a Viáfara Mina y a su equipo vincularse con su red de apoyo, que, según la declaración jurada, incluía a las FARC y posiblemente a partes del ejército venezolano. La declaración es específica en el primer punto, pero ambigua en el segundo. Señala que las FARC “ofrecían seguridad en las pistas de aterrizaje” en Apure. Pero solo hace una mención específica a las autoridades venezolanas, cuando se refiere a una llamada telefónica interceptada en la que Viáfara Mina y un informante secreto, identificado como “CC-1”, hablan sobre la obtención de una aeronave, “de la custodia militar venezolana”, que se había estrellado en Apure en mayo de 2011.
Sin embargo, otras partes de la declaración jurada son menos específicas. En una de ellas, el agente de la DEA se refiere a las reuniones entre Viáfara Mina y “miembros del ejército de un país cercano”. Según la declaración, este personal militar “tenía acceso a los códigos de sonido del transpondedor que podían ser utilizados por los pilotos para volar en el espacio aéreo de ese país y acceder a las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el transporte de grandes cantidades de cocaína”. El limitado alcance geográfico del equipo de Viáfara Mina lleva a identificar a Venezuela como ese “país cercano”, pero no se ha obtenido respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando se ha intentado confirmar esta información.
Viáfara Mina fue capturado en 2015, cuando cruzó a Colombia para comprar unas luces para su auto. Fue extraditado ese mismo año a Estados Unidos, lo que generó más reacciones en cadena en las relaciones entre Venezuela y sus vecinos. La extradición aparentemente causó conmoción en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde las autoridades venezolanas cerraron temporalmente el paso a Colombia como supuesta represalia por la extradición de Viáfara Mina y de otro presunto traficante colombiano, a quien El Tiempo identificó como “un testigo clave en las relaciones de uniformados bolivarianos con sectores ilegales”.
El impacto en Honduras
Fue también en 2015, el mismo año en que Viáfara Mina fue arrestado, cuando se descubrió a una de las redes hondureñas forjadas con ayuda del transporte de cocaína en aviones provenientes de Venezuela, y con ello la amplia red política y económica que dicha red había creado. En enero de 2015, Javier y Devis Rivera Maradiaga, los dos hermanos que habían conformado un grupo criminal conocido popularmente como Los Cachiros, viajaron a una isla caribeña y se entregaron a las autoridades estadounidenses. Fueron acusados de narcotráfico y pronto comenzaron a cooperar con las autoridades de Estados Unidos, con el fin de reducir sus condenas y sacar de Honduras a algunos miembros de su familia.
Los Cachiros surgieron como ladrones de ganado en el estado Colón, al oriente del país, en la década de los setenta. Muy pronto establecieron lazos con familias de élite, como el clan Rosenthal, a quienes les podían vender su ganado.27 Los Rosenthal habían empezado estableciendo compañías de seguros en la década de los treinta, pero luego expandieron sus actividades a la industria de empaquetamiento de carne, así como a los sectores de bienes raíces, agricultura, ganadería, productos lácteos, turismo, banca, televisión, telecomunicaciones y otros negocios. En la década de los setenta eran una de las familias más adineradas de Honduras. A fines de los ochenta, Jaime Rosenthal Oliva, el patriarca de la familia, se convirtió en un prominente miembro del Partido Liberal y fue vicepresidente del país. Hacia los noventa, la familia era una de las más ricas y poderosas de toda Centroamérica.
Durante ese mismo periodo, el portafolio criminal de Los Cachiros creció hasta incluir el narcotráfico. Los Cachiros eran particularmente hábiles en el establecimiento de redes que podían recibir y traficar cocaína desde las costas y las pistas aéreas clandestinas desde el este de Honduras hasta Guatemala. En 2004, tras una riña con su principal rival, Los Cachiros iniciaron una misión de búsqueda en tres países, y finalmente lo encontraron en una prisión de Honduras, donde mandaron a matarlo.
En 2009, el año en que Zelaya fue derrocado, Los Cachiros eran uno de los mayores grupos de transportistas ilegales del país. Contaban con equipos de colaboradores en diversas partes, los cuales organizaban los aterrizajes de las aeronaves, instalaban luces en las pistas clandestinas, descargaban las mercancías ilegales y las trasladaban a lugares seguros. También establecían conexiones locales —lo que incluía a policías, políticos y autoridades judiciales locales— para asegurarse de que las drogas no fueran confiscadas, o que, si lo eran, pudieran ser recuperadas a un bajo costo.
Los Cachiros cobraban por este servicio aproximadamente US$2.000 por kilogramo de cocaína, que era la diferencia en el costo de la droga entre Nicaragua y Guatemala. Las sumas de dinero que generó este negocio fueron inmensas, especialmente para un lugar como Honduras. Las autoridades hondureñas estiman que, para el momento en que comenzaron a confiscar propiedades de Los Cachiros en 2013, el grupo había acumulado unos US$800 millones en activos, o aproximadamente la mitad del total de la principal exportación del país, el café, durante un año.
A medida que los negocios ilícitos de Los Cachiros crecían, también lo hicieron sus conexiones y su capacidad para penetrar en los más altos niveles de la vida política. A comienzos del nuevo siglo, habían forjado lazos con los Rosenthal y otras élites en la banca, hoteles, agroindustrias, y mediante un equipo de fútbol que ayudaron a financiar. Utilizaron sus negocios legítimos para obtener contratos estatales para construir y hacer el mantenimiento de carreteras, así como para trabajar en otros proyectos de infraestructura. Y se convirtieron en socios de la primera familia de la entonces, y posiblemente futura, primera familia.
Poco después de que los hermanos Rivera Maradiaga se entregaron a las autoridades estadounidenses, surgieron consecuencias para las élites que habían trabajado con Los Cachiros. En mayo de 2015, en una redada coordinada con las autoridades haitianas, Estados Unidos capturó a Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo, el mismo hombre que había ganado las polémicas elecciones de noviembre de 2009 tras el derrocamiento de Zelaya. En octubre de 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a tres miembros de la familia Rosenthal y a uno de sus abogados por lavado de dinero de su conglomerado empresarial, en relación con las redes de corrupción y tráfico de drogas.
El caso de Lobo fue particularmente perjudicial para su familia. Él fue trasladado a Estados Unidos, donde se declaró culpable. En su audiencia condenatoria, Devis Leonel Rivera Maradiaga, el más joven de los dos Cachiros que se habían entregado a las autoridades en el Caribe, testificó en una corte de la ciudad de Nueva York, y dijo que el padre de Lobo había recibido sobornos de parte del grupo de cientos de miles de dólares a cambio de la promesa de que el Gobierno no los extraditaría a Estados Unidos; y que Fabio Lobo había trabajado estrechamente con él para asegurar y transportar al menos dos cargamentos de cocaína desde el área de Colón hasta la frontera con Guatemala. En su testimonio, Rivera Maradiaga también involucró al hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, por asegurar dinero adeudado a una de sus compañías.
A los hermanos Rivera Madariaga también se les relacionó con el caso de los “narcosobrinos”. Al parecer, Los Cachiros también estaban conectados con Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores.
Aunque estos vínculos aún no han sido comprobados, se confirmó el intento de usar una ruta por Honduras, y que los parientes del presidente de Venezuela sí tenían relaciones con grupos criminales centroamericanos. Vea más detalles sobre este caso en el capítulo sobre “El Cartel de los Soles”.
Lo que es claro es que la destitución de Zelaya llevó a la creación de una de las muchas rutas de la cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. Dicha ruta dependía de sofisticadas estructuras de tráfico en Venezuela, y de vías con mínima resistencia en toda Honduras.
Este artículo es parte de una investigación sobre crimen organizado en Venezuela. Vea otras partes de la investigación aquí y el informe completo aquí
