Carolina Alduvín
La Constitución de la República de Honduras en su Art. 205, numeral 15 señala que corresponde al Congreso Nacional: “Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente, Designados a la Presidencia, Diputados al Congreso Nacional, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del Tribunal Nacional de Elecciones, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Secretario y Subsecretarios de Estado, Jefes de Misiones Diplomáticas, Contralor y Subcontralor, Procurador y Subprocurador de la República y Director y Subdirector de Probidad Administrativa. Lo que se conoce como juicio político, mecanismo constitucional de control parlamentario, no judicial, destinado a destituir e inhabilitar a altos funcionarios por mal desempeño o infracciones graves. Más que eso, una acción urgente que no debe caer en mora.
Es una de las primerísimas acciones que debió tomar el CN y están a tiempo, desconozco la razón para estar postergando, haciendo cálculos políticos y componendas. Si tanto les cuesta tomar una decisión que tienen en deuda con toda la ciudadanía, vayan por partes. Sí sólo van a trabajar por uno, el que más urge es el ilegal fiscal general de la República, uno de los pocos que sigue en el puesto y el más incorrecto y nefasto en sus actuaciones; no en bien de la sociedad, sino como activista y mandadero del comandante. No sólo persiguió a las dos damas consejeras –con quienes seguimos en deuda– sino que la sustracción de documentos del CNE en su “afán de justicia”, produjo numerosos inconvenientes y retrasos que casi dan al traste con todo el proceso electoral. Se dijo en su momento que el usurpador, a fuerza quería que hubiese más diputados refundidores para alcanzar impunidad para él y los suyos, pues pareciera que ha comprado algunas conciencias, porque el juicio político sigue en veremos.
El siguiente es el nefasto consejero liebre, quien al menos no está en posición de seguir dañando nuestros intereses. Dejarlo en impunidad es la más amplia y clara invitación a que siga comportándose como el patán que es, o para que su sucesor lo haga igual o peor, en vista que no hay consecuencias. En un país serio, ese fulano estaría preso, más que por sectario, por atentar contra nuestro sistema democrático, contra el honor de servidores públicos que colaboraron en la misma institución, por faltas a su deber laboral, por conspirar y fabricar “pruebas” contra quien no pudo debatir en buena lid. Habría que investigar su repentina solvencia económica también. Actuó como traidor a la patria y como tal debe ser juzgado.
Ha vacado en el cargo, pero no en responsabilidades él es presidente del CN, quien ejerció el cargo de manera ilegal y; por tanto, es ilegal todo lo actuado, incluso el nombramiento de los magistrados de la CSJ y del propio fiscal general. Sin mencionar el nauseabundo drenaje de fondos de ese poder del Estado, para fines particulares y sectarios, para la compra de conciencias. Por paralizar arbitraria e indebidamente el funcionamiento parlamentario, por tomar decisiones unilaterales, por abusar de sus atribuciones y por hacer que de nuestra Honduras el hazmerreír en el concierto de las naciones. La soberanía popular lo ha rechazado, es hora que la representación delegada de la ciudadanía también lo juzgue y condene.
Otro fuera del sistema y probablemente del país, pero que no debe ser dejado en impunidad es el anterior jefe de la cúpula de las FF.AA., quien faltó a su principal deber constitucional y no tuvo empacho alguno para jactarse de su militancia partidista, un individuo favorecido con los impuestos de toda la ciudadanía para recibir tratamientos especializados en el extranjero, a lo cual debe él seguir respirando, arbitrario y coautor del desastre en que se convirtieron las elecciones primarias del año anterior, con toda su secuela de maltrato e irrespeto a la dignidad de las personas. Algunos argumentarán que eso corresponde a la institución que manchó e intentó desprestigiar con su comportamiento sectario, nada profesional y delictivo. Talvez…
El otro grupo es el familión y sus secuaces, donde un Ministerio Público correcto y serio no pueda intervenir; haciendo el juicio político y la debida remoción de ese payaso disfrazado de fiscal general, seguida de una correcta designación, ya trabajada por una Junta Proponente hace un par de años, se podría proceder a investigar y requerir a quienes desde el Ejecutivo tuvieron actuaciones funestas. También, debe procederse a ratificar y honrar los Tratados de Extradición.
