Escrito por: Gustavo Irías

04 de mayo, 2026

En un contexto internacional adverso, marcado por el incremento del precio en los combustibles que impacta en el incremento generalizado de los precios de consumo básico y en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población, se realizaron las tradicionales y masivas concentraciones del 1 de mayo en Honduras.

Las demandas principales giraron en torno a: Salarios justos y aumento salarial, ante el alto costo de la vida y la canasta básica. También demandaron empleo digno y estable, con rechazo a la informalidad, el subempleo y la inestabilidad laboral. Se exigió el respeto a los derechos laborales, incluyendo cumplimiento de la ley, contratos colectivos y protección frente a despidos ilegales. Asimismo, se demandó mejoras en salud y acceso a medicamentos, una exigencia repetida por varios sectores trabajadores. Finalmente, se exigió el cese de la precarización laboral y de jornadas excesivas, especialmente en maquila y sector informal.

Cada vez en más frecuente la demanda unitaria por la transformación del modelo económico vigente. Bajo el argumento que el problema central no sólo son los bajos salarios que prevalecen en el país, sino que las condiciones generales de vida de exclusión, desigualdades e injusticia social que afectan a las grandes mayorías.

No obstante, las prioridades del gobierno de Asfura se mueven en dirección contraria. Responden no a las exigencias sindicales, sino a las demandas del gran sector empresarial y de la banca internacional y nacional. El instrumento de política pública que expresa estas prioridades es el presupuesto general de la república, aprobado por el Congreso Nacional en vísperas del 1 de mayo, pero sin registrar las preocupaciones y demandas de la clase trabajadora.

Las principales prioridades del presupuesto nacional

La fuente principal para la valoración de las prioridades del actual gobierno, es la publicación en el diario la Gaceta No 37,124 del “Presupuesto general de ingresos y egresos de la república y sus disposiciones generales, reformulado, ejercicio fiscal 2026”.  Estas prioridades son:

En primer lugar, por su peso porcentual, la prioridad principal es el pago de la deuda pública, tanto nacional como extranjera. Esta partida representa el 25% del total, una reducción en comparación con el 29% registrado en 2025. La reducción se debe a que en este año no se cancelará ningún bono soberano, un instrumento de deuda utilizado para captar divisas (dólares) a un alto costo. El pago total de la deuda pública es de 66,607 millones de lempiras, es decir, más de dos veces del presupuesto aprobado a la Secretaría de Salud. Cerca de un tercio del presupuesto nacional se destina al pago de deudas con bancos nacionales e internacionales, lo

cual representa un drenaje que limita en forma significativa los recursos esenciales para financiar el desarrollo económico, social, cultural y en otros ámbitos del país. Este es un desajuste estructural que nos coloca en una posición de subordinación y dependencia ante los grandes poderes tanto internacionales como nacionales. Este es uno de los núcleos de modelo del mal llamado “desarrollo” hondureño.

En segundo lugar, sobresale la prioridad de repotenciar el desarrollo agroindustrial, el cual en realidad profundiza el modelo extractivista del agronegocio en beneficio del gran capital nacional y transnacional. Según la exposición de motivos, “su núcleo estratégico se basa en garantizar el abastecimiento de alimentos básicos, impulsar cadenas de valor agroexportadoras, tecnificar la producción agrícola y pecuaria, facilitar el acceso a crédito y eliminar barreras que limitan la competitividad”. De esta manera, se explica la centralidad en la construcción de las carreteras y la infraestructura productiva. El Plan de Inversión proyecta una inversión superior a 10,000 millones de lempiras en reparación y construcción de carreteras, además de otros 2,000 millones destinados a obras públicas para el desarrollo productivo.

Este enfoque ayuda a comprender la reducción del presupuesto de la SERNA, pues se busca limitar su mandato en regulación y vigilancia de licencias ambientales y otros procesos considerados obstáculos para la competitividad. Asimismo, se explica el aumento cercano al 402% del presupuesto de Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS), destinado a fortalecer el encadenamiento productivo de pequeños productores considerados “viables” en el mercado, en asociación con grandes empresas agroexportadoras y de alimentos nacionales. Lo anterior se complementa con los fondos de inversión administrados por la SAG, mediante programas como COMRURAL II, III y otros.

En tercer lugar, por el monto de los recursos asignados, sobresale el tema de seguridad y defensa. Para la administración Asfura, reconocida en la exposición de motivos, la inseguridad constituye el principal problema del país, evidenciado en los altos niveles de homicidios, extorsiones, el narcotráfico y la siniestralidad vial, además de la percepción ciudadana de inseguridad. En Honduras, la seguridad se encuentra militarizada. Por ello, resulta válido considerar los presupuestos de defensa y seguridad como una sola línea presupuestaria. Para 2026, ambas secretarías incrementaron su presupuesto en 3,354 millones de lempiras, alcanzando un total de 25,706 millones. Aunque el país destina miles de millones de lempiras anualmente a enfrentar la inseguridad, los resultados siguen siendo escasos y la crisis crónica persiste. En esta administración, aún no está claro qué política se adoptará en esta materia, aunque ya se han asegurado recursos significativos.

En cuarto lugar, destacan la educación y la salud pública. El presupuesto para educación aumentó en 3,704 millones de lempiras, y el destinado a salud en 2,004 millones A pesar de los

incrementos presupuestarios, los recursos destinados a educación y salud continúan muy por debajo de los parámetros internacionales: aún no alcanzan el 3% del PIB. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) recomienda que el gasto en educación represente al menos el 6% del PIB, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el gasto en salud debe ubicarse entre el 4% y el 6%. Mantener estos niveles por debajo de esas referencias dificulta la garantía de servicios públicos de calidad y limita las mejoras significativas. Estas condiciones son indispensables para avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.

En quinto lugar, sobresale la continuidad de la política de protección y asistencia social mediante transferencias condicionadas y no condicionadas, complementada por el aumento de las transferencias a los municipios. Aunque ambas acciones tienen alcances distintos, se ejecutan en los 298 municipios del país. Ambos tipos de partidas, en Estados semipatrimoniales como el hondureño, sostienen prácticas clientelares orientadas a preservar o ampliar la base electoral del sistema de partidos. El único mecanismo para neutralizar estos efectos perversos es implementar un sistema efectivo de rendición de cuentas y control social.

Preocupaciones del CESPAD

1. Honduras enfrenta una conflictividad agraria de más de 15 años, relacionada con el acceso y la legalización de la tierra. Este conflicto enfrenta a poderosos grupos empresariales con organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. En el caso del pueblo garífuna, la situación llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), que emitió cuatro sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras: Punta Piedra, Triunfo de la Cruz, San Juan y Cayos Cochinos. A pesar de ello, no existe ninguna reserva presupuestaria destinada a gestionar democráticamente esta conflictividad ni a garantizar el cumplimiento de las sentencias de la Corte-IDH.

• La reducción del presupuesto de la SERNA, del INA y del ICF, junto con el incremento del presupuesto del Instituto Hondureño de Geología y Minería (INHGEOMIN), plantea dos cuestiones preocupantes. Primero, un debilitamiento alarmante de la institucionalidad responsable de la gestión ambiental y de la problemática agraria, lo que afecta directamente las demandas y derechos de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Segundo, el fortalecimiento de INHGEOMIN refleja la determinación de expandir el cuestionado sector minero y facilitar los negocios de inversionistas nacionales y extranjeros. Ambas situaciones se inscriben en un contexto de conflictividad relacionado con la defensa del ambiente y el acceso y la legalización de tierras rurales en disputa.

• En el caso de las mujeres, el presupuesto de la Secretaría se mantiene igual que en 2026, pese a una problemática cada vez más compleja, especialmente en lo relativo a las violencias. Se eliminó la disposición que obligaba a las dependencias estatales a destinar el 10% de sus presupuestos a actividades en favor de las mujeres. También se redujo el presupuesto de Ciudad Mujer. Además, la demanda histórica de crear unidades élite de investigación con presupuesto específico en el Ministerio Público, nuevamente quedó sin respuesta.

• Es positivo el incremento del presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y del Comisionado en esta materia. Sin embargo, en lo referido al Sistema de Protección, sólo se identifica una partida para salarios y viáticos. Sigue ausente —o no visible— una partida presupuestaria destinada a enfrentar el grave fenómeno de la criminalización y los riesgos que enfrentan los periodistas, defensores de derechos humanos y de los territorios. También queda sin recursos cualquier intento por regionalizar la institucionalidad de los derechos humanos, demandada por organizaciones afectadas en la infracción de sus derechos.

• El incremento modesto en el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el nulo aumento en el Ministerio Público, evidencia que este gobierno continúa sin cumplir los mandatos constitucionales de destinar el 3% del total de ingresos para cada institución. Esto ocurre a pesar de los enormes desafíos del Estado para reducir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables: mujeres, población LGTBQ+, comunidades agrarias, indígenas y afrodescendientes, entre otros. Además, persisten los retos en la lucha contra las redes de corrupción y el narcotráfico.

Para cerrar, se evidencia un desencuentro objetivo entre las aspiraciones de los sectores sociales organizados en el movimiento sindical y el rumbo seguido por la actual administración hondureña. Esta continúa con el curso natural de un modelo económico que solo ha generado profundas desigualdades, pobreza extendida y escasas oportunidades de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías.