Nuestra serie de investigación «Líbranos del mal» expone cómo líderes religiosos manipulan su influencia para abusar de niñas, niños y mujeres mientras promueven movimientos a favor de la familia
Revelamos el adelanto del primer capítulo de esta serie de investigación, dividida en tres, que se publicará en forma de libro y corto documental en septiembre de 2025
Por Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. “¿Qué querés de cumpleaños?”. Ana*, de 15 años, leyó varias veces el mensaje en la pantalla de su celular sin acabar de creerlo. Quien le había enviado ese texto era nada menos que el pastor de su iglesia, un mediático líder evangélico en una de las principales ciudades de Honduras.
Ana había conocido al evangelista cuando asistía con su prima a la iglesia. No pasaron muchas semanas para que llamara la atención del pastor, quien con el tiempo ocuparía uno de los principales puestos en las congregaciones de Honduras.
El pastor, quien también es hoy uno de los líderes mediáticos del movimiento “Por Nuestros Hijos”, pasó de las miradas a la acción y comenzó a enviar mensajes de texto a la adolescente. Poco tiempo después fue más lejos cuando le prometió a Ana darle aquel regalo de cumpleaños.
“Te espero afuera”, leyó Ana.
La niña estaba en casa de su madre cuando recibió el mensaje. Confiada, subió al carro del líder evangélico. ¿Cómo desconfiar de una figura tan respetada? Era el pastor de su iglesia, alguien a quien conocía bien, incluso a su esposa, y que diariamente predicaba sobre el amor de Dios.
¿Qué podría salir mal?
Sin embargo, Ana no tardó en descubrir que el pastor era un lobo con piel de oveja.
Dentro del vehículo, el ministro de Dios comenzó a insinuarse, ofreciéndole la posibilidad de abrirle un salón de belleza y prometiéndole que le enviaría mensajes desde un número cuyo perfil de WhatsApp mostraba la bandera de Honduras.
La propuesta no se quedó en puras palabras. Al despedirse, el pastor la besó a la fuerza en la boca. El nerviosismo se apoderó de la niña. No pudo contener las lágrimas. Mientras regresaba a su casa, las dudas la iban atormentando: ¿se lo contaba o no a su madre?
Al llegar a casa, no pudo contenerse más y relató lo que había sucedido. De inmediato, el incidente puso a la madre en alerta: “Ya no podés regresar a la iglesia”, le dijo a Ana. Estaba claro que su hija había quedado expuesta al acoso de un poderoso ministro de la iglesia y con un cargo de poder que lo hacía intocable.
“Oí bien: esto no se lo vamos a contar a nadie”, dijo la madre de Ana. Hizo que su hija prometiera guardar silencio porque sabía que de otro modo se exponían a represalias en un país donde el peligro es el pan de cada día.
En Honduras, 24 de cada 100 mujeres menores de 15 años han experimentado violencia sexual al menos una vez en su vida. Ana es una de ellas. Tras mucho tiempo, decidió contar por primera vez su historia en exclusiva para Reportar Sin Miedo. Su misión es desenmascarar a este ministro de la fe que un día le prometió el cielo. Sin embargo, desde entonces lo único que ha vivido es un infierno debido a los traumas y daños físicos y emocionales con que este tipo de violencia ha marcado su vida.
¿Quién protege a las ovejas?: tácticas de los pastores violadores
Ana es solo una entre muchas que han sobrevivido a la odisea del acoso y el abuso sexual a manos de líderes de las Iglesias en Honduras. De hecho, en los últimos 18 años se han documentado casi 70 casos de pastores y sacerdotes implicados en abusos sexuales en el país.
En total, en Honduras se han reportado 68 violaciones entre 2007 y 2025. La mayoría de los acusados son pastores evangélicos (65 casos) y una minoría son sacerdotes católicos (tres casos).
Por otra parte, las tácticas de muchos evangelistas consisten en asegurar que sostienen los pilares de la familia y la sociedad, mientras cometen abusos como violaciones que terminan en embarazos tempranos, abuso sexual, incesto, estupro y acoso sexual.
Entre los casos registrados está el pastor Isidoro Ávila Cruz, de 38 años de edad, originario y residente de la aldea El Carrizal, en el municipio de Langue, Valle, en el sur de Honduras, capturado y acusado de abusar sexualmente de su sobrina durante cinco meses y embarazarla.
Según documentación pública y del Poder Judicial respaldada por el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Red Lésbica Cattrachas, este evangelista violador le daba a la niña «diez lempiras para que comprara confites» después de los abusos.
Hechos como este dejan profundas marcas en las sobrevivientes, quienes llevan a cuestas durante toda la vida las consecuencias del acoso y el abuso sexual. Por esa razón, estas víctimas de pastores abusadores “ya no son las mismas”, como dijo Ana a Reportar Sin Miedo.
A pesar del daño causado a niñas como Ana, la ley no castiga a la mayoría de estos líderes religiosos abusadores. Así, según la investigación documental de Cattrachas, hay un patrón preocupante de impunidad, ya que las instituciones religiosas no garantizan que los sacerdotes y pastores enfrenten las consecuencias legales de sus actos.
De hecho, en lugar de impulsar el castigo para los culpables, las Iglesias católica y evangélica en algunos casos han optado por «ocultarlos, permitiendo así que continúen ocurriendo este tipo de situaciones», a menudo mediante el traslado y la reubicación de los agresores, específica en análisis de Cattrachas.
La falta de castigo para los pastores culpables de violaciones y abusos sexuales es la causa de que muchos de ellos sigan viviendo en la sociedad como ciudadanos normales. Sin embargo, su aparente respeto a la ley es solo una fachada para continuar cometiendo toda clase de delitos a vista de la ciudadanía, que tiene las manos atadas ante los pastores abusadores.
A pesar de este panorama desolador, todavía es posible que la sociedad repare los daños causados a víctimas que, como Ana, han caído bajo los engaños de los depredadores ocultos bajo el ropaje de la Iglesia.
Así pues, algunos de los individuos que aprovecharon su estatus religioso para cometer delitos sexuales han sufrido el correspondiente castigo penal impuesto por las leyes de Honduras.
Entre los depredadores sexuales religiosos que han recibido penas se hallan sujetos condenados a cientos de años de cárcel, como Franklin Geovanny Cabrera Sierra, de 48 años, pastor de la iglesia evangélica Resurrección de Cristo.
Las leyes cayeron con todo su peso sobre Sierra al imponerle 136 años de prisión por violar a cuatro menores de 14 años entre 2004 y 2012, tanto en la iglesia como en su vivienda.
Según Sierra, Dios le había revelado que si sus víctimas no tenían relaciones sexuales con él, sus familias iban a sufrir catástrofes. El horror terminó cuando los padres de los niños denunciaron a Sierra, cuyo caso expone el abuso de poder en las instituciones religiosas y la vulnerabilidad de los menores ante figuras de supuesta autoridad moral.
Entretanto, a Roger Abraham Flores Díaz, pastor de los Testigos de Jehová, de 47 años, le fue mayor que a Sierra, ya que lo condenaron en el 2019 a 221 años de prisión por haber cometido 13 violaciones especiales contra una niña de 12 años en San Pedro Sula.
Díaz abusó de la menor en 2016 tras asegurarle que las agresiones sexuales eran «decisiones divinas” y luego de llevarla a moteles, utilizando la fe como herramienta de coerción.
Casos como el de estos dos pastores, que en conjunto recibieron penas de cárcel de casi 400 años, desnudan la vulnerabilidad de la niñez y las mujeres de Honduras ante los ataques de los abusadores sexuales religiosos. Al mismo tiempo revelan el método con que operan estos depredadores, cobijados bajo el manto de la autoridad de la Iglesia.
En busca de verdad, reparación y dignidad
Como vimos antes, algunos pastores abusadores han recibido penas de más de cien años de cárcel. Sin embargo, la mayoría de las víctimas de estas “ovejas en el púlpito y lobos en las sombras” chocan con la falta de justicia en un país que privilegia a las élites de la fe mientras se olvida de la niñez y las mujeres victimizadas.
De hecho, sectores sociales critican ferozmente la falta de justicia contra los pastores acosadores sexuales, culpables o sospechosos de incesto, estupro y violación de niños, niñas y mujeres, cuyos casos a menudo no salen a la luz.
Así, la documentación de más de 70 casos en los últimos 18 años indica un patrón que preocupa a estos sectores.
Ante esta situación, la pastora Ana Ruth Cárcamo y la doctora Guadalupe Ramos Ponce señalan que las víctimas merecen verdad, reparación y dignidad. Además, agregan que el abuso sexual clerical es una grave violación de los derechos humanos y una expresión del «poder patriarcal más perverso».
Para Cárcamo y Ponce, en estos casos, callar no es una opción, ya que los silencios han sido cómplices históricamente.
“El abuso sexual cometido por líderes religiosos constituye una grave violación de los derechos humanos, especialmente cuando las víctimas son niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad y riesgo”, expresó la coordinadora regional electa del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), la doctora Guadalupe Ramos Ponce.
“Las víctimas necesitan justicia verdadera, sin encubrimiento, y exigen que los agresores sean juzgados por tribunales civiles sin privilegios eclesiásticos”, aseguró Ponce.
Si bien el acoso sexual a menores de edad constituye un delito grave, catalogado como violencia sexual y vulneración flagrante de sus derechos fundamentales, con penas entre seis y ocho años de reclusión, gran número de niñas como Ana optan por el silencio y no denuncian estas agresiones.
Esta situación se explica por una compleja combinación de miedo, vergüenza, falta de información y ausencia de un sistema de protección adecuado.
Por otro lado, es necesario reconocer que los hombres en posiciones de poder pueden abusar más fácilmente de niñas y adolescentes. En realidad, es muy probable que haya muchas más víctimas de acoso.
«Miramos la falta de justicia. Hay muchos pastores acosadores sexuales que dentro de sus iglesias ejecutan el incesto en sus propias hijas, también mucho estupro, mucha violación especial que ejercen contra niñas menores en sus iglesias. Sin embargo, esas cosas no salen a la luz», afirmó la directora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Ana Ruth Cárcamo.
“Honduras es un país 95% religioso, lo que otorga a los líderes eclesiales un gran poder”, agregó.
Ahora bien, las cifras parecen confirmar las frases de la pastora García. Así pues, según la empresa encuestadora CID Gallup, Honduras lidera en Centroamérica con el mayor porcentaje de población evangélica, alcanzando un 44% de feligreses, superando por un punto a Guatemala (43%) y seguido por El Salvador (40%).
Por otra parte, los datos publicados en el 2022 revelan un cambio significativo en el panorama religioso regional, ya que, mientras el evangelismo se consolida como la corriente predominante, el catolicismo representa el 36% de la población hondureña.
Estos números desnudan una realidad preocupante para sectores defensores de derechos de poblaciones vulnerabilizadas, ya que en el ambiente cargado de religión de Honduras, sigue abierta la puerta para que líderes de las Iglesias manipulen a la población. “La feligresía los ve como figuras a través de las cuales Dios habla, llevando a la manipulación”, dijo Ana Ruth Cárcamo.
¿Quién paga a las víctimas?
Mientras los abusos sexuales dentro de las Iglesias no dejan de multiplicarse en Honduras y el mundo, y muchas voces se alzan para denunciar estos casos, la Iglesia Católica ha dado pasos para pedir perdón por las acciones de los líderes católicos culpables de delitos sexuales.
Como ejemplo de estos importantes avances, meses antes de morir, el papa Francisco exigió valentía para no encubrir los abusos sexuales dentro de la Iglesia. “Condenen a los abusadores y ayúdenlos a curarse de esta enfermedad del abuso. No hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”, afirmó Francisco en una homilía en Bélgica.
“Pido a todos: ¡no encubran los abusos! Pido a los obispos: ¡no encubran los abusos! Condenen a los abusadores y ayúdenles a curarse de esta enfermedad del abuso”, exclamó además el papa durante la homilía. “Pensemos en lo que ocurre cuando los pequeños son escandalizados, heridos, maltratados por quienes deberían cuidarlos, en las heridas de dolor e impotencia en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en la comunidad. Con la mente y el corazón vuelvo a las historias de algunos de estos pequeños que conocí anteayer”.
Entretanto, en Honduras, que cuenta con más de 16 mil iglesias evangélicas, la Confraternidad Evangélica ha levantado la voz por medio del pastor Kevin Torres, integrante de la Junta Directiva de la Confraternidad.
Torres afirmó a Reportar Sin Miedo que, si alguno de sus miembros o afiliados comete un delito, los órganos de justicia del Estado deben proceder con toda libertad y aplicar las penas correspondientes. Además, el directivo señaló que la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) no está para «apañar» a quienes cometen delitos.
“La Iglesia Católica tiene un nivel jerárquico de institución. En nosotros [Iglesia evangélica] hay mayor libertad, cada denominación determina las líneas doctrinales y las líneas disciplinarias que estima convenientes, pero considero que ninguna de las denominaciones va a estar de acuerdo ni a favor de alguien que ha tenido temas reñidos con la ley o va a apañar cualquier tipo de ese comportamiento”, afirmó Torres.
Sin embargo, la abogada Nadia Mejía, del Bufete Jurídico por los Derechos Humanos, ha abordado la culpabilidad y la rendición de cuentas de la propia CEH en casos de abuso sexual y la impunidad que la rodea.
Para Mejía, tanto la Iglesia Católica como la Confraternidad Evangélica deberían tomar acciones internas contra los líderes religiosos responsables de delitos sexuales.
“La Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, deberían pronunciarse, generar acciones internas contra estos pastores, quitarles la vestimenta que les dan. Incluso ellos, dentro de estas mismas instituciones religiosas, deberían ser sancionados”, exigió la abogada del Bufete Jurídico.
Mejía no solo ha criticado la influencia del discurso religioso en el Estado, sino que además ha ofrecido recomendaciones para víctimas como Ana y para el sistema de justicia, con el fin de perseguir los delitos sexuales dentro de las congregaciones, así como determinar los castigos necesarios para los religiosos culpables.
Además de los señalamientos externos de Nadia Mejía, las críticas se alzan dentro de la propia Iglesia Evangélica. Entre los reclamos internos se encuentra el del pastor Franklin David Delcid García, de la Iglesia Cristiana Ágape, quien expresó fuertes críticas contra la Confraternidad y abordó los abusos dentro de las Iglesias.
Así, Delcid acusó a la Confraternidad de «doble moral» por no haber denunciado violaciones de la Constitución ni fraudes electorales durante una dictadura de casi 13 años. Según el pastor, la Confraternidad respaldó la destitución de magistrados y la reelección ilegal [de Juan Orlando Hernández], mientras no reclamaba por «robos a instituciones públicas». De hecho, para Delcid, la CEH no tiene valor moral, ético y espiritual para presentarse como defensora de la democracia.
Debido a que, según Delcid, los abusos sexuales dentro de las Iglesias son «muy comunes”, sostuvo que no deben tener un fuero especial, ya que en ellas se comete violencia sexual, se minimiza a la mujer y se violenta a los grupos de la diversidad sexual.
Para finalizar, el abogado y doctor en Derechos Humanos Joaquín Mejía exigió respaldar a las sobrevivientes de abuso sexual dentro de las organizaciones religiosas.
“Acompañar a las víctimas para determinar si desean denunciar. Si deciden denunciar, el abuso sexual es un delito de orden público que debe ser investigado por el Ministerio Público, sin importar si ocurre dentro o fuera de una iglesia”, dijo Mejía.
Esta petición del abogado Mejía podría beneficiar a víctimas como Ana, quien luego de mucho tiempo de guardar silencio vio cómo su mundo se teñía de desesperanza y frustración. Para ella y para muchas otras personas victimizadas por las élites de la fe, es urgente que las Iglesias dejen de ocultar a los líderes religiosos responsables de crímenes sexuales en Honduras.
No solo los pastores y otras cabezas de las Iglesias siguen utilizando el poder para ocultar sus crímenes con ayuda de un sistema judicial corrupto. Para Joaquín Mejía, es necesario señalar también a otros hombres en posiciones de poder en esferas políticas o laborales.
“Para cualquier agresión sexual dentro o fuera de una iglesia o donde sea, no tiene nada de especial que sea un pastor. Ya sea un pastor, un alcalde, un jefe, cualquier hombre en una posición de poder va a utilizarlo para ocultar su crimen”, señaló Mejía.
*Se cambió el nombre de la víctima por razones de seguridad.
