Ruth Bonilla – En Alta Voz
Cinco alcaldías en Honduras están lidiando con embargos que superan los 1,000 millones de lempiras. Según los funcionarios municipales actuales, esta situación pone en grave riesgo su operación y la provisión de servicios esenciales. Los problemas se presentan en tres municipios de Olancho —Guata, Guarizama y Mangulile— y en dos en Choluteca —Choluteca y El Corpus—, donde las deudas y sentencias judiciales han puesto en riesgo las finanzas locales.
Los registros municipales indican que las deudas por cada localidad son: Guata en Olancho, más de 31 millones de lempiras; Guarizama, más de 29 millones; Mangulile, más de 50 millones; Choluteca, más de 850 millones; y El Corpus, más de 65 millones de lempiras. En total, estas deudas superan los mil millones de lempiras debido a demandas y acuerdos de conciliación incumplidos.
Alcaldes de diferentes partidos políticos han afirmado que los embargos son resultado de gestiones anteriores. En Mangulile, el alcalde Dagoberto Pacheco Cardoza (Libre) mencionó que asumió la municipalidad con deudas heredadas del exalcalde Olman Yanil Padilla (Partido Nacional). En Guarizama, Maynor Pagoda (PN) indicó que las deudas son de la administración de Santos Fulgencio Peralta (Partido Liberal). En Choluteca, el alcalde Eber Aplícano (PN) aseguró que los más de 850 millones en embargos se originaron bajo la gestión de Quintín Javier Soriano Pérez (Partido Liberal). Igualmente, Joaquín Antúnez (Libre) en Guata y Katherine Guillén (Partido Liberal) en El Corpus enfrentan embargos relacionados con administraciones pasadas.
Las autoridades estatales también han respondido ante la gravedad de la situación. El procurador Dagoberto Aspra y el secretario de Finanzas, Emilio Hércules, tuvieron una reunión con la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para discutir lo que consideran embargos “estratégicos” que impactan la operación municipal. Hércules destacó que el Tesoro del Estado “está bajo ataque” y advirtió que los embargos han desviado la atención de sectores como la educación, la salud y los niños. Aspra agregó que Choluteca y Olancho han sido clasificadas como “jurisdicciones de alto riesgo” por la rapidez en que se tramitan ciertas demandas.
En Guata, el alcalde Joaquín Antúnez reportó que el embargo de más de 31 millones de lempiras fue levantado por 43 exempleados, de los cuales únicamente 12 tenían contrato permanente. Afirmó que la municipalidad depende casi en su totalidad de las transferencias del Estado y que esta deuda impacta directamente en los servicios básicos de una población de más de 13,000 personas. Mencionó que se detectó la ocultación de información financiera durante la transición y que, aunque no se opone a pagar derechos laborales legítimos, considera que muchas de las demandas no tienen fundamento contractual. La municipalidad ya ha presentado una apelación y ha solicitado investigaciones a la CSJ y al Ministerio Público .
El exalcalde Luis Baquedano afirmó que no dejó la alcaldía bajo embargo de manera deliberada y que los exempleados tenían el derecho legal de presentar demandas. Aclaró que firmó los documentos solicitados por las instancias judiciales y resaltó que, después de cumplir con compromisos pendientes, dejó un sobrante que supera los tres millones de lempiras para el nuevo gobierno municipal.
En Guarizama, Maynor Pagoada destacó que el embargo por aproximadamente 30 millones de lempiras es resultado de las demandas de 37 empleados despedidos el 6 de enero. Diez días más tarde se interpuso la acción judicial y el 26 de enero ya había una resolución que autorizaba el embargo. El alcalde mencionó que solamente cuatro de los demandantes eran empleados permanentes y que el municipio, cuyos ingresos anuales por impuestos varían entre 300,000 y 700,000 lempiras, se vería prácticamente sin capacidad de operar durante los siguientes dos años. Señaló que se han hecho gestiones ante la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Anticorrupción y el Tribunal Superior de Cuentas.
En Mangulile, Dagoberto Pacheco Cardoza informó que alrededor de 30 personas sin contrato formal están reclamando prestaciones que suman 31 millones de lempiras. Aunque se había llegado a un acuerdo de conciliación, el retraso en los pagos ha ocasionado el embargo de las cuentas del municipio, creando dudas sobre la estabilidad financiera de la comuna .
Mientras tanto, el abogado Juan Carlos Barrientos alertó que los embargos podrían haber sido utilizados como una estrategia para beneficiar a empleados y activistas de administraciones anteriores. Las autoridades municipales aseguran que buscarán todos los recursos legales necesarios para proteger los fondos públicos y asegurar la continuidad de los servicios a la ciudadanía.
