Con plantón ante la Corte Suprema, mujeres originarias buscan acelerar resolución de inconstitucionalidad de reformas penales. «Nuestro vínculo con la tierra es cultural y espiritual», afirman
Por Lissy Serén de Reportar Sin Miedo
Tegucigalpa, Honduras. Un informe sobre desalojos en territorios indígenas y sus impactos en las mujeres presentaron el Centro de Derechos de Mujeres, el Bufete Justicia para los Pueblos y el Centro Jurídico por los Derechos Humanos (CJDH), con el apoyo de CEM-H. Entre los principales hallazgos del reporte están el despojo estructural, daño ambiental, violencia múltiple, ausencia estatal y pérdida cultural, que afecta en especial a las mujeres originarias.
Luchan por el derecho histórico
Como sugerencia, el equipo de investigación exigió la derogación inmediata de los artículos 3,5,6, y 7 del Decreto 93-2021, reformas del Código Penal vigente, porque aseguran que son inconstitucionales y contrarias a los derechos de los pueblos originarios.
De igual manera, mencionaron el cumplimiento del artículo 346 de la Constitución que reconoce los derechos históricos de los pueblos originarios y afrodescendientes sobre sus tierras y territorio.
El equipo pidió también el cumplimiento de convenios internacionales adoptados, especialmente el Artículo 14 del convenio 169 de la OIT. El texto señala que “los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento de su propiedad y de los derechos de dominio con respecto a las tierras y territorio que han ocupado históricamente”.
Más que subsistencia, espíritu
Las comunidades realizaron un plantón frente a la Corte Suprema de Justicia. Durante la protesta presentaron un pronto despacho ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el cumplimiento al recurso de inconstitucionalidad contra los artículos del Decreto 93‑2021, presentado el 27 de noviembre de 2024 por más de 40 mujeres representantes de los pueblos originarios y afrodescendientes.
Las mujeres originarias sostienen que sus vínculos con la tierra, el agua y los bosques no son solo de subsistencia. También son de cultura y espiritualidad. Por ello exigen que la justicia constitucional actúe sin demora.
Frente a esta espera prolongada, exigen que la Corte Suprema no solo reciba la demanda, sino que además la resuelva “de manera inmediata”. Esta acción tiene e,l fin de cumplir la obligación de proteger los derechos colectivos, poner fin al uso abusivo de la figura de usurpación, así como garantizar que puedan vivir en sus territorios ancestrales en paz, dignidad y alegría.
Lesvia Álvarez denunció que las agresiones territoriales persisten. “Mientras que al Estado le cuesta reconocer que somos titulares de nuestro territorio ancestral, seguiremos aquí resistiendo”, afirmó.
Por otro lado, Berta Lidia relató que la desalojaron. Entretanto, sigue esperando que el Estado de Honduras resuelva las peticiones de las comunidades para seguir manteniendo a su familia. Por último exigió que se respete el derecho que tienen los pueblos originarios.
