Juan Ramón Martínez
Un fantasma amenazante se cierne sobre Honduras. El fantasma de la tentación totalitaria. Que en una sociedad donde su población exhibe una edad psicológica de 12 años, donde se ahonda la distancia entre los partidos y los electores, se ignora la perdida de la identidad nacional; y se aceptan –sin cuestionar éticamente y legalmente las alternativas– soluciones arbitrarias a problemas que se pueden resolver de otra manera, puede echar raíces y destruir la vida democrática. Y darle paso a la dictadura. En silencio, como la pobreza, se impone ilógicamente la conveniencia que: “el fin justifica los medios”.
Hay un antecedente histórico. Durante el régimen liberal de Vicente Mejía Colindres –1929-1932– se acentuó la inseguridad y se profundizo la desigualdad. La causa fue la falta de previsión de los gobernantes que nunca anticiparon los problemas y no crearon alternativas. También las guerras civiles endémicas. Además, la crisis del capitalismo de los Estados Unidos de 1929, afectó las exportaciones –especialmente de bananos y broza a los Estados Unidos– redujo los ingresos al gobierno y disminuyeron los sueldos de los trabajadores bananeros, profundizándose la polarización en que los hondureños se volvieron enemigos de los otros hondureños. Los crímenes contra las personas y el daño a la propiedad privada –bienes muebles e inmuebles– configuraron una situación en que la mayoría de la población, concluyó que necesitaba un “hombre fuerte” para enfrentar el problema. En las elecciones de octubre de 1932, dos hombres duros de armas tomar disputaron la presidencia de la república. José Ángel Zúñiga Huete por el Partido Liberal y Tiburcio Carías Andino por el Partido Nacional. Los electores prefirieron al más duro, del partido diferente al presidente Mejía Colindres que consideraban débil para enfrentar la violencia. Gano Carías pero los “Mayores de Plaza”, en “la revuelta de las traiciones”, se negaron a entregar el ejecutivo al ganador Carías Andino. Mejía Colindres apoyado por Carías, batió a los insurrectos y este inicio su gobierno el 1 de febrero de 1933.
Impuso la paz y tranquilizo al país. Lleno las cárceles de delincuentes y opositores políticos; expulso de Honduras a sus adversarios y mando a la tumba a los que creyó que no tenían capacidad de rectificar sus conductas levantiscas e irregulares. En 1936, transformó el Congreso en Asamblea Constituyente y elaboró una nueva Constitución y se reeligió, instaurando una dictadura en que se impuso la paz de los cementerios, la monotonía de las cárceles y las desgracias de los opositores que tuvieron que dejar el país. A cambio de la paz, gobernó durante 16 años. Y en 1954 intento otros seis años más, que no logró porque Gálvez y Williams Calderón se lo impidieron.
Algo parecido está ocurriendo ahora. El gobierno de Asfura no puede controlar la inseguridad y cada día que pasa crece el sentimiento que la alternativa es establecer un régimen fuerte –sin tomar en cuenta los riesgos y pasando por alto el reducido volumen electoral del Partido Nacional– mediante las reformas de las leyes, reduciendo derechos y postergando garantías que tradicionalmente ha acompañado la vida hondureña desde 1982. Cuando la Corte Suprema emite un dictamen para un proyecto de reformas al Código Penal, Tomas Zambrano dice “que no es vinculante”; y que el Congreso no hará caso de las opiniones de los titulares del Poder Judicial. El presidente del Congreso, rechaza las tesis garantistas y avanza, en una ruta que no se sabe cuántos le acompañaran, en un terreno en que a cambio de seguridad, los hondureños renunciaran a la libertad y a las garantías que consagra la Constitución. Se privilegian los fines –indudablemente nobles y buenos– para justificar los medios, cualesquiera que sean. No importa su valor, su ajuste o no con la ley y el respeto a la vida de los demás, lo que vale es si es útil para dar resultados. Atrapados por la comercialización del proyecto Bukele, se pasa por alto que para ser efectivo, tiene que establecerse en un régimen autoritario, en una dictadura –como la de Carías en su tiempo– que asegure el control ciudadano, reduzca las libertades y ponga en cintura a los delincuentes. No importando las garantías constitucionales y mucho menos las prevenciones de la Corte Suprema. Pareciera que el país estuviera dispuesto a ir a la dictadura, buscando en la figura del hombre fuerte, el paraguas para encontrar la seguridad que solo se cree posible en una dictadura.
La tentación es fuerte. Los partidos han perdido la confianza de los electores. Muchos creen que pueden conseguirla imponiendo soluciones que al dar resultados les permita recuperar el favor ciudadano. ¡Mal camino señores¡.
