Ante la pronta decisión que deberá tomar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este martes, en relación con el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el Decreto 04-2022, conocido como el “Pacto de Impunidad”, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo en Honduras de Transparencia Internacional, considera fundamental subrayar los siguientes puntos que el pleno de magistrados debe tener en cuenta al momento de emitir su fallo:
- Instamos a los magistrados de la CSJ a actuar en apego al Reglamento interno del Poder Judicial, garantizando que la integración del pleno respete el orden de prelación establecido en dicho
instrumento legal. Cualquier desviación de este proceso afectaría la legalidad de la resolución y la credibilidad del Poder Judicial.
- En aras de fortalecer el Estado de derecho, exhortamos a los magistrados a aplicar rigurosamente la normativa que diferencia entre los delitos políticos y los comunes conexos. La corrupción no es un
delito sin víctimas; sus efectos recaen principalmente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Amparar bajo la figura de delitos políticos a exfuncionarios que han cometido actos de corrupción no solo distorsiona la justicia, sino que constituye una grave afrenta a la ciudadanía hondureña.
- Alertamos sobre los posibles conflictos de interés que se puedan desprender de la interpretación de la “Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan”,
también conocida como “amnistía política”. Cualquier inclinación a favorecer intereses particulares mediante esta legislación contribuirá al continuo debilitamiento de la justicia en Honduras, erosionando la confianza pública en las instituciones.
- Hacemos un llamado al pleno de magistrados para que emitan una sentencia basada estrictamente en fundamentos jurídicos, libre de presiones o influencias políticas. Solo una resolución justa,
imparcial y apegada a la Constitución puede contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, en el que impere la ley.
Finalmente, hacemos un enérgico llamado a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que su decisión esté fundamentada en un firme compromiso con el respeto a la Constitución y a las leyes de la República, contribuyendo así al fortalecimiento del Estado de Derecho en Honduras. El país requiere decisiones que refuercen la confianza ciudadana en la justicia.
