Cada mes que pasa, el régimen se torna más represivo. A pesar del número altísimo de presos políticos, las liberaciones por cumplimiento no llegan a la cuantía de los nuevos presos políticos y de conciencia. Desde hace 2 años, éstos son casi todos ciudadanos ni políticos, ni activistas: son ciudadanos que protestan. Desde julio de 2021, ya suman 1.735 los ciudadanos inocentes en prisión, simples vecinos pacíficos que no tienen ni el derecho a la queja por la desastrosa gestión del país, cuya mayor entrada de carne animal del mundo es importada desde los Estados Unidos, al igual que la entrada de dólares por remesas, recargas telefónicas y el envío de medicinas directas a la población, pero a quien el régimen echa la culpa del hambre en Cuba. Los cubanos reciben de Estados Unidos la comida, las medicinas y las remesas para sobrevivir, ya tienen interiorizado que el problema es otro. Por ello casi 3 millones de personas han huido de Cuba desde 2021, la mayoría hacia los Estados Unidos, porque el enemigo causante de toda la barbarie de miseria y represión lo tienen dentro, y está en el poder.
13 nuevos presos políticos en agosto de 2025
Nuevos presos y nuevas expatriaciones forzosas
13 nuevos presos políticos han entrado en la lista en agosto para sumar otro trágico récord de 1.185 prisioneros políticos en Cuba. En paralelo, hemos registrado 4 bajas de la lista. 3 de ellas se deben al cumplimiento íntegro de sanción. La cuarta baja de la lista de prisioneros se debió al destierro forzoso de Aymara Nieto Muñoz, excarcelada bajo la condición de que abandonase la isla. Previamente, Aymara fue incomunicada y trasladada directamente desde una prisión de trabajos forzosos a las afueras de La Habana hasta el aeropuerto, sin permitirle comunicarse con sus allegados, y expatriada a República Dominicana. Le acompañaron su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas, ambas menores. Aymara ha tenido que dejar en Cuba a una de sus hijas, mayor de edad. Los agentes de la Seguridad del Estado le negaron la última visita penitenciaria que tenía prevista el viernes 8 de agosto y, al hacerlo e incomunicarla, impidieron que pudieran siquiera despedirse entre ellas.
Las expatriaciones forzosas del régimen de Cuba han sido condenadas duramente por Naciones Unidas ya en el año 2019, donde cuatro distintos Relatores Especiales adoptaron la investigación de Prisoners Defenders y acusaron a Cuba de las expatriaciones forzosas masivas de opositores del país, algunas llevadas al aeropuerto de forma directa desde prisión al igual que Aymara, como a Eliecer Góngora Izaguirre, activista de la UNPACU, años antes.
Nuevos presos manifestantes
En Cuba, la represión contra activistas y manifestantes pacíficos continúa intensificándose, dejando un rastro de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y al debido proceso. En el último mes hemos registrado un alto número de casos de ciudadanos detenidos, procesados y condenados arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, expresión, manifestación y reunión, la causa más habitualmente elegida por las autoridades cubanas para privar la libertad de miles de personas cada año.
Los casos de los 13 nuevos presos políticos que han entrado en la lista este mes de agosto, documentados a continuación, reflejan un patrón recurrente de persecución política, uso desproporcionado de la fuerza, fabricación de cargos y aplicación de condenas penales extremadamente severas, todo ello con el objetivo de silenciar cualquier forma de oposición al régimen cubano.
Entre las víctimas se encuentran activistas y manifestantes pacíficos, ciudadanos comunes, muchos de ellos en condiciones de especial vulnerabilidad, sometidos a tratos crueles, golpizas y largas detenciones cautelares ordenadas por la acusación y sin tutela judicial alguna.
El preso de conciencia Adrián González Pérez, trabajador por cuenta propia en Guantánamo dedicado a la reparación de fosforeras, fue detenido el 12 de agosto de 2025 tras protestar públicamente contra el Gobierno de Cuba luego de recibir una multa arbitraria de 36.000 pesos impuesta por inspectores estatales. Al considerar desproporcionada la sanción, se opuso a ella y manifestó en voz alta su rechazo al régimen. Como represalia, fue arrestado por la policía y trasladado a la unidad policial conocida como Parque 24, en Guantánamo, bajo acusaciones de “Desobediencia” y “Resistencia”, cargos recurrentemente utilizados por las autoridades cubanas para criminalizar actos amparados por la libertad de expresión, reunión o manifestación. Tras tres días de detención arbitraria y sin tutela judicial alguna, el 15 de agosto fue llevado a la prisión provincial de Guantánamo, donde aún permanece en prisión provisional sin tutela judicial alguna. Adrián es padre de dos hijos, a quienes sostiene, y padece una condición de salud mental por la que ha requerido tratamiento y hospitalizaciones previas, lo que convierte su encarcelamiento en una situación de especial riesgo.
El joven preso de conciencia Leonardo Maleta Veranes, procedente del reparto Altamira en Santiago de Cuba, fue detenido arbitrariamente en la noche del 25 de julio de 2025 tras escribir consignas en una escuela exigiendo la libertad de José Daniel Ferrer y denunciando a la dictadura. Sólo por esto fue tratado como a un criminal y llevado al centro de detención conocido como “Versalles”, un centro de torturas donde ha permanecido. La ya grave situación se agrava aún más debido a su condición de huérfano, sin familia cercana que pueda reclamar por él o monitorear su situación, dejándolo en un estado de vulnerabilidad absoluta.
El preso de concienciaPavel Torres Rodríguez, residente en el barrio Versalles de Matanzas, fue arrestado el 11 de octubre de 2024 por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria tras haber expresado públicamente críticas al régimen en su perfil de Facebook, donde cuestionaba la corrupción y respaldaba a los manifestantes del 11J. Desde ese día permanece recluido en prisión provisional sin tutela judicial, primero en las instalaciones del Técnico de la Seguridad del Estado en Matanzas y posteriormente en el penal Combinado del Sur, sin que hasta la fecha se le haya celebrado juicio alguno o haya siquiera visto a un/a juez. Las autoridades lo están acusando del delito de “Propaganda contra el orden constitucional”, previsto en el artículo 124.1 del Código Penal de 2022, una figura que conlleva entre 3 y 8 años de cárcel y que se usa únicamente como instrumento represivo contra la libertad de expresión. Su detención provisional sin tutela judicial alguna supera los diez meses ya. Durante este tiempo, su familia ha denunciado múltiples irregularidades adicionales, como: coacciones para que firmara documentos sin la presencia de un abogado, la desaparición de su expediente judicial, la negativa a devolverle su teléfono, y el uso irregular de su línea de ETECSA con llamadas salientes mientras la misma aparecía oficialmente ocupada. A estas vulneraciones de derechos y del debido proceso se suma la preocupación por su salud, ya que Pavel sufrió un infarto en el pasado y las condiciones insalubres del penal —incluyendo plagas de chinches— han deteriorado su estado físico y emocional al punto de que, en su desespero por tanta barbarie, está valorando iniciar una huelga de hambre y sed como forma de protesta.
Pedro Luis Fernández Peralta, activista, Coordinador Municipal del Foro Antitotalitario Unido (FANTU). Fue detenido el 12 de junio de 2024 en La Habana por, supuestamente, “organizar tríos que pintaban carteles antigubernamentales”. Está siendo acusado de haber incurrido en un supuesto delito de “Propaganda enemiga” y otro de “Sabotaje“. Fue trasladado al cuartel general de la Seguridad del Estado en Villa Marista, donde permaneció cuatro meses detenido hasta ser trasladado a la prisión en espera de juicio. En todo momento los hechos se han producido sin tutela judicial alguna. El 29 de octubre de 2024 el preso político fue amenazado por la Seguridad del Estado luego de negarse a trabajar como chivato para ellos. Fue interrogado por dos oficiales de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio del Interior, quienes le propusieron convertirse en un colaborador de la policía política, pero el prisionero político se negó tajantemente. Consecuentemente, ambos oficiales trataron de persuadirle prometiéndole que ellos “podían hacer posible el sobreseimiento de la causa judicial o imponerle una sentencia bien corta, si se decidía a trabajar con ellos como delator de la Seguridad del Estado”. Nuevamente, el preso político se negó a acceder a dichos chantajes, y antes de salir de la sala uno de los oficiales le dijo: “Te dimos la oportunidad de que fuera a las buenas. A partir de ahora, será a las malas”.
El 1 de agosto de 2025 el preso fue trasladado al Hospital Nacional de Reclusos (HNR) en La Habana, ya que ha adquirido tuberculosis. El mismo preso político explicó que desde el 4 de julio se encontraba ingresado en el puesto médico de su penal por tener marcados dolores torácicos, fiebres y tos con sangramiento, síntomas patológicos compatibles con la tuberculosis. Debido a su rechazo continuado a los alimentos, y tras tener los resultados clínicos de haber sido contagiado de tuberculosis, la Sección Médica de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior (DEP-MININT) determinó que fuese llevado al Hospital Nacional de Reclusos, que se encuentra dentro del Combinado del Este en La Habana. El pasado 28 de agosto el preso político se declaró en huelga de hambre y sed a modo de protesta para tratar de conseguir que le atienda un médico, debido a los dolores continuados que padece.
7 nuevos presos políticos en la prisión de máxima seguridad Las Mangas Nuevas de Bayamo, Granma
El 17 de marzo de 2024 y el 23 de mayo de 2025, decenas de ciudadanos llevaron a cabo manifestaciones pacíficas en Santiago de Cuba, Jiguaní y Bayamo, ciudades estas dos últimas de la provincia de Granma. Los manifestantes expresaron sus demandas mediante consignas como “Patria y Vida”, “Libertad”, “No a la violencia”, “Abajo Díaz-Canel”, “El pueblo, unido, jamás será vencido” y solicitaron servicios básicos: energía eléctrica y alimentos.
7 de esos manifestantes fueron detenidos y, sin tutela judicial, hoy siguen encarcelados en la prisiónLas Mangas Nuevas en Bayamo, Granma:
- El preso político Alexander Guzmán Silva, joven activista de 25 años, director de Impacto Juvenil Republicano y trabajador por cuenta propia en Bayamo, Granma, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en el marco de las protestas pacíficas ocurridas en ese municipio. Minutos después de iniciada la protesta reclamando acceso a alimentos, electricidad, otros servicios básicos y cambios políticos en el país, funcionarios del Gobierno municipal llegaron acompañados de agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y del delegado del MININT en Bayamo, quien se abalanzó sobre Alexander, lo sujetó por un brazo y dispuso su arresto inmediato. Fue esposado y trasladado al Centro de Instrucción Penal de Bayamo, donde permaneció 28 días detenido, sin tutela judicial alguna, sin juicio, pero acusado del supuesto delito de “Desórdenes Públicos”, para después ser trasladado a la prisión de máxima seguridad Las Mangas Nuevas por orden de la fiscalía, otra vez sin tutela ni orden judicial alguna.
El 24 de julio de 2025, Alexander fue víctima de una golpiza brutal dentro del penal a manos de varios agentes de la Seguridad. Según denunció el propio preso político, ese día se había autorizado una visita familiar para entregarle artículos de aseo pero, al llegar sus parientes, la oficial a cargo de la visita les ordenó retirarse, negándoles el encuentro. Ante el reclamo de Alexander, la teniente comenzó a insultarlo, profiriendo incluso expresiones homofóbicas, y poco después irrumpió en su celda acompañada de otros militares. Lo esposaron, lo golpearon contra la pared y le propinaron puñetazos en el rostro y el pecho. La teniente, con las manos cargadas de anillos, le dio múltiples golpes que le causaron cortes, hematomas y fuertes dolores en el torso. Tras la agresión, fue amenazado con “dejarlo pudrir en prisión” si denunciaba los abusos.
- El preso político y activista Pedro Luis Zamora Isaac, de 50 años, fue detenido en el contexto de las protestas pacíficas del 23 de mayo de 2025 en Bayamo, Granma, en las que los manifestantes exigían acceso a alimentos, electricidad y cambios políticos. Desde entonces enfrenta un proceso de acusación por los supuestos delitos de “Atentado” y “Desórdenes Públicos”, imputaciones recurrentes en Cuba contra quienes participan en manifestaciones pacíficas. En Cuba, como en este caso, los procesos de acusación se convierten en condenas de facto por simples autos de cualquier fiscal, sin que juez alguno conozca siquiera la causa o al acusado.
Actualmente se encuentra en prisión provisional sin tutela judicial en el penal Las Mangas Nuevas, en Bayamo, donde ha sido víctima de diversas agresiones. El 22 de agosto de 2025, un preso común designado por las autoridades del penal como “promotor de la disciplina” lo atacó violentamente, ocasionándole graves heridas en la cabeza que requirieron suturas de 5 y 7 puntos.
Además, otro preso político que comparte reclusión en el mismo penal denunció que, tras reclamar su derecho a tener privacidad en las llamadas telefónicas con sus familiares, Pedro Luis fue golpeado y arrojado al suelo por varios agentes de la seguridad penitenciaria. En ese momento, un preso común —familiar suyo— intentó defenderlo, lo que provocó que ambos fueran agredidos con un palo y trasladados de manera arbitraria a los destacamentos 5 y 6. Pedro Luis mantiene visibles hematomas producto de las golpizas recibidas.
- El preso político Michael Vázquez González se encuentra privado de libertad desde hace nueve meses solo por el deseo de un fiscal, mediante un auto sin tutela judicial, lo que ocurre en el 100% de los casos, porque la Ley en Cuba permite a los fiscales, sin tutela ni consulta judicial, dictar autos de reclusión de larga duración, hasta de años, que de facto son sentencias. Fue detenido en el municipio de Río Cauto, provincia Granma, acusado de haber colocado carteles con mensajes críticos hacia el Gobierno de Cuba. A pesar de tratarse de un acto de expresión pacífica, las autoridades lo mantienen en prisión provisional prolongada, en abierta violación de todo principio del debido proceso en la legislación internacional.
Actualmente permanece recluido en la prisión de Las Mangas Nuevas, en Bayamo, Granma, a la espera de que se celebre un juicio en el que la Fiscalía ya ha solicitado para él una sanción de cinco años de privación de libertad. Cabe destacar que Michael ya había cumplido anteriormente otra sanción, lo que refleja un patrón de persecución reiterada en su contra por ejercer su derecho a la libre expresión. Su caso ilustra la utilización del sistema penal cubano para silenciar el disenso, imponiendo largas detenciones preventivas, sanciones desproporcionadas y la criminalización de actos simbólicos de protesta.
- El preso políticoMario Manuel González Vázquez permanece detenido desde hace nueve meses sin petición fiscal firme ni sentencia en su contra. Fue arrestado en el municipio de Río Cauto, provincia de Granma, acusado de haber colocado carteles en contra del Gobierno de Cuba, un acto de expresión pacífica que ha sido criminalizado por las autoridades. Parece ser que la Fiscalía quiere solicitar para él una sanción de cuatro años de privación de libertad, mientras continúa recluido en la prisión de Las Mangas Nuevas, en Bayamo, a la espera de juicio. Su caso refleja la práctica sistemática de mantener a opositores en detención prolongada sin garantías procesales, es decir, bajo condenas de facto, como mecanismo de castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
- Los presos políticos Alejandro Vargas Ortiz, de 22 años; Ever Ernesto Pérez Ayala, de 21 años yJuan Carlos Martínez Martínez, de 51 años se encuentran recluidos sin tutela judicial tras haber sido detenidos en el marco de la represión ejercida por el régimen cubano contra manifestantes y opositores pacíficos en Granma.
2 nuevos presos políticos condenados a 10 años de prisión
Erisbel Álvarez Yanes y Yosbel Carbajal de la Paz, de 52 y 42 años respectivamente, son dos nuevos presos políticos condenados injustamente a 10 años de prisión tras un proceso judicial plagado de irregularidades, manipulación de pruebas y ausencia total de garantías, algo que ocurre en todos los casos.
El 27 de agosto de 2022, ambos ciudadanos cubanos fueron interceptados por tropas guardafronteras en Boca de Camarioca, Matanzas, cuando regresaban desde Estados Unidos en una embarcación, como ampara el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), pero no en Cuba. La Fiscalía los acusó de tráfico de personas, alegando que pretendían trasladar ilegalmente a varios ciudadanos cubanos —incluidos tres menores de edad— hacia territorio estadounidense, a cambio de supuestos pagos cercanos a 15.000 dólares por persona. Sin embargo, la “defensa” sostuvo que se trataba únicamente de otro delito, “Entrada ilegal al país”, delito palmariamente violatorio de la DUDH, y solicitó sanciones sin privación de libertad. En Cuba, recordemos, no existen los abogados defensores. Trabajan para el gobierno, bajo su mandato y gestión, y acusan a sus defendidos usualmente, actuando de “fiscales blandos”. El 6 de junio de 2023, el Tribunal Provincial Popular de Matanzas dictó la Sentencia No. 93/2023, imponiendo a ambos la pena de 10 años de prisión y sanciones accesorias como la privación de derechos políticos, la prohibición de salida del país y el comiso de bienes personales.
El proceso estuvo viciado desde el inicio. Primeramente una detención ilegal, la ausencia de tutela judicial en toda la fase inicial, la acusación de delitos que no lo son, como entrar o salir de un país cuando no hay causa pendiente penal ni se está en el servicio militar, los testigos clave nunca comparecieron en el juicio, la investigación fue dirigida directamente por la Seguridad del Estado, y el instructor militar se incorporó seis meses después de la detención, alargando los plazos procesales mientras los acusados languidecían detenidos sin tutela judicial ni motivo justificante. En el caso de Yosbel, la sentencia incluso utilizó su condición de “potencial migratorio” —un registro mantenido por las autoridades desde los años noventa por intentos previos de emigrar— como agravante penal, evidenciando la criminalización del derecho a la libre circulación que la DUDH consagra en su artículo 13. Ambos presos han denunciado públicamente que el proceso fue fabricado por la Seguridad del Estado con fines políticos. La acusación de “Tráfico de personas” fue utilizada como pretexto para castigar el retorno a su propio país.
Estos casos son una muestra más de cómo el sistema judicial cubano es utilizado como herramienta de represión y control social violento frente a la migración, imponiendo condenas violatorias de derechos fundamentales, desproporcionadas, y carentes de sustento penal, con el objetivo de disuadir la migración irregular y silenciar a quienes ejercen sus derechos fundamentales. El caso de Erisbel y Yosbel refleja una estrategia sistemática de criminalización de la migración por parte del régimen cubano. Estos procesos judiciales no buscan justicia, sino infundir miedo y castigar el ejercicio legítimo de derechos humanos básicos.
Los manifestantes de Encrucijada enfrentan condenas entre 5 y 9 años de prisión
La fiscalía provincial de Villa Clara ha solicitado condenas de hasta 9 años de prisión contra seis manifestantes pacíficos acusados de “Desórdenes públicos”, tras participar en una protesta por la falta de electricidad ocurrida en la población de Encrucijada, en Villa Clara, en noviembre de 2024.
Entre los procesados se encuentra el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea Chávez, de 53 años, para quien la fiscalía pide 6 años de cárcel, argumentando su “total desafecto al proceso revolucionario y su máximo dirigente” en redes sociales. Otros dos acusados, Yandri Torres Quintana, de 37 años, y Rafael Javier Camacho Herrera, de 27 años -enfermo con hepatitis dentro de la prisión, además de estar severamente deshidratado- enfrentan la solicitud de pena más alta, con 9 años de prisión cada uno. Por su parte, Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, de 47 años, podría recibir 5 años de cárcel, mientras que Marcos Daniel Díaz Rodríguez afronta una solicitud penal de 5 años de limitación de libertad. Finalmente, para Yuniesky Lorenzes Domínguez, de 47 años, la fiscalía solicita 4 años de condena.
Los hechos tuvieron lugar el 7 de noviembre de 2024, cuando los acusados, en la avenida José Martí, utilizaron objetos para hacer ruido y gritaron “¡Queremos corriente!”. Según el expediente, la protesta fue espontánea y surgió como respuesta a los prolongados apagones eléctricos. El documento también señala que no hubo resistencia al arresto ni interrupción del tráfico y que la mayoría de los implicados no tenía antecedentes penales.
A pesar de estas circunstancias, reconocidas por las autoridades, la fiscalía ha utilizado como agravantes sus publicaciones previas en redes sociales, es decir, su perfil ideológico, y el impacto mediático de su acción. En su acusación, el fiscal sostiene que los manifestantes se dirigieron a la sede del gobierno y del Partido Comunista, donde tocaron calderos y corearon consignas, razón por la cual les imputan el delito de “Desórdenes públicos” y piden penas severas. Además, se ha impuesto prisión provisional para Barrenechea Chávez, Torres Quintana, Lorenzes Domínguez, Camacho Herrera y Rodríguez Espinosa. El documento, fechado el 25 de julio de 2025, concluye con la petición de abrir juicio oral a los acusados.
Prisioneros políticos verificados en Cuba este pasado mes de agosto
Con cierre de datos a fecha 31 de agosto de 2025, la lista de prisioneros políticos en Cuba contiene un total de 1.185 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo sentencias judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las “Fiscalías” sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva, en flagrante violación de la ley internacional, lista que cada mes hacemos pública y distribuimos en todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. En los últimos 12 meses (1 de septiembre de 2024 a 31 de agosto de 2025) la lista de prisioneros políticos de Cuba sumó un total de 152 presos políticos nuevos (un promedio de 13 presos políticos nuevos cada mes). Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.244 prisioneros políticos, recordamos una vez más, todos ellos torturados.
Cuba ha totalizado 1.882 presos políticos presentes en sus cárceles desde el 1 de julio de 2021 hasta final del mes de agosto pasado, en apenas 4 años y dos meses, donde 1.735 han entrado en prisión desde entonces.
Han entrado este pasado mes de agosto en nuestra lista 13 nuevos prisioneros políticos. Y 4 prisioneros políticos han salido de nuestra lista este mes pasado: 3 por cumplimiento íntegro de sanción y la baja por el destierro de la presa política Aymara Nieto Muñoz; liberada bajo la condición de que abandonase la isla, viajó a República dominicana el pasado 11 de agosto junto a su esposo, el también activista Ismael Boris Reñí, y dos de sus hijas, ambas menores. Ha dejado en Cuba a una de sus hijas, mayor de edad, de la cual no la dejaron despedirse ya que los agentes de la Seguridad del Estado le negaron la última visita que tenía prevista el viernes 8 de agosto.
| De los 1.185 prisioneros políticos: 33 son los prisioneros políticos que fueron detenidos siendo menores, 31 chicos y 2 chicas. 30 de ellos aún cumplen sentencia y 3 están procesados penalmente con medidas cautelares sin tutela judicial alguna. En un informe destinado a las Naciones Unidas, el régimen de Cuba reconoció la veracidad de nuestras cifras. La cifra actual, sin embargo, no contempla decenas de menores que ya han salido de la lista de prisioneros políticos por haber cumplido íntegramente sus condenas. Los menores en Cuba son prisioneros en centros de carácter penitenciario, auténticas prisiones, que eufemísticamente se denominan “Escuelas de Formación Integral”, pero no dependen del Ministerio de Educación, sino del Ministerio de Interior. En estos auténticos centros penitenciarios con celdas, como ya denunció el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas el 9 de junio de 2022 en su Informe de Conclusiones, son confinados un mínimo de 150 niños por debajo de los 16 años cada año en Cuba. El mismo Comité destacó también como son, además, en torno a 260 los niños de 16 y 17 años cada año en Cuba los que sufren privación de libertad en prisiones convencionales. 410 menores, por tanto, sufren prisión al año en Cuba, según han podido confirmar las Naciones Unidas.15 de estos menores mencionados han sido ya condenados por Sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del #11J, los adultos en prisión política. En la actualidad la mayoría se encuentran en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento.De nuestra lista actual, 221 manifestantes han sido condenados por “Sedición”, con un promedio de 10 años de privación de libertad.122 mujeres que aún sufren autos y condenas políticas y de conciencia.Entre los prisioneros políticos entre rejas hemos censado 472 presos con patologías médicas graves, habiendo confirmado que la causa se debe a la falta de alimentación, los maltratos, el ambiente represivo y su agravamiento por dicha falta de atención médica. También hemos verificado 41 prisioneros políticos entre rejascon trastornos graves de la salud mental sin tratamiento médico o psiquiátrico adecuado. 702 Convictos de Conciencia, 447 condenados de conciencia y 36 otros Convictos de Conciencia y Condenados de Conciencia son aquellas víctimas cuya privación de libertad, los primeros, o limitación de libertad (los segundos), sea consecuencia de: La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales.La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de los principios de presunción de inocencia y/o debido proceso o como consecuencia de una investigación prospectiva.La violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del principio de neutralidad, imparcialidad y/o derecho a la defensa. En otro grupo más complejo de catalogar, Otros Presos Políticos, incluimos casos en privación completa de la libertad, pero no catalogables como Convictos de Conciencia por acciones penalmente reprochables, cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y/o ideológicos. Por ello, los 1.185 prisioneros políticos verificados por su ejercicio de la defensa de sus derechos fundamentales se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Otros Presos Políticos, que pueden ser examinados en nuestra lista de prisioneros políticos. La clasificación actual de éstos es la siguiente: 702 Convictos de Conciencia447 Condenados de Conciencia36 casos de Otros Presos Políticos |
