- Del casi medio centenar de municipios del país que han sido escenario de muertes violentas de periodistas y trabajadores en medios de comunicación, el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, se constituye en el sitio más peligroso para el ejercicio del periodismo, al registrar 23 muertes violentas.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) instó hoy, al Estado hondureño, a garantizar el ejercicio pleno de las libertades de expresión, opinión y de información, en un país donde los periodistas son objeto de amenazas, intimidación, desplazamiento forzado, querellas en los tribunales y, en el peor de los casos, de muertes violentas, en su mayoría, impunes.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Institución Nacional de los Derechos Humanos de Honduras hizo un recuento de los hechos que han caracterizado y que ponen en riesgo las libertades de expresión y de información en el país.
El CONADEH hizo referencia que, entre octubre del 2001 y abril del 2025, registró la muerte violenta de, al menos, 101 personas que laboraban en medios de comunicación.
Entre las víctimas figuran periodistas, fotógrafos, camarógrafos, editores, locutores, operadores de radio, conductores de programas humorísticos, de entretenimiento, directores de noticias, cronistas deportivos y propietarios, cuyos crímenes, en el 88% de los casos se mantienen impunes.
Otro de los hallazgos mencionados por el CONADEH es que, el Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, se constituye en el sitio más peligroso para el ejercicio del periodismo al registrar la muerte 23 personas vinculadas a los medios de comunicación, de los cuales, en 22 casos los familiares desconocen las causas de su muerte.
Casi medio centenar de municipios de 16 departamentos del país fueron escenario de la muerte 101 personas vinculadas a medios de comunicación que perdieron la vida violentamente desde el año 2001
Desplazamiento forzado agobia a los periodistas
El CONADEH también hizo referencia al desplazamiento forzado, un fenómeno que ha adquirido mucha relevancia en el país de manera progresiva a partir del 2013, año en el que el Estado hondureño reconoció, de manera oficial, la problemática y se estableció la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas Internamente por Violencia.
Problema del que, según el CONADEH, tampoco se escapan los periodistas y, en general, las personas que trabajan en medios de comunicación.
Este ente estatal atendió, a partir del 2016, más de un centenar de casos de periodistas y comunicadores sociales que denunciaron estar en riesgo y ser víctimas de desplazamiento forzado. Alrededor del 80% fueron objeto de amenazas, principalmente en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca y Cortés.
De acuerdo a la versión de los propios afectados, los responsables de poner en riesgo su vida e integridad física, en el 40% de los casos, son personas desconocidas.
Con el total de hechos mencionados, el CONADEH considera que esas acciones no solo ponen en riesgo las libertades de expresión y de información si no que se constituyen en un atentado contra el derecho a la vida, el derecho al trabajo, a la libre emisión del pensamiento y a informar libremente.
Agregó que, mientras se mantengan los altos niveles de impunidad y no se fortalezcan los mecanismos de prevención y protección, el trabajo que realizan periodistas y comunicadores sociales continuará siendo una labor de alto riesgo en el país.
Las libertades de expresión, opinión y el derecho de acceso a la información están garantizados, tanto en la Constitución de la República como en los instrumentos internacionales ratificados por Honduras por lo que, es deber del Estado garantizar plenamente el ejercicio de esos derechos.
