Escrito por Eugenio Sosa, analista político senior del CESPAD
En casi cinco años y medio de gobierno que lleva Juan Orlando Hernández (enero 2014-junio 2019), ha enfrentado cuatro olas de protesta. La primera ola de las movilizaciones de las antorchas, de mayo a octubre de 2015, protagonizada por la ciudadanía indignada en contra de la corrupción que se evidenció tras el “destape” del millonario desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Esta ola de protestas se caracterizó por ser altamente rutinaria, las movilizaciones se realizaban todos los viernes o sábados en Tegucigalpa y las ciudades más importantes del país. No contó con un referente organizativo articulador, pero logró ampliarse a nivel nacional a través de la ciudadanía hecha sujeto, que logró converger en una especie de multitud autoconvocada.
La segunda ola de protestas estuvo marcada por los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el segundo semestre del 2017, por la exigencia de la destitución de la rectora Julieta Castellanos y por asegurar la representación estudiantil en el gobierno universitario. Esta oleada estuvo marcada por la intensa movilización estudiantil universitaria tanto dentro como fuera de la UNAH, como también por una extendida criminalización contra su liderazgo. Estas luchas fueron una continuación de luchas anteriores por la derogación de la normativa académica y otras reivindicaciones.
La tercera ola fue la lucha contra el golpe electoral, de noviembre de 2017 a enero de 2018. Se trató de movilizaciones populares con características insurreccionales en rechazo al descarado fraude electoral a través del cual se consumó la reelección ilegal e ilegítima de Juan Orlado Hernández (JOH). El pueblo hondureño soportó una de las represiones más fuertes en los últimos años, que dejó un saldo de más de veinte personas que perdieron la vida por las balas de militares y policías. Así las cosas, Juan Orlando Hernández asumió un segundo periodo de gobierno con una legitimidad profundamente erosionada, a tal grado que ha logrado generar los niveles más altos de odio ciudadano a su gobierno, como no se había visto, por lo menos en los últimos 40 años.
La cuarta ola, son las movilizaciones y paros de estas últimas semanas contra la privatización en los sectores de la salud y la educación, que ya se han prolongado por más de un mes. A continuación, se presentan algunas claves para entender la actual ola de protestas.
A continuación, las siete claves para interpretar la actual ola de protesta social.
Primera, el contexto de ilegitimidad política del gobierno.
Juan Orlando Hernández (JOH) asumió el segundo periodo de gobierno en el marco de una situación compleja de ilegitimidad, producto de su candidatura a una reelección ilegal y de la imposición la misma a través de un golpe político electoral. A casi año y medio de su segundo periodo de gobierno, Juan Orlando Hernández ha profundizado su crisis de legitimidad. A la ilegitimidad de origen se le ha sumado la ilegitimidad de desempeño, producto de los escándalos de corrupción y vínculos con el crimen organizado en que se han visto implicados funcionarios y ex funcionarios del oficialista Partido Nacional e incluso de sus familiares más cercanos, como es el caso de su hermano, Juan Antonio Hernández. A lo anterior se suma, las políticas económicas y sociales neoliberales, la entrega de los territorios y la profundización de la desigualdad, la pobreza y la exclusión que condena a miles de hondureños a la migración como una de las salidas al deterioro de sus condiciones de vida. En este contexto, se ha acumulado un gran malestar y rechazo ciudadano a Juan Orlando Hernández, que se materializa en el grito “fuera JOH”. En este contexto de ilegitimidad de JOH, “basta una pequeña chispa, para que la pradera se prenda”.
Segunda, el deterioro de los derechos a la salud y la educación, y la pérdida de conquistas laborales.
Abundan los testimonios de personas que acuden a los hospitales y centros de salud que reflejan el profundo deterioro del sistema de salud, la corrupción y la precarización generalizada, que va desde la ausencia de medicinas hasta la falta de cupos e insumos para las cirugías y otras atenciones. A lo anterior se suma el proceso de concesionamientos de los hospitales a fundaciones privadas, bajo los cuales el Estado entrega el derecho a la salud y amenaza con la pérdida de las conquistas laborales del gremio médico y de los trabajadores de la salud en general. En el caso de educación, se están produciendo retrocesos en indicadores como repitencia y deserción. A lo que hay que agregar que no se han logrado enfrentar los desafíos de la cobertura en los niveles de pre-escolar y media. Por otro lado, los maestros tienen diez años de estar enfrentando el deterioro de sus conquistas laborales. Los maestros no han tenido aumentos salariales sustantivos, se les incrementó la edad de jubilación, se les impuso la jornada continua y se han sustituido los concursos y plazas por contratos interinos, entre otros.
Tercera, las comisiones de reorganización en un contexto de decretos de emergencia.
En un contexto de crisis de los sectores de salud y educación, y de reducciones y estancamientos presupuestarios, el gobierno ha creado una especie de Estado de excepción al emitir decretos de emergencia y crear comisiones de reorganización. Las competencias entregadas a estas comisiones, como la de reorganizar los sistemas de salud y educación para ejecutar los planes sectoriales, hace que los médicos, trabajadores de la salud y docentes se sientan amenazados ante posibles despidos o medidas similares. Estos decretos de emergencia y comisiones no son más que la expresión del desmontaje del Estado social y de la crisis de toda la institucionalidad estatal.
Cuarta, la reactivación de la movilización y la capacidad de respuesta de los gremios de la salud y la educación. Los médicos, trabajadores de la salud y los maestros del sector educación, han acumulado un malestar grande ante las políticas mencionadas en los puntos anteriores. Sin embargo, por casi diez años, no habían tenido capacidad de movilizarse y defender sus conquistas. Ahora, el gobierno trató de ir por más simultáneamente en los sectores de salud y educación con los decretos legislativos de restructuración y transformación, pero en esta ocasión, estos gremios de manera conjunta tuvieron capacidad de respuesta y han logrado concitar un amplio apoyo ciudadano a sus demandas. Por ello, además de parar los decretos de reorganización y transformación, ampliaron sus demandas exigiendo la derogación de todos los decretos ejecutivos (PCM[1]).
Quinta, la importancia del liderazgo.
Uno de los aspectos que han contribuido a que la ola de protestas contra la privatización de la salud y la educación escale, es el liderazgo firme, comprometido y genuino en el gremio médico y en especial de Suyapa Figueroa. El liderazgo de Suyapa Figueroa y su equipo ha sido clave para tres aspectos: A) Mantener unido al gremio médico y lograr que los otros trabajadores de salud se hayan ido sumando poco a poco. B) Cerrar el espacio de maniobra al gobierno y a parte de la dirigencia magisterial que en los últimos años se ha mostrado timorata, cuestionada y proclive a llegar a componendas con los gobiernos. C). El liderazgo de Suyapa Figueroa dio una contribución significativa para que las bases magisteriales en asambleas departamentales exigieran a sus dirigencias, ponerse a la altura de las circunstancias, retirarse de las conversaciones con el Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, y a incorporarse plenamente a la Plataforma de Lucha Contra la Privatización de la Salud y la Educación.
Sexta, las estrategias del gobierno de JOH han fracasado.
El gobierno ha impulsado varias estrategias para destruir el movimiento, entre las que se pueden identificar: A) Dividir la Plataforma de Lucha Contra de la Privatización de la Salud y la Educación, estableciendo diálogos con una parte de la dirigencia magisterial. B) Sacar públicamente casos de corrupción atribuidos a algunos dirigentes magisteriales, con el objetivo de desprestigiar a toda la dirigencia magisterial y quebrar la unidad de la Plataforma de Lucha Contra la Privatización de Salud y la Educación. C) Emitir un decreto espurio con lo que se pretende convencer a la ciudadanía de que los decretos ejecutivos (PCM) no tienen intenciones de despidos masivos ni de privatización. D) La campaña mediática de que los PCM son inofensivos. E) El gobierno en un primer momento de manera soberbia, planteó que no iba a retroceder “ni un milímetro”, pero luego ha estado llamando de manera reiterada al diálogo, pero la Plataforma de Lucha Contra la Privatización de la Salud y la Educación ha mantenido su postura ir al diálogo, sólo hasta que se deroguen los decretos ejecutivos (PCM). Todas estas estrategias del gobierno de JOH han fracasado.
Séptima, ¿hasta dónde puede llegar el conflicto?
Estamos ante una nueva ola de protestas que recorre todo el territorio nacional. Es un movimiento que tiene como demandas centrales aspectos reivindicativos y gremiales, pero que en el actual contexto hondureño ha adquirido una fuerte dimensión política. En los repertorios de acción se combinan movilizaciones pacíficas, con acciones disruptivas como las tomas de calles y carreteras, que producto de la intervención represiva de militares y policías derivan en enfrentamientos violentos entre las fuerzas del orden y los protestantes. Hacia dónde irá el movimiento, depende de las respuestas que en los hechos tengan estas interrogantes: ¿ante las llamadas reiteradas al diálogo, se mantendrá unida la Plataforma de Lucha Contra la Privatización de la Salud y la Educación o corre el riesgo de dividirse y fragmentarse?, ¿hasta qué punto las bases mantendrán el espíritu de lucha ante posibles audiencias de descargo y despidos?, ¿qué posibilidades hay de que en la Plataforma de Lucha se articulen otros actores y otras demandas como la lucha contra la corrupción, los problemas de la energía eléctrica y la lucha contra las concesiones de los territorios?, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno de JOH mantener la postura de no derogación de los PCM?, ¿hasta dónde está dispuesto el gobierno de JOH a escalar la represión para contener el movimiento y hasta dónde los militares y policías estarían dispuestos a hacerlo?, ¿presionarán los empresarios y otros grupos de poder al gobierno de JOH para que atienda las demandas del sector salud y educación o lo apoyarían en una escala más represiva contra los protestantes?
