Escrito por Asís Castellanos, analista del CESPAD

10 de abril del 2020

A pesar de las acertadas preocupaciones en materia de salud pública y de orden económico que actualmente surgen desde sociedad civil y gobierno debido a la emergencia del COVID-19, es necesario ampliar las preocupaciones y propuestas conectando el potencial impacto político que anuncia esta coyuntura crítica.

Desde la crisis postelectoral del 2017, el Estado ha invertido significativos recursos públicos en reformas políticas electorales y constitucionales como esfuerzo para restablecer la institucionalidad electoral hondureña colapsada. La constitución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), son ejemplos de dicho esfuerzo.

Las reformas político electorales también han estado marcadas por consensos y obstáculos y un costo presupuestario. En este momento de crisis, las élites políticas están obligadas a disponer de lo hecho e invertido en torno a lo político electoral para así asegurar a la sociedad hondureña un auténtico proceso político transparente y legítimo.

  1. ¿Cuál es el futuro de las elecciones primarias?

Aunque están previstas para realizarse en marzo del 2021, las elecciones primarias en Honduras ya comienzan a ser un tema de discusión en la opinión pública donde predomina el Coronavirus.

En medio de la crisis, el futuro de la política electoral y el financiamiento político no deja de ser objeto de preocupación. El Covid-19 representa un escenario que no deja de ser una oportunidad para el reacomodo de las fuerzas políticas del Estado, el manejo de sus instituciones y sobre todo de los recursos públicos.

Para marzo de 2021 se proyectaba la realización de las elecciones primarias. Sin embargo, esa proyección se desdibuja con la crisis sanitaria porque, además del factor tiempo y la potencial catástrofe humana, es poco probable que los partidos políticos tengan fácil acceso al financiamiento para sostener sus campañas electorales. En febrero del 2020, el CNE, estimaba, en una propuesta, que aproximadamente 1,000 millones de lempiras sería el costo de las elecciones primarias. Hasta el momento el gobierno no se ha manifestado en relación con el tema.

No obstante, lo anterior, el escenario es distinto para el partido de gobierno. Muchos sectores se han pronunciado porque en medio de la aprobación de fondos para atender la emergencia, se tejen dudas sobre la transparencia en el manejo de ese dinero y en el hecho de que podrían desviarse para el financiamiento ilícito de una campaña política atípica.

  1. Escenarios políticos a partir de la coyuntura crítica

Hay, quizás, dos escenarios que surgen ante la disyuntiva que se avizora a partir del futuro de las elecciones primarias.

(i) Un escenario es la «Opción B», practicado en las elecciones de 1985, que consiste en realizar las elecciones primarias y generales simultáneamente. El riesgo de esta opción es que podría representar un caos logístico y administrativo, aunque es quizás la única salida para garantizar que no se postergue las elecciones generales 2021. Se estima que en la próxima contienda electoral general participarán más de 15 partidos políticos.

(ii) Otro escenario, consiste en la postergación de las elecciones primarias para posteriormente realizarse las elecciones generales en 2022. Aunque este es un escenario extremo, debe considerarse diversas contingencias desde, por ejemplo, un retraso, debido a la actual emergencia, en la depuración y actualización del censo electoral a cargo del Registro Nacional de las Personas (RNP); hasta, a falta de un control efectivo del contagio del coronavirus, un rebrote de la pandemia.

Dos de los tres partidos políticos más fuertes, Libertad y Refundación (LIBRE) y el Partidos Liberal (PL) plantean que el que no haya elecciones primarias no es un problema de fondo. Más allá de las aspiraciones de sus candidatos y corrientes internas, las negociaciones intra-partido para elegir candidato único por consenso, cobran fuerza por su viabilidad. No obstante, dentro del Partido Nacional (PN), al menos que haya un acuerdo político, es válido preguntarnos, ¿en qué consistiría un arreglo viable?, ¿podría la cúpula del PN consensuar un candidato único? Sin Hernández Alvarado, el resto de aspirantes: Mauricio Oliva, Nasry Asfura, Ricardo Álvarez y Reinaldo Sánchez, tendrán justificaciones y las condiciones económicas para lanzar campañas desde sus corrientes.

Los dos escenarios señalados, no son los únicos probables. Lo cierto es que Honduras ya atravesaba una crisis de democracia que se deterioró aún más con las elecciones generales del 2017. Además de los desafíos que plantea la crisis para el proceso electoral, las crisis también pueden presentar oportunidades para la recomposición de la oposición política ante las amenazas latentes de continuismo, así como para la rearticulación de los movimientos sociales.

Adicionalmente, es importante señalar y hacer énfasis que este contexto del coronavirus, donde se han destinado miles de millones de lempiras para enfrentar la pandemia, en un ambiente marcado por la opacidad en el uso de estos recursos, es totalmente propicio para el proselitismo político, mediado por el clientelismo, desde la Presidencia de la República. En tal sentido, no es posible olvidar el caso del saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde parte de los fondos malversados fueron destinados a financiar la campaña electoral del Partido Nacional en el 2013. Por eso, sostenemos que el contexto actual es propicio, incluso, para el desvío ilícito de fondos para beneficiar a los/as candidatos del partido de gobierno.

Para finalizar, de no iniciarse la discusión responsable para establecer los mecanismos claros que garanticen el proceso electoral de 2021, hay condiciones para que estalle una crisis política, situación en la que es relevante preguntarse, ¿qué pasaría si una crisis política coincide con los esfuerzos de rehabilitación-reconstrucción económica a los que obligara los efectos dejados por la pandemia?

Descargar: Análisis12 – CESPAD

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