La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), ante el proceso no transparente y opaco en torno al nombramiento de la persona titular de la Dirección General del Sistema de Protección (Mecanismo de Protección), exponemos las siguientes valoraciones:
1.- Ante los cuestionamientos públicos realizados por nuestras organizaciones y la presión ejercida para que los principios de objetividad e idoneidad prevalezcan en el proceso de nombramiento de quien dirija la Dirección General del Sistema de Protección —regida por la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia—, la Ministra de Derechos Humanos, Leda Lizethe García Pagán, declaró ante medios de comunicación que existe un proceso de concurso para la elección de la persona titular del Mecanismo de Protección. Asimismo, indicó que se han recibido cuatro perfiles que serán revisados y que los más idóneos serán sometidos al Consejo Nacional de Protección.
2.- La primera contradicción en dichas declaraciones radica en que, según verificación realizada por nuestras organizaciones, no se han hecho públicas las bases del concurso ni los mecanismos de acceso al mismo. De acuerdo con el artículo 13, numeral 1 del Reglamento de la Ley que rige este ente, el Consejo Nacional de Protección debe velar porque la persona que desempeñe el cargo, además de contar con las cualificaciones, experiencia y conocimientos específicos, no tenga denuncias por agresiones o violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, surge una interrogante fundamental: ¿cómo se verificará este requisito si el proceso no es público ni permite mecanismos de denuncia ciudadana, como ocurre en otros procesos de selección?
3.- Nos resistimos a creer que este proceso constituya únicamente una maniobra orientada a imponer a una persona cuestionada y posteriormente legitimar su nombramiento mediante un procedimiento simulado.
4.- En las mismas declaraciones, la Ministra también se refirió a la revisión del presupuesto y al funcionamiento actual del Mecanismo de Protección, señalando que se evalúa la redistribución de los 20 millones asignados y que la OACNUDH avanza en un diagnóstico operativo, el cual se considera una condición previa para proceder al nombramiento de la persona titular de esta Dirección.
5.- Este planteamiento genera serias preocupaciones. La ligereza con la que se aborda este tema podría evidenciar un desinterés en transparentar los procesos y garantizar la rendición de cuentas. Más aún, se advierte la posibilidad de un “borrón
y cuenta nueva”, dado que no se ha realizado una auditoría de los últimos cuatro años, no existe un informe público sobre el uso de los recursos, ni claridad sobre la eventual deducción de responsabilidades frente a los abusos denunciados.
6.- De igual forma, la concentración del proceso de diagnóstico en la OACNUDH resta transparencia y genera dudas razonables sobre la independencia de sus resultados. Esta Oficina mantuvo cercanía con la administración anterior, tuvo conocimiento de las falencias y excesos en el Mecanismo y, en la práctica, fungió como aval de su funcionamiento. Por tanto, depositar plena confianza en dicho diagnóstico no constituye una garantía de transparencia ni de transformación real. Por el contrario, profundiza la opacidad y agrava la situación, especialmente para las personas beneficiarias del Mecanismo de Protección, cuya seguridad e integridad dependen directamente de su funcionamiento efectivo. Las bases de este diagnóstico tal como sucedió en el primer diagnóstico debe ser discutido con organizaciones comprometidas con la protección de las víctimas.
Frente a este escenario, ASOPODEHU y JOPRODEH exigimos la apertura inmediata, pública y verificable del proceso de selección, la publicación de sus bases, criterios y mecanismos de participación ciudadana, así como la realización de una auditoría integral e independiente sobre la gestión del Mecanismo de Protección. Igualmente sobre el supuesto diagnóstico que se está realizando sobre el Sistema Nacional de Protección.
Advertimos que cualquier intento de imposición, simulación o blanqueo de decisiones previamente definidas constituirá una grave vulneración a los principios democráticos y a la protección efectiva de los derechos humanos, generando responsabilidad política e institucional.
La vida y seguridad de quienes dependen de este mecanismo no pueden estar sujetas a decisiones opacas ni a intereses particulares. La transparencia no es opcional: es una obligación ineludible del Estado.
