*Familia y defensoras de derechos humanos afirman que cambio de tipificación de delito de feminicidio agravado a homicidio impudente se realizó con el propósito de reducir la pena del único juzgado por el asesinato de la enfermera Keyla Martínez, un oficial de la Policía.
**Familia relató a Expediente Público como por exigir justicia por su hija Keyla han sido víctimas de persecución y amenazas por parte miembros de la Policía de Honduras
***296 femicidios se registran en Honduras en lo que va del año 2023, Amnistía Internacional manifestó su preocupación por estas altas cifras.
Sharon Ardon / Expediente Público
El caso del asesinato de la enfermera Keyla Patricia Martínez Rodríguez es emblemático en Honduras debido a una serie de irregularidades y contradicciones que han envuelto su muerte en lo interno de una celda policial de Honduras.
Desde su detención por supuestamente haber violentado un toque de queda el 7 de febrero de 2021, pasando por las sospechas de ocultamiento de evidencia en el proceso legal, hasta la celeridad de los jueces en reducir la pena acusado, el oficial Jarol Barahona son ejemplos de problemas en el sistema judicial que, según organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres “conspira para proteger feminicidas”.
Norma Rodríguez -la madre de Keyla- viajó desde su país de residencia, España para presenciar la lectura de sentencia contra el imputado este miércoles 11 de octubre de 2023.
Rodríguez brindó a Expediente Público una entrevista en la que expresó que estar en el juzgado es corroborar la “clase de justicia que tenemos” en Honduras.
Rodríguez relató que la familia ha enfrentado una serie de amenazas y persecución, incluyendo intimidaciones por parte de miembros de la Policía Nacional, que no identificó, desde que comenzaron a exigir justicia tras el asesinato de Keyla.
Radiografía del caso Keyla Martínez
La noche del 6 de febrero de 2021, Keyla, una joven estudiante de enfermería de 26 años fue detenida junto al médico Edgar José Velásquez Orellana.
La Policía argumentó que la detención se debía a que violentaron el toque de queda instaurado debido a la pandemia del COVID-19 durante el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Sin embargo, se denunció como una detención ilegal porque la joven enfermera no conducía el vehículo y el toque de queda no justificaba su aprehensión.
Agentes de la Policía Nacional la llevaron a una celda de la unidad número 10 en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá a193 kilómetros al occidente de Tegucigalpa, Honduras.
A eso de las 2:30 am del 7 de febrero, Keyla fue encontrada muerta en su celda, y la versión oficial inicial afirmaba que se había suicidado usando su suéter.
Sin embargo, las evidencias médicas indicaban una historia diferente: había muerto por asfixia mecánica, con obstrucción de la nariz, la boca y la garganta, es decir, homicidio.
Cambio del delito para reducir la pena
Después de varias investigaciones, se acusó al oficial Harold Rolando Perdomo Sarmiento como único responsable en relación con el caso de feminicidio de Martínez.
Amnistía internacional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) solicitaron ampliar la investigación del caso y responsabilizar a otros policías que estuvieron de turno esa noche, incluido el subcomisionado Melvin Alexander Alvarenga, no hubo más enjuiciados.
Inicialmente, la Fiscalía presentó el caso como un feminicidio agravado debido a la fuerza ejercida por el oficial sobre Keyla mientras estaba sola en una celda.
Sin embargo, el proceso legal se complicó cuando el caso fue trasladado a los juzgados de Comayagua, donde los jueces decidieron tipificarlo como un homicidio simple en lugar de feminicidio agravado.
La familia de Keyla y organizaciones como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) recurrieron a la sala de lo constitucional para revertir esta tipificación.
La Sala constitucional lo rechazó y otorgó a los jueces del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque la libertad de decidir cómo tipificar el caso, lo que resultó el14 de septiembre de 2023 en el cambio reduciendo así el delito a homicidio imprudente.
¿Se protege al policía responsable?
Para Jimena García, representante de la organización Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia, al cambiar la figura del delito “es una manera muy cínica de que el Estado se lave las manos en su responsabilidad como garante de los derechos humanos”.
Agregó a Expediente Público que “obviamente el cambio de tipificación de delito tiene su razón de ser” y es que, un feminicidio agravado está tipificado en el Código Penal de Honduras con una pena de 25 a 30 años, mientras que un homicidio imprudente tiene una pena de 3 a 7 años o de 1 a 3 en caso de que se considere que fue leve.
Esta disminución del cargo supone preocupación para las organizaciones que han acompañado a la familia de Keyla Martínez por la posibilidad de que, el ahora exoficial Harold Rolando Perdomo Sarmiento reciba una pena más leve. Está la posibilidad de conmutar la pena debido al tiempo que ya ha pasado en prisión preventiva.
Familia de Keyla Martínez bajo amenazas
La madre de Keyla Martínez también evidenció a Expediente Público la serie de amenazas y persecuciones que su familia han enfrentado desde el inicio de su búsqueda de justicia por el crimen contra su hija.
Rodríguez, señaló que estas amenazas provienen tanto de personal policial como de civiles vinculados a la policía hondureña.
La familia asegura que ha sufrido acoso por policías que estacionan los vehículos frente a sus casas sin explicación, pero generando un ambiente de temor constante.
A pesar de los desafíos, Rodríguez dejó entrever su determinación para luchar por la justicia y visibilizar el caso no solo por Keyla, sino por todas las mujeres que han sido víctimas de violencia de género en Honduras.
¿Qué mensaje transmiten los jueces de Honduras?
Adeline Neua, investigadora de Amnistía Internacional y abogada de derechos humanos en entrevista con Expediente Público cuestionó la práctica de cambiar la tipificación de delitos a uno de menor gravedad en el caso del asesinato de Keyla Martínez.
De esta forma se resta importancia a los hechos y envía un mensaje equivocado de parte de los jueces de Honduras sobre la gravedad de los abusos bajo custodia policial.
“Es quitarle la oportunidad de tener justicia y reparación adecuada a las personas y sus familias, y lamentablemente manda un mensaje a todo el cuerpo policial o de seguridad de que al final no es tan grave atentar contra la vida o la integridad de una persona en custodia y eso simplemente bajo el derecho internacional de los derechos humanos no funciona así”, puntualizó.
Neau hizo un llamado a las autoridades hondureñas “a tomar con seriedad este caso que se ha vuelto emblemático de la violencia policial, pero también de la violencia contra las mujeres y que incorporen todos los estándares internacionales en materia de derechos humanos para hacer justicia”.
A su vez, advirtió que encubrir a un violador de derechos humanos podría despertar la responsabilidad internacional del Estado” de Honduras “ante instancias como las Naciones Unidas o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Ola de feminicidios en Honduras
La ola de feminicidios en Honduras es una latente preocupación tanto a nivel nacional como internacional. El Observatorio del Centro de Derechos de las Mujeres ha registrado hasta la fecha del 2023, 296 muertes violentas de mujeres.
La investigadora de Amnistía Internacional expresó que los altos niveles de violencia contra las mujeres en América Latina, incluyendo Honduras suponen uno de los mayores desafíos.
El caso de Keyla Martínez ejemplifica la lucha constante por justicia en un país donde la impunidad prevalece en gran medida.
Ya que, según un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Honduras, el 90% de los casos de femicidio quedan en la total impunidad.
Decepción del Gobierno actual
La representante de Articulación ciudadana expresa decepción porque a pesar de tener mujeres en puestos importantes como la presidencia del Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, no hay cambios en garantizar justicia a las mujeres.
“Nos duele mucho teniendo a una mujer presidenta en el Ejecutivo. Vemos que esa frase que utilizó la señora (Xiomara) Castro en su toma de posesión de –Mujeres, no las voy a dejar solas- fueron palabras que se la llevó el viento. No solo es que nos ha dejado solas, es que no han estado con nosotras”, refirió a Expediente Público.
García, lamenta la falta de una agenda efectiva que “realmente favorezca a las mujeres” donde se fortalezca “la persecución de los delitos relacionados con la violencia de género en Honduras”.
En el caso concreto de Keyla Martínez, su madre Norma Rodríguez comenta que igual cuando Castro asumió el cargo, tuvo la oportunidad de obtener justicia.
Ahora tiene “decepción” porque no se han cumplido las promesas de abordar la situación de impunidad en los femicidios en Honduras.
Esperanza en la justicia internacional
El Ministerio Público emitió un comunicado anunciando que impondrá ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de casación debido a la reducción de delito que, “favorece aún más al policía imputado” en el asesinato de Keyla Martínez.
Los recursos de casación generalmente pretenden demostrar que el tribunal inferior cometió errores significativos en la interpretación o aplicación de la ley y que estos afectaron el resultado del caso.
Pero la madre de Keyla “tiene la esperanza más puesta en la justicia internacional”, porque ha recibido apoyo por las organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Nuestra esperanza es que ellos (instancias internacionales) nos van a ayudar a que se imponga la justicia en el feminicidio de Keyla”, finalizó.
