Tegucigalpa, 21 de febrero, 2022.- Un compromiso para apoyar las acciones que efectúen las comisiones especiales del Congreso Nacional que dictaminarán sobre la derogación de los decretos que impiden investigar, judicializar y castigar a los corruptos, fue asumido por la Coalición Anticorrupción (CAC).

Para emitir un dictamen técnico que incluya los diversos aspectos que permitan sustentar la derogación del andamiaje legal construido por las redes de corrupción para malversar los fondos públicos y evadir la justicia, esta comisión legislativa llamó a las diferentes organizaciones de sociedad civil comprometidas con la lucha anticorrupción, para conocer sus argumentos.

En la reunión convocada por la y los diputados Fatima Mena, Jari Dixon y Ramón Enrique Barrios, también participó la Coalición contra la Impunidad y el titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien explicó cómo estos y otros decretos, bloquean la lucha anticorrupción; asimismo, reconoció que se percibe voluntad para derogar estas leyes que facilitan la corrupción y aseguran la impunidad.

Inicialmente, se busca derogar la Ley de Secretos, la Ley de Gestión de Fondos Públicos (116-2019), el decreto 57-2020 y el decreto 93-2021 que incluye una serie de reformas lesivas al Código Penal.

Ademas de aprobar las intenciones de comenzar a desmontar las redes de corrupción, Gustavo Irias, coordinador de la Coalición Anticorrupción, expresó que la CAC celebra que en esta legislatura, como respuesta a las demandas de la ciudadanía de avanzar hacia una Honduras transparente, además de las comisiones legislativas tradicionales, el nuevo Congreso Nacional (CN) aprobara la creación de la Comisión Anticorrupción y que el Poder Ejecutivo nombraba al doctor Edmundo Orellana como ministro asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.

La comisión busca liderar todas las iniciativas anticorrupción del CN que serán asignadas por el diputado presidente Luis Redondo, por lo cual, es importante hacer una construcción colectiva de la agenda para fortalecer las acciones de este mandato, expresó la diputada y experimentada activista anticorrupción, Fátima Mena.

Esta nueva Comisión ordinaria, está integrada por las y los diputados Jari Dixon, Yaveh Sabillón Ramón Enrique Barrios de Libre, Fátima Mena e Iroshka Elvir del Partido Salvador de Honduras, (PSH), Karla Euceda del Partido Liberal, y Tania Gabriela Pinto, nacionalista, quienes han liderado, desde hace muchos años, iniciativas anticorrupción o han manifestado en este Congreso, compromiso con la transparencia.

Decretos iniciales a derogar que blindan a los corruptos

Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como “Ley de Secretos”, aprobada el 24 de enero de 2014 durante la hemorragia legislativa, que tipifica como reservada confidencial, secreta y ultrasecreta la información de 16 instituciones del Estado y la blinda entre cinco, 10, 15 y 25 años, lo que impide el acceso a datos importante para desenredar y seguir la pista a casos de corrupción. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (HSS) y la Tasa de Seguridad están entre ellas. En su oportunidad, la MACCIH señaló que en lo único que puede haber excepción es en los casos de planes bélicos militares de defensa, inteligencia y contrainteligencia o policiales de inteligencia, terrorismo entre otros aspectos de seguridad.

Ley de Gestión de Fondos Públicos (116-2019), conocida como Fondo Departamental, otorga al Tribunal Superior de Cuentas tres años para investigar denuncias sobre irregularidades en estos fondos, tiempo durante el cual no se puede investigar ni acusar a los funcionarios señalados por actos de corrupción, y si se encuentran culpables, tienen cuatro años para reintegrar el dinero malversado.

Decreto 57-2020 interpreta el Código Procesal Penal y la Ley Especial contra el Lavado de Activos con lo cual, impide al MP el decomiso y secuestro de documentos sin orden judicial y reduce a cinco años el acceso a información financiera de los investigados.

Decreto 93-2021 reforma el artículo 439 del Código penal, y el 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial Contra el Delitos de lavado de Activos, que distorsiona el delito de enriquecimiento ilícito y solo se puede acusar por este delito a un funcionarios, si se acredita que el dinero proviene por la malversación de fondos públicos y cohecho; asimismo, limita al Ministerio Público a solicitar información bancaria de un investigado, solo con autorización de los juzgados y obliga al MP a informar a los funcionarios que están siendo investigadas.

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