Tegucigalpa, 13 de diciembre de 2019 La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 31 ONG internacionales con presencia y trabajo en Honduras1 , nos pronunciamos con relación a la reciente creación del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PDAH) por el decreto ejecutivo PCM-052-2019 que dota de 4,000 millones de lempiras a las Fuerzas Armadas.
El sector agropecuario sigue siendo una de las principales fuentes de empleo en Honduras. Según la CEPAL, en el 2016 un 53% de la población ocupada en el área rural trabajaba en este sector. Considerando los altos índices de pobreza en el área rural, invertir en el sector agropecuario es de vital importancia para generar desarrollo y bienestar para los más de 4 millones de hondureñas y hondureños que viven en el campo. Sin embargo, a lo largo de las últimas tres décadas, sucesivos gobiernos no han priorizado la inversión en el sector agropecuario. Según la CEPAL, el gasto del gobierno central en el sector agropecuario ha caído desde un promedio anual de 17% del gasto total en el período 1980-89 a 1% en la década actual.
Al mismo tiempo, el crédito para el sector agropecuario ha caído desde un promedio anual de 27% del crédito total en el período 1980-89 a 6% en la década actual. Esto a pesar de la creación del Fideicomiso de Administración e Inversión para el Programa Nacional para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras (FIRSA) en el 2014. Por otro lado, el Estado de Honduras ha firmado 11 tratados de libre comercio, incluyendo el CAFTA-DR, como una opción para dinamizar el sector agropecuario y reducir la pobreza rural. Si bien se ha logrado incrementar las exportaciones agropecuarias, no ha habido un impacto positivo sobre la pobreza.
Al contrario, según la CEPAL, durante la última década la pobreza en el campo ha incrementado de 65.5% a 71.7% y la pobreza extrema de 29.9% a 32%. Entre el 2006 y 2018, el mercado nacional ha sido inundado con maíz importado y, con la desgravación para el maíz amarillo previsto en enero 2020 en el marco del CAFTA-DR, se agudizará este impacto negativo sobre los productores de maíz que viven en condiciones de pobreza. Por lo tanto, que haya una crisis en el sector agropecuario no debe sorprender a nadie. La inversión para la aplicación efectiva de las leyes, políticas y planes existentes en el sector es totalmente insuficiente.
A casi cuatro años de la aprobación de la Ley para el Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), con el potencial de beneficiar a cientos de miles de mujeres campesinas, esta ley aún no ha sido implementada por el Ejecutivo. La ausencia de apoyo y los crecientes niveles de pobreza explican la decisión de cientos de miles de hondureñas y hondureños de migrar fuera del país. Ante esta situación, son bienvenidas todas las iniciativas orientadas a incrementar el acceso a tierra, crédito, asistencia técnica y mercados para mejorar la seguridad alimentaria e ingresos de las y los agricultores que viven en condiciones de pobreza.
Sin embargo, tales iniciativas deben estar enmarcadas en las leyes e institucionalidad del país. Otorgar el PDAH a una Secretaría de Estado que no tiene ni el mandato ni las competencias para ejecutarlo, no contribuirá a la consecución de los objetivos del programa. Un Plan de Desarrollo Agrícola financiado por los impuestos de las y los hondureños debe ser formulado y ejecutado de manera consensuada con las organizaciones campesinas e indígenas, con un alto nivel de transparencia y rendición de cuentas, a través de las instituciones de Estado competentes y las organizaciones de la sociedad civil con experiencia comprobada, competencia relevante, y aceptación amplia en el campo.
