Por Rafael Delgado Elvir
Economista. Catedrático universitario
Nadie creyó sinceramente que los resultados iban a venir de la noche a la mañana. Desde que se impulsó la idea de una misión de apoyo contra la corrupción hace cuatro años, para ponerle un alto al asalto de los recursos públicos y aún después firmado el convenio de la MACCIH, se sabía sobre los esfuerzos que se harían antes y durante su operación para quitarle protagonismo, debilitar sus facultades y ahogarla. Mucho de eso ocurrió. Fue así que de manera abierta el país fue testigo de las controversias al interior y afuera de la MACCIH respecto a sus objetivos y funcionamiento. De las leyes que se aprobaron desde el Congreso Nacional, para quitarle el filo a la lucha contra el robo que se pretendía iniciar; de las iniciativas de la MACCIH que nunca fueron aprobadas. Es muy seguro también que otras acciones e intenciones quedaron en los ámbitos cerrados de los conspiradores con sus cómplices para no trascender. Sin embargo, pese a todas las zancadillas y al paso irregular que ha mantenido la misión, es evidente que al menos esta misión ha logrado romper con la larga tradición de los intocables. Son alrededor de doce casos de corrupción que ha presentado marcando un hito importante en la historia contra la corrupción en el país.
El problema de la corrupción, sobre cuando se trata de una irregularidad permanente en muchas áreas de la vida del país, se convierte en una enfermedad que debilita a toda la sociedad, la que finalmente deja de creer en sus leyes, en sus instituciones y en sus líderes. Se crea un sistema que opera al antojo de los intereses de los grupos con poder. La corrupción tiene además un efecto negativo de grandes repercusiones económicas. Las poderosas redes de contactos, amistades, cuentas bancarias, prestanombres, empresas y fundaciones que en forma coordinada operan, sacan millonarias cantidades de dinero del Estado para otros fines que no son los legales.
No existen cifras de la corrupción pública mucho menos de la corrupción entre empresas. Sin embargo, se puede estimar que dentro de las inversiones que se ejecutan con fondos públicos, con la compra de bienes y contratación de servicios que día a día ejecuta el gobierno a través de sus instituciones hay un fuerte componente de esto. La liquidación presupuestaria del 2018 estima que en inversión pública se destinaron 30 mil millones de lempiras y en compra de bienes 45 mil millones de lempiras. Si comparamos casos de corrupción ventilados públicamente, donde han salido a relucir sobreprecios hasta del 100%, nos daremos cuenta del monto que podría estar cayendo en las garras de la corrupción en estos 75 mil millones de lempiras del presupuesto de la nación.
La ciudadanía ya ratos pronunció un claro mensaje para que el país cuente con una institución independiente que fortalezca la lucha contra tanto robo. Ya tiempos se dio cuenta lo profundo que hemos caído al crearse un sistema de redes de corrupción que operan día y noche para desviar recursos públicos; que todo sigue en las mismas manos de siempre, anulando cualquier esfuerzo desde las mismas instituciones por un cambio radical que enderece las cosas. Por otro lado, los sectores opuestos a la MACCIH, articulados desde el Congreso Nacional por el Partido Nacional, ya se pronunciaron abiertamente y sin tapujos: no permitirán que la MACCIH continúe su labor. Y es que hay muchos de sus propios intereses en juego, como para darle continuidad a una institución que tarde o temprano va a señalar a muchos de ellos. No cabe la menor duda que ante el bloqueo de los círculos de poder alrededor de JOH corresponde volver a las calles, movilizarse masivamente para defender al país y a sus recursos de la conducta rapaz de los gobernantes, exigiendo una MACCIH con un mandato claro y poderoso en contra de la corrupción.
