- El aumento de temperaturas y la degradación del suelo han reducido la productividad agrícola, impactando principalmente a familias campesinas que dependen de sus cosechas para la subsistencia. A eso se suma que, el aumento de plagas y enfermedades en los cultivos ha llevado a pérdidas significativas, afectando la seguridad alimentaria de miles de hogares en el país.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) recomendó hoy, a las autoridades hondureñas encargadas de la agricultura y la ganadería, en el país, implementar políticas agrícolas adaptadas al cambio climático, con el propósito de hacerle frente a la inseguridad alimentaria que anualmente estaría afectando alrededor de 2.4 millones de personas en diferentes regiones del país.
La respuesta estatal debe garantizar el derecho a la alimentación de manera sostenible, asegurando la seguridad alimentaria de las comunidades vulnerables como las poblaciones indígenas, afro-hondureñas, campesinas y todas aquellas que viven en situación de pobreza extrema, según el ente estatal.
Frank Cruz, coordinador de la Defensoría de Pueblos Indígenas y Afro-hondureños del CONADEH explicó que el cambio climático ha alterado los patrones de producción agrícola, al reducir el rendimiento de cultivos esenciales como el maíz y el frijol, alimentos básicos en la dieta hondureña.
Datos de la FAO establecen que más de 2.4 millones de personas en Honduras experimentaron inseguridad alimentaria en el 2023, una cifra agravada por eventos climáticos extremos, que afectan la producción agrícola.
El defensor de los derechos humanos aseguró que las comunidades rurales, dependientes de la agricultura de subsistencia, han sido las más afectadas por estos cambios.
Agregó, además, que las sequías prolongadas han reducido la capacidad de los pequeños agricultores para sembrar y cosechar de manera sostenible.
La variabilidad climática también ha causado lluvias irregulares e inundaciones que han destruido cultivos e incrementado la dependencia, del país, en importaciones de alimentos.
Cruz también hizo referencia que el aumento de temperaturas y la degradación del suelo han reducido la productividad agrícola, impactando principalmente a familias campesinas que dependen de sus cosechas para la subsistencia.
A eso se suma que, el aumento de plagas y enfermedades en los cultivos ha llevado a pérdidas significativas, afectando la seguridad alimentaria de miles de hogares en el país.
Un informe especial sobre Cambio Climático y Derechos Humanos, publicado por el CONADEH con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos, reveló las preocupaciones de los miembros de la comunidad indígena Lenca al señalar que, “la producción ha bajado debido a los contaminantes y las plagas que afectan sus cultivos”.
La crisis alimentaria en Honduras se ha intensificado por la falta de apoyo estatal a los
pequeños agricultores y comunidades rurales, a lo que se suma la ausencia de estrategias de adaptación al cambio climático en la agricultura y el escaso acceso a financiamiento, impiden una respuesta efectiva para garantizar el derecho a la alimentación, señaló Cruz.
El representante del CONADEH también cuestionó que, las políticas agrícolas que el gobierno de Honduras ha implementado, en la actualidad, no están lo suficientemente adaptadas para atender los efectos del cambio climático, especialmente, sin la incorporación de un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.
Dicho enfoque debe de enfocarse en las comunidades rurales, indígenas, afro hondureñas y en los pequeños productores, incluyendo el acceso a tecnologías resilientes, semillas adaptadas y financiamiento para mejorar la capacidad de enfrentar fenómenos climáticos extremos.
Toda respuesta estatal debe realizarse por medio de políticas públicas, planes nacionales e iniciativas que conlleven un enfoque de derechos humanos, tendiente a garantizar el derecho a la alimentación de manera sostenible, garantizando la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables, concluyó Cruz.
