Por José Denis Cruz

La crisis del coronavirus aviva los miedos de los inmigrantes latinoamericanos en España por las consecuencias que tendrá en la economía. El periodista José Denis Cruz recopila las preocupaciones de este sector de la población.

Leo, un nicaragüense de 26 años que llegó hace más de un año a Barcelona, Cataluña, está trabajando más de 13 horas al día en el campo, con un salario que no roza los 600 euros al mes, pero la explotación laboral que sufre no le importa tanto como el miedo de que en un mes se le vence el permiso de residencia y ve difícil que se lo renueven.

Luis, un venezolano de 40 años, que llegó a Almería, Andalucía, está aislado en su casa con la incertidumbre de si la empresa donde trabaja le mantendrá el puesto de dependiente una vez que termine la crisis sanitaria, y de lo que pende, según él, la renovación de su tarjeta de residencia por razones humanitarias que le otorgó España.

Edimar, un salvadoreño de 30 años, que llegó a Madrid hace más de un año, está preocupado porque ha escuchado que el Gobierno de Pedro Sánchez quitará las ayudas sociales que recibe, por una inminente crisis económica, o peor aún que el Estado le deniegue la solicitud de asilo y quede ilegal, y en la calle.

Esos son solo algunos de los miedos que los inmigrantes latinoamericanos tienen ante la pandemia de COVID-19 en España. Estas personas que han huido de dictaduras, como Venezuela y Nicaragua; violencia, como El Salvador y Honduras; o de la desigualdad profunda de la mayoría de países de la región hoy ven en riesgo su lugar de refugio por la llegada de un virus invisible.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta 2018 unos 800,000 latinoamericanos residían en España, un número que podría ser mayor debido a que miles viven en las sombras, sin registrar sus domicilios a falta de documentos o contratos de arrendamientos a su nombre. La mayoría de los inmigrantes ha llegado a este país a trabajar en el cuido de ancianos, de meseros o cocineros en restaurantes y hoteles, la construcción o bien en el campo, en cortes de lechuga y naranjas y cuidado de ovejas, principalmente.
Antes de la pandemia

Los extranjeros que decidieron empezar una nueva vida en este país se han enfrentado a una explotación laboral que se acentuó con la crisis económica global que empezó en 2008 y se extendió en España hasta 2013, y por tanto abarató la mano de obra.

Sin embargo, para miles cualquier situación en España es mejor que seguir en sus países de origen: con trabajo regular o en negro (como le dicen acá) era suficiente para sobrevivir y mandar remesas a sus familias al otro lado del Atlántico, las que siguen viviendo en desigualdad o soportando los problemas de inseguridad y dictaduras de la región.

Y a diferencia de Estados Unidos, España es atractiva para los inmigrantes latinoamericanos por dos razones: hay un sistema sanitario universal que en tiempos como ahora, con pandemia, les permite ir al médico sin el miedo de que llegue a sus casas una factura de cobro; y hay una norma jurídica que le da la opción de ser residentes a los tres años bajo una figura de arraigo, siempre y cuando encuentren a un empleador que les asegure un puesto laboral por al menos un año. Aunque la burocracia extendía este trámite hasta por cinco años, ayudaba a los migrantes irregulares a legalizarse.

Con la crisis del coronavirus muchos miedos despertaron, pero todos terminan en el tema laboral. España es la quinta economía de la Unión Europea, y pese a su crecimiento, seguía siendo uno de los países del bloque comunitario con uno de los déficits públicos más serios.

En 2019 la tasa de desempleo fue de 13,78% de su población activa, y aunque el empleo crecía ya mostraba síntomas de agotamiento. Ahora con la crisis sanitaria, España tiene casi todas sus actividades económicas paralizadas, y el turismo, una de las más fuertes al aportar al PIB un 14%, será la más afectada. Datos de medios de comunicación apuntan que la crisis destruirá más un millón de empleos.
Tiempo de ajustes

Hace unos días hablé con Marly, una nicaragüense que tiene tres años de residir en Madrid en situación irregular, y expresó con mucha preocupación que se quedó sólo con uno de los tres empleos que tenía previo a la crisis del coronavirus. Ganaba 1,300 euros al mes con los que pagaba renta, comida y la manutención de sus tres hijos, pero ahora depende sólo de 550.

Lo mismo comentó otra mujer nicaragüense de Pamplona, que quedó desempleada y con la presión de no tener dinero en abril para pagar la renta donde vive. Todos los días pone anuncios en páginas de empleo en los que se ofrece a cuidar a ancianos o infantes. No tiene éxito. Por su condición migratoria, y a falta de contrato, tampoco se beneficiará de las medidas de rescate diseñadas por el Gobierno para los trabajadores regulares.
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Muchos extranjeros latinoamericanos en España tienen documentos migratorios vencidos o apunto de vencer y no pueden regularizarlos por el estado de emergencia.Foto: José Denis

Otras que tienen empleo irregular comentaron que están trabajando más horas sin un aumento de su paga mensual. Margini dijo que labora en una casa más con de 15 horas al día, cuidando a una anciana, cocinando y limpiando, pero no se atreve a pedir más pago porque asume que su jefe argumentará que le están dando techo y comida.

“Qué le vamos a hacer”, dijo. Era eso o quedarse desempleada.

Edimar y Leo, de El Salvador y Nicaragua, son solicitantes de protección internacional y están preocupados por el empleo, y piensan que se complicará más en vista que se suspendieron los trámites presenciales en las delegaciones de Extranjería. A ambos sus permisos de residencia se les vence en abril y mayo.

En el caso de Edimar, que recibe ayudas del Estado, teme que le quiten la subvención, aunque ya el Gobierno dijo que estas están garantizadas. “Uno nunca sabe”, duda. Leo trabaja en el campo y le preocupa que su empleador no lo siga contratando cuando su documento esté vencido.

Luis, el venezolano que huyó de la dictadura de Maduro, aunque tiene empleo, avizora un panorama oscuro. Cree que con la crisis él no será una prioridad para los empleadores, por lo que se podría contratar sólo a los españoles. A falta de un contrato, la renovación de su tarjeta está comprometida, dice, pero legalmente no es un requisito que exija el Gobierno de España. Hasta ahora.

Sobre la situación que enfrentan los inmigrantes regulares en España, Ana María Corral, responsable del Departamento de Migraciones del Sindicato General de Trabajadores (UGT) dice que han pedido a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo, que adopte medidas para los inmigrantes cuyos documentos de residencia están próximos a vencer.

“Los trabajadores, que cuentan con un permiso de trabajo temporal, están siendo despedidos y para renovar sus documentos depende de un contrato de trabajo, y será difícil si no adoptamos medida”, comenta Corral. “Por ahora, el Ministerio dijo que algún tipo de medida va a adoptar, aunque no he visto la propuesta por escrito”, agregó.

El Gobierno aprobó a mediados de marzo prorrogar la validez de los documentos de identidad vencidos durante el Estado de alarma, que empezó el 14 de marzo y terminará el 25 de abril. En materia de migración, las medidas de Pedro Sánchez han dejado fuera a miles de extranjeros. Ayer, dio una salida temporal: aprobó un decreto en el que permite trabajar en el campo a los inmigrantes irregulares jóvenes.

Se garantiza la salud, aunque el partido de ultraderecha VOX ha pedido que todos los inmigrantes irregulares paguen por su atención. Pero, en materia económica, Sánchez olvida a los irregulares, a las que trabajan cuidando ancianos, sin contratos, y que ya han sido despedidas; a los miles de meseros que atienden en restaurantes y hoteles, y a otros más que levantan obras en este país.

Su vecina Portugal, al contrario, decidió regularizar de forma exprés a todos los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia. Con esta medida, los inmigrantes podrán acceder a los servicios de salud y al subsidio de paro, en caso de despido.

Ahora en España hay incertidumbre y mucho asombro por las muertes por coronavirus, que ya superan las 9.000. El Gobierno espera levantar las medidas del Estado de alarma de forma gradual, el 12 de abril, y es en ese momento en el que empezará un debate por el tema de finanzas, impuestos, trabajo, las conversaciones necesarias para echar a andar nuevamente la economía, que en el panorama más optimista podría caer 4,5% en 2020.

Para los inmigrantes será el fin de la crisis sanitaria, pero, por la crisis económica, será a la vez el comienzo de un camino tan sinuoso que pondrá en riesgo el lugar que han hecho su refugio.

José Denis Cruz es un periodista nicaragüense que vive en España. Es Coordinador editorial en Despacho 505. Ha escrito para la Revista Hola, La prensa, El Nuevo Diario y El Heraldo (Colombia).

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