• Los informes fueron elaborados por la plataforma juvenil de la Alianza por la Paz y la Justicia.
• Violencia doméstica, violencia intrafamiliar y robo entre los ilícitos más denunciados por la población.
Tegucigalpa, 26 de febrero de 2020. Falta de transparencia para el acceso a la información y la inexistencia de una política integral de atención de delitos contra mujeres, jóvenes y niños, destacan entre los hallazgos de los Diagnósticos Municipales de Seguridad y Justicia, presentados este miércoles por la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
Los diagnósticos presentados fueron elaborados por la Plataforma Juvenil de la APJ en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, con el propósito de generar una visión local de la problemática, eficiencia, capacidades y retos en las instituciones del sistema de seguridad y justicia.
A través de conocimiento técnico, se busca involucrar a los jóvenes en el desarrollo de herramientas de investigación colectiva de las problemáticas sociales, para la definición de acciones y planes de incidencia ante los tomadores de decisiones.
En ese sentido, la Alianza por la Paz y la Justicia insta a las instituciones del sistema de seguridad y justicia a mejorar los mecanismos de solicitud de información pública, ante la falta de delegados departamentales o regionales para tal fin y la dificultad de realizar un seguimiento efectivo de la situación actual de las comunidades en la materia.
Además, cuestionan la inexistencia de una política nacional e integral de seguridad que incluya la atención particularizada de la problemática de violencia que afecta a los grupos vulnerables, especialmente la juventud.
Y es que, de acuerdo a los estudios expuestos, son los jóvenes – especialmente aquellos en las edades entre 15 y 25 años – quienes conforman el segmento de la población hondureña más afectado por la criminalidad, principalmente por los homicidios. Sin embargo, plantean que “las instituciones a cargo de ofrecer seguridad y justicia no han profundizado de manera específica sobre esta grave problemática y, por tanto, no han ofrecido soluciones o respuestas que confronten específicamente estas condiciones de violencia que sufre este segmento poblacional”.
En noviembre de 2019, organizaciones de sociedad civil agrupadas en la APJ solicitaron a las autoridades reformar la Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y la Juventud en Honduras. La solicitud fue entregada a representantes de la Secretaría de Estado en el Despacho Seguridad, a través de la Subsecretaría de Prevención; la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Consejo de Prevención de la Violencia (COPREV) y Red Parlamentaria de Jóvenes del Congreso Nacional.
Entre otros delitos frecuentemente denunciados en los municipios enlistados, los diagnósticos locales apuntan, además del robo, violencia intrafamiliar, lesiones, amenazas, portación ilegal de armas y el tráfico ilícito de drogas. Así como las infracciones a la Ley de Violencia Domestica.
