Foto: Nicaragua Actual

Medidas adoptadas conjuntamente con las sanciones de la Unión Europea 

WASHINGTON – En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis funcionarios del Gobierno de Nicaragua conforme a la Orden Ejecutiva (Executive Order, E.O.) 13851. Está previsto que hoy asuman el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo tras las elecciones nacionales fraudulentas orquestadas por su régimen en noviembre, lo cual consolida todavía más su control del poder en detrimento del pueblo nicaragüense. Esta medida está orientada a funcionarios de las fuerzas militares nicaragüenses, el Ministerio de Defensa de Nicaragua, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y la compañía estatal Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS). El Departamento del Tesoro toma esta medida conjuntamente con la Unión Europea, que en el día de hoy también adoptó sanciones en relación con la persistencia de los abusos del régimen de Ortega-Murillo. 

“El régimen de Ortega-Murillo sigue subyugando a la democracia al celebrar una farsa electoral, silenciar a la oposición pacífica y mantener encarcelados a cientos de presos políticos”, dijo el subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. “Estados Unidos y sus socios transmiten un mensaje claro al presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y sus colaboradores directos de que seguimos estando junto al pueblo nicaragüense en su reclamo por la liberación inmediata de estos presos políticos y el restablecimiento de la democracia”.

A modo de complemento de las acciones de la OFAC, el Departamento de Estado adoptó medidas orientadas a imponer restricciones a visas de personas que tienen complicidad en acciones que socavan la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares. 

Los seis individuos siguientes se desempeñan como miembros del régimen de Ortega-Murillo. Se las designa por su carácter de funcionarios del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionarios del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. 

ACTOS DE VIOLENCIA POR EL ESTADO 

Desde abril de 2018, el régimen de Ortega-Murillo ha reprimido a la oposición política y las manifestaciones públicas, lo cual ha dejado un saldo de más de 300 muertos, 2.000 heridos y cientos de actores políticos y de la sociedad civil encarcelados. Más de 100.000 nicaragüenses se han ido del país desde entonces. El Ejército nicaragüense no solo se negó a ordenar el desarme y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o “parapoliciales” durante y con posterioridad a las revueltas políticas, sino que, además, las evidencias indican que también entregó armas a los grupos parapoliciales que perpetraron actos de violencia contra los nicaragüenses. 

Bayardo De Jesús Pulido Ortiz es general de brigada y jefe de la Dirección de Personal y Cuadros del Ejército de Nicaragua, y miembro de la junta directiva del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM). 

Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz es mayor general y jefe de Estado Mayor General del Ejército de Nicaragua, y miembro de la junta directiva del IPSM.  

Rosa Adelina Barahona De Rivas es Ministra de Defensa y miembro de la junta directiva del IPSM. 

DESINFORMACIÓN Y ACCIONES CONTRA LOS MEDIOS INDEPENDIENTES 

El 1 de noviembre de 2021, Meta (previamente Facebook Inc.) eliminó una granja de troles con más de 1.000 cuentas en redes sociales, administradas por el régimen de Ortega-Murillo, operadas principalmente por empleados de TELCOR, que tenía por objeto influenciar la opinión pública a favor del régimen y diseminar propaganda negativa sobre la oposición. TELCOR, creada en 1982, es una entidad autónoma bajo la dirección de la Presidencia de Nicaragua que implementa reglamentaciones y controla el cumplimiento de los servicios postales y de telecomunicaciones. Los funcionarios de TELCOR son funcionarios del Gobierno de Nicaragua. Desde abril de 2018, la red de troles procuró desprestigiar a personas que se manifestaban en defensa de la democracia y amplificar los contenidos favorables al gobierno. Asimismo, según consta en información pública, en la época de las elecciones de noviembre de 2021, TELCOR suspendió la licencia para operar del Canal 21 de televisión después de que el candidato presidencial y director de ese canal, el reverendo Guillermo Osorno del partido nicaragüense Camino Cristiano, denunciara irregularidades en el proceso electoral. Desde 2007, el régimen ha actuado específicamente contra los medios de comunicación con el propósito de silenciarlos, y para esto a menudo utilizó a TELCOR como herramienta de represión. 

Celina Delgado Castellón es directora general adjunta de TELCOR y miembro de la Junta Directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL), que representa a TELCOR. 

Nahima Janett Díaz Flores es directora general de TELCOR. 

MINERÍA DE ORO ADMINISTRADA POR EL ESTADO 

La creación de la empresa estatal ENIMINAS en 2017 por el Gobierno de Nicaragua incrementó la intervención del estado en el sector minero, particularmente de la minería de oro, a través de emprendimientos conjuntos con sociedades privadas. El valor de las exportaciones de oro de Nicaragua ha aumentado sustancialmente en los últimos años, y esto ha generado lucro para sus aliados en el sector privado y ha incrementado los ingresos de ENIMINAS, una entidad gestionada por altos funcionarios del partido gobernante. Dado que ENIMINAS se encuentra bajo la titularidad o el control del Gobierno de Nicaragua, o actúa en representación de este, los funcionarios de ENIMINAS son, por lo tanto, funcionarios del Gobierno de Nicaragua. 

Ramón Humberto Calderón Vindell es un mayor general retirado, expresidente de la junta directiva de la empresa petrolera nicaragüense Petróleos de Nicaragua y presidente de la junta directiva de ENIMINAS. 

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES 

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca colectivamente, en forma directa o indirecta, a una o más de esas personas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. 

Las sanciones establecidas en el día de hoy no serán necesariamente permanentes, sino que se emiten con el propósito de motivar un cambio positivo de conductas por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario al que apoyan. Estados Unidos ha dejado en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones contra personas y entidades designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13851 que tomen medidas concretas y significativas para promover la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.  

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