WASHINGTON — En el día de hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al Ministerio Público de Nicaragua y a nueve funcionarios del gobierno nicaragüense en respuesta a la farsa de elecciones nacionales que instrumentaron el presidente Daniel Ortega (Ortega) y la vicepresidenta Rosario Murillo (Murillo). Esta medida está dirigida a quienes reprimen a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales. 

Entre octubre de 2020 y junio de 2021, la Asamblea Nacional nicaragüense, controlada por Ortega y Murillo, aprobó seis leyes que facilitaron la represión gubernamental contra la oposición y anularon sus posibilidades en las elecciones de noviembre de 2021. Varios de los funcionarios designados en la medida de hoy fueron nombrados en sus cargos por Ortega y son actores leales al régimen y funcionales a sus políticas antidemocráticas; entre los funcionarios alcanzados por las designaciones de hoy también hay varias personas implicadas en actos de violencia contra manifestantes pacíficos durante las protestas de 2018 en Nicaragua. 

Como lo manifestó el presidente Biden, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo montaron una farsa electoral que no fue libre ni justa y, claramente, tampoco democrática. El encarcelamiento injusto de casi 40 opositores desde mayo, incluidos siete potenciales candidatos a la presidencia, así como las medidas para impedir la participación de algunos partidos políticos, ya habían contribuido a amañar el resultado mucho antes de la jornada electoral. 

“El régimen de Ortega utiliza las leyes y las instituciones para detener a miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho a voto”, señaló la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki. “Estados Unidos transmite un mensaje inequívoco al presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y su círculo de allegados de que estamos junto al pueblo nicaragüense en su reclamo de reformas y de restablecimiento de la democracia”. 

La medida de hoy, que se adopta conforme a la Orden Ejecutiva 13851, “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, y la Ley sobre Derechos Humanos y contra la Corrupción en Nicaragua (Nicaragua Human Rights and Anticorruption Act, NHRAA) de 2018, actualmente conocida como la Ley de Condicionalidad de las Inversiones de Nicaragua (Nicaragua Investment Conditionality Act, NICA) de 2018, tiene como propósito poner de manifiesto las acciones antidemocráticas que ha realizado el régimen de Ortega para perturbar y corromper el proceso electoral en Nicaragua y consolidar el poder de Ortega, Murillo y sus colaboradores directos. 

MINISTERIO PÚBLICO DE NICARAGUA 

El Ministerio Público de Nicaragua es la fiscalía federal de Nicaragua y ha sido designada debido a ser responsable o cómplice, o partícipe directo o indirecto, o haber intentado ser partícipe, en acciones o políticas que socavan procesos o instituciones democráticas en Nicaragua. Invocando el derecho nicaragüense, incluida la Ley 1055, el Ministerio Público ha detenido e investigado injustamente a candidatos a la presidencia y ha impedido que se postularan, lo cual ha contribuido a socavar la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe el acceso a funciones públicas por parte de todos aquellos que se determine que son “traidores a la patria”, como quienes promueven la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considera que atentan contra la soberanía nicaragüense. En junio de 2021, el Ministerio Público invocó la Ley 1055 y solicitó que se inhabilitara para participar en el proceso electoral a la principal candidata opositora a la presidencia, Cristiana Chamorro, a quien investigaba por cargos infundados vinculados con “delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva”. El Ministerio Público también inició investigaciones o presentó cargos contra los principales candidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, que en todos los casos fueron detenidos desde junio de este año en el período previo a la farsa electoral de noviembre. El Ministerio Público también es responsable de la detención de casi 40 personas desde fines de mayo, incluidos líderes de la sociedad civil, referentes del sector privado, estudiantes y periodistas. 

LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA 

Luis Ángel Montenegro Espinoza (Montenegro) fue designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. En su función como superintendente de la Superintendencia de Bancos y de otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Montenegro dispuso que los bancos cumplieran con el requerimiento del Ministerio Público de auditar y entregar información financiera sobre 13 altos ejecutivos y empresarios de conformidad con la Ley 1055, en razón de que eran objeto de una investigación. Asimismo, en abril de 2020, la SIBOIF emitió reglamentaciones que implementaron las reformas de 2020 a la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios, que prohíbe que los bancos en Nicaragua, sin un motivo reconocido por el derecho nicaragüense, nieguen servicios financieros a los clientes, incluidas personas designadas por la OFAC. 

JOSÉ ADRIÁN CHAVARRÍA MONTENEGRO 

José Adrián Chavarría Montenegro (Chavarría) es viceministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Chavarría reemplazó, como miembro de la junta directiva de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, a Iván Adolfo Acosta Montalván, designado por EE. UU., que gestionó apoyo financiero significativo para el régimen de Ortega. 

RODOLFO FRANCISCO LÓPEZ GUTIÉRREZ 

Rodolfo Francisco López Gutiérrez es director gerente de Distribuidora Eléctrica del Norte (DISNORTE) y Distribuidora Eléctrica del Sur (DISSUR) y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. 

JOSÉ ANTONIO CASTAÑEDA MÉNDEZ 

José Antonio Castañeda Méndez es presidente del Instituto Nicaragüense de Energía y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. 

MOHAMED FARRARA LASHTAR 

Mohamed Farrara Lashtar (Lashtar) es embajador nicaragüense en Argelia, Egipto, Jordania, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Lashtar ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. 

SALVADOR MANSELL CASTRILLO 

Salvador Mansell Castrillo es ministro de Energía y Minas de Nicaragua y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. 

SADRACH ZELEDÓN ROCHA 

Sadrach Zeledón Rocha (Zeledon) es alcalde de la ciudad nicaragüense de Matagalpa y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Zeledón contribuyó a la violencia que se ejerció contra las manifestaciones en las que participaron los ciudadanos nicaragüenses y que empezaron en abril de 2018. Estuvo vinculado con las acciones de fuerzas paramilitares, la Policía orteguista y grupos de choque que estuvieron implicados en graves abusos contra manifestantes. 

LEONIDAS CENTENO RIVERA 

Leonidas Centeno Rivera (Centeno) es alcalde de Jinotega y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. Centeno está vinculado de manera directa con instancias de represión ocurridas en Jinotega durante las manifestaciones de 2018. En particular, los ataques con armas pesadas que llevaron a cabo paramilitares provocaron la muerte de cuatro personas, y hubo personal de la alcaldía de Centeno que participó en la represión de los manifestantes. 

FRANCISCO RAMÓN VALENZUELA BLANDÓN 

Francisco Ramón Valenzuela Blandón (Valenzuela) es alcalde de Estelí y ha sido designado por su carácter de funcionario del Gobierno de Nicaragua o por haberse desempeñado como funcionario del Gobierno de Nicaragua en algún momento a partir del 10 de enero de 2007. La institución de Valenzuela recibió instrucciones de ubicar francotiradores que apuntaran a los manifestantes durante las protestas de 2018. 

CONSECUENCIAS DE LAS SANCIONES 

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes y participaciones en bienes de estas personas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de personas estadounidenses quedan bloqueados y deberán ser informados a la OFAC. Asimismo, quedan bloqueadas todas las entidades en las que el 50% o más pertenezca colectivamente, en forma directa o indirecta, a una o más de esas personas. Las reglamentaciones de la OFAC prohíben de manera general todas las transacciones de personas estadounidenses o que se realicen dentro de Estados Unidos (o que transiten por ese territorio) que involucren bienes o participaciones en bienes de personas bloqueadas o designadas. 

Las sanciones establecidas en el día de hoy no serán necesariamente permanentes, sino que se emiten con el propósito de motivar un cambio positivo de conductas por parte de las personas identificadas y del régimen autoritario al que apoyan. Estados Unidos deja en claro que existe la posibilidad de que se cancelen las sanciones contra personas físicas y entidades designadas conforme a la Orden Ejecutiva 13851 y la NHRAA que tomen medidas concretas y genuinas para promover la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua. 

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