- Lo cierto ahora es que la discordia dentro del Consejo Nacional Electoral por la falta de consenso para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha retrasado el proceso.
- La oposición dice que no habrá elecciones porque el partido de gobierno lo impide, el gobierno señala que hay intención del bipartidismo, protegido por castas tradicionales, para hacer fraude como en 2012 y en 2017.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Los ecos de los gritos de los manifestantes del partido de gobierno y de los diputados de oposición se mezclaban aprisionados entre las paredes con Arquitectura Moderna del Congreso Nacional de Honduras. Los tres integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) habían llegado para explicar a las bancadas de los diferentes partidos ¿por qué se había roto el cronograma electoral?, como alega la presidente del CNE, Cossette López.
Era la noche del 8 de julio. La presidenta del CNE, Cossette López pudo dar sus explicaciones al pleno del Congreso Nacional.
Pero cuando López iba a terminar y le tocaba el turno de intervenir al consejero Marlon Ochoa, a los gritos de los manifestantes de Libre que se habían metido a la platea del público, se sumaron los diputados de oposición entonces ya no se pudo escuchar la disertación de Ochoa. El representante del partido oficialista inició su disertación diciendo a la consejera López si extrañaba a alguien que está preso en Nueva York, lo cual evidencia que aun los funcionarios de un partido feminista, como Libre, ejercen violencia política y de género, tal como lo hacen los políticos de los demás partidos. Además, estas violencias de género se mezclan con la violencia institucional que los tres funcionarios del CNE, representantes del tripartidismo, están ejerciendo contra el pueblo por la falta de consensos.
Desde ese día, el cronograma electoral ha sido interrumpido y el conflicto entre los concejales se recrudeció. La tesis del gobierno es que las consejeras del bipartidismo impulsan un fraude electoral y que esto es avalado incluso por Mapa Soluciones, la empresa que avaló el fraude de Juan Orlando Hernández, ex presidente condenado por tráfico de drogas.
Hoy la organización no estatal Centro de Estudios para la Democracia, una oenegé con credibilidad cuya agenda no obedece a los grupos de poder económico del país, advirtió que sin consensos sobre el TREP, no habrá elecciones legítimas el 30 de noviembre.
“1. El conflicto actual ya impacta el proceso electoral: desconfianza entre las instituciones, acusaciones de fraude anticipado y la falta de una normativa común que erosiona la confianza pública.
2. La falta de consensos sobre el TREP representa un riesgo estructural para la integridad del proceso, ya que es clave para visibilizar la voluntad popular el día de las elecciones. Sin un acuerdo legítimo, aumentan las impugnaciones y las narrativas confrontadas, socavando la aceptación de los resultados del 30 de noviembre.
3.La Ley Electoral establece límites claros que no pueden ser modificados sin base legal, como el artículo 279, que exige aprobar por consenso y con al menos seis meses de antelación los lineamientos del TREP. Esta disposición delimita plazos e impone un estándar de legalidad y legitimidad que está siendo desatendido. Sin consenso sobre los términos de referencia del TREP, el CNE incumple su obligación legal, comprometiendo la transparencia del proceso y la confianza pública en sus resultados”, advirtió el Cespad.
López dijo al Congreso Nacional que hay consenso entre ella, del Partido Nacional, y Ana Paola Hall, del Partido Liberal y que el disenso de Marlon Ochoa, del partido Libre, no significa que no hay consenso.
Por eso hoy el CESPAD exhortó a la clase política a “revisar de forma urgente y pública el pliego de condiciones del TREP, garantizando la legalidad y la participación de los tres consejeros del CNE”.
Además “a establecer un acuerdo político-electoral vinculante que defina claramente el sistema de transmisión de resultados preliminares y sus mecanismos de control, con el respaldo de todas las fuerzas políticas”.
Finalmente, a “solicitar el acompañamiento técnico de organismos especializados y misiones de observación internacionales para asegurar un proceso transparente, creíble y auditable”.
