Por FOSDEH

Habiendo identificado la corrupción como uno de los problemas fundamentales de Honduras y del denominado Triángulo Norte de la Región Centroamericana, el gobierno Guatemalteco saliente ha realizado todos sus esfuerzos para desmontar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, al mismo tiempo en Honduras el gobierno se rehúsa a renovar el Convenio para la continuidad Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras MACCIH, proponiendo una Evaluación Internacional (sin mayores interioridades conocidas) para una eventual suscripción con la Organización de Estados Americanos. Entre tanto el nuevo gobierno de El Salvador indica que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) inicia sus operaciones en las próximas semanas.

En retrospectiva varios países de la región han realizado esfuerzos por separar la pequeña de la gran corrupción (Petit Corrupción y Gran Corrupción), bajo la idea que deben enfocarse los esfuerzos de la ciudadanía hacia su erradicación comenzando con la gran corrupción y posteriormente mediante multitud de acciones privadas y públicas, que inciden en un anómalo funcionamiento global de las economías y del cuerpo social en sus múltiples dimensiones.

En otros espacios se distingue entre la corrupción política y la corrupción burocrática, donde la primera se refiere a los actos ilegales de los servidores públicos de alta jerarquía y además, identifican la corrupción burocrática donde servidores públicos de baja jerarquía quienes se las ingenian para extraer rentas ilegales producto de la extorsión y/o manipulación de los marcos legales existentes. Todas estas respetables ideas no terminan de calzar de forma apropiada, con una percepción de índole sistémica del fenómeno o con una verdadera extensa cultura de ilegalidad que se ha entronizado en sociedades como la hondureña. Así para el caso, aquella corrupción que significa expoliar el presente y que es sustancialmente diferente de la corrupción que abarca y controla el futuro es a nuestro criterio, la de mayor nocividad pues se constituye como hipoteca a treinta y más años, que debe ser pagada por los inocentes de un país: los que no han nacido o por los niños y niñas que hoy en completa indefensión, ignoran que tendrán que pagar cara la energía futura que habrán de consumir, las carreteras por donde circularán o, que tendrán que generar adicción a loterías y casinos para mantener la ilusión de que podrán pagar todas las cuentas.

En perspectiva complementaria, existe una expresa prohibición legal sobre el Nepotismo, pero todos los niveles jerárquicos, incluyendo el presidente del Poder Ejecutivo o del Legislativo o Judicial, promueven la participación de amplias constelaciones familiares copando gran parte de los principales cargos públicos de Honduras y de los existentes en organismos internacionales. Tal parece que la familia extendida del político una vez ganada las elecciones, despliega un mapa de los cargos y funciones que desempeñará y a su vez, el entusiasmado patriarca político les advierte que tendrá que hablar con “el hombre” o con las autoridades del partido antes que se abalancen otros y les dejen solo puestos menores. En ningún momento, ni el político que goza adelantando los beneficios y privilegios futuros, ni tampoco sus familiares advierten que existe una prohibición constitucional sobre el nepotismo. La corrupción ha corrompido el sistema democrático aniquilando el sueño de la meritocracia.

De igual forma, la burla de leyes fundamentales como la Ley de Contratación del Estado forman parte del abanico de acciones que año con año violentan la normativa legal vigente. Honduras podría tener una red carretera tres veces más extensa que la existente, 3,700 km de carreteras pavimentadas, debido a que es usual que las carreteras en Honduras cuesten dos o tres veces más de lo que cuesta en otros países. Se ha normalizado la corrupción mediante el recurso de hiper facturar los precios de kilómetros de carreteras o de metros cúbicos de construcción de edificios. Por lo cual nos preguntamos, ¿por qué ocurre? Los organismos encargados de prevenir y tratar los asuntos de corrupción son en la mayoría de los casos, entidades que responden a intereses partidarios y solo eventualmente a intereses de la sociedad en su conjunto.

No puede dejar de señalarse que los ciudadanos también son manipulados a creer que todo procede de mediocres procesos de planificación pública o de errores descomunales en materia de supervisión física y financiera. El Trans 450, el Aeropuerto Palmerola o el Centro Cívico Gubernamental son ejemplos de una supuesta manifiesta incapacidad de presupuestar los costos finales de tales obras y donde diversidad de profesionales con maestría y doctorado de prestigiosas universidades estarían siendo reprobados por no poder establecer el costo unitario del pavimento de concreto hidráulico o asfáltico. Por tanto, siguiendo tal lógica es algo fácil argumentar que la corrupción no existe y que se trata de un problema de aviesa percepción ciudadana y, sobre todo, de manifiesta ausencia de verdaderos profesionales en el campo de la ingeniería, administración, finanzas, etc.

Es decir, que habrían sendos y múltiples escenarios sostenidos por el aparato comunicacional relacionados con la radio, prensa y televisión, para evitar percibir el fenómeno como un modo histórico de expoliación, un verdadero sistema alimentado por organizaciones partidarias y agentes expertos (siempre en proceso de perfeccionamiento reactivo) que de manera gradual habría venido incluyendo políticos de oposición, periodistas, empresarios, militares, jueces, personas del crimen organizado y varios actores del ámbito internacional.

Un importante aspecto metodológico del presente estudio es que se trata esencialmente de una “estimación” y no el cálculo o contabilización de la corrupción. La consignación de cifras en este estudio es similar a la fórmula del PIB=Cg+Cp+Ig+Ip+X-M+-VE (donde PIB=Producto Interno Bruto, CG=Consumo de Gobierno, Cp=Consumo privado, Ig=Inversión del gobierno, Ip=Inversión privada, X=exportaciones, M=Importaciones, VE=Variación de Existencias). Así, concentrándonos en el último término: +-VE (más o menos variación de existencias) una contabilización o cálculo implicaría que el BCH visitara el 31 de diciembre todas las bodegas, todos los almacenes, todos los supermercados, todas las pulperías para establecer si las existencias de bienes son menores o superiores a las del año pasado.

Esto por supuesto nunca se ha hecho ni se hará porque se acepta internacionalmente que se proceda por estimación, por tanteo en base a indicios. ¿Cómo se estima el consumo de frijoles?, la respuesta es mediante estudios de ingresos y gastos que se realizan cada diez años. En el caso hondureño la última encuesta de ingresos y gastos se realizó en 1999. O sea que en los últimos 20 años se “estima” que el consumo de frijoles puede por supuesto, sobreestimarse o subestimarse. A las estimaciones les es inherente este tipo de incertidumbre[1].  

La decisión de estimar el monto global del fenómeno de la corrupción en Honduras, además de ser una muy ardua tarea por el carácter esencial de observar con dificultad siempre tiene la carga de un lado deliberadamente perceptivo de una realidad arrastrada por un clamor multitudinario de una ciudadanía asqueada de un statu quo que condena la posibilidad de arribar a escenarios de bienestar generalizado, si todo permanece igual. Esto último viene asociado al hecho que decenas de personas manifestaron su disposición a colaborar aportando hechos y situaciones deleznables para contextuar y precisar los hallazgos de este estudio.

En lo concerniente al procedimiento metodológico cabe indicar de entrada, que no podría construirse una visión sistémica sin mencionar a múltiples actores como agentes interesados en mantener un Statu Quo que permita la permanente extracción ilegal de recursos de los bolsillos del conjunto de la ciudadanía. Por lo cual es necesario delimitar el fenómeno en tanto es imperativo asumir la operatividad de determinadas variables y categorías del fenómeno deslindando aquello que corresponde a lo específico de cada participante.

Se trata en no conformarse en establecer el perjuicio global causado por la corrupción, sino principalmente establecer la distribución entre agentes del “beneficio” o botín a lograr tras contravenir estamentos legales y marcos y principios éticos y morales que configuran el contrato social hondureño. Específicamente nos referimos al hecho de que el mandamiento de “No robar” aparece en los principios morales y religiosos que prevalecen en el conjunto de una sociedad hondureña que aglutina más del 90% poblacional adscrito a una creencia religiosa.

La Corrupción transgrede de igual forma la superestructura ideológica y promueve la ampliación y profundización de la brecha entre el discurso y el real comportamiento de actores relevantes como la mayoría de los políticos y de algunos dirigentes empresariales. La corrupción promueve una disociación funcional en la esfera social en tanto que se vive en una sociedad corrupta las 24 horas de cada día, pero se logra aparentar que todos los actores se desempeñan de manera apropiada siguiendo principios éticos, morales y religiosos.  

Al final del documento se ha insertado un diagrama reciente del FMI sobre una forma específica de concebir la corrupción. Se comenta brevemente debido a proporcionar criterios para valorar las ventajas y desventajas de estimar la corrupción en base a matrices de producción del fenómeno y a sub matrices de asignación entre los diferentes tipos de agentes participantes.


[1] Los expertos consultados coinciden, en más del 65%, que la estimación se encuentra subestimada debido, argumentan, al hecho de que no se consigna: a) el saqueo sistemático de BANADESA, b) gran parte de las pérdidas no técnicas de energía y c) el monto global de lavado de activos a través del sistema financiero.

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