Por Xiomara Orellana / CESPAD

Establecer y aplicar criterios de selección y nombramientos objetivos de forma transparente, basados en los méritos de los candidatos, propone el Proyecto de Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que presentó la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del Estado, al Congreso Nacional.

Esta propuesta enfatiza en los criterios que deben aplicarse para medir las capacidades de las candidatas y candidatos que aspiran a integrar la más alta Corte del país. En la propuesta se solicita que los procesos de selección incluyan exámenes de conocimientos, entrevistas completas y pruebas de psicometría para detectar si las y los aspirantes tienen la competencia para mantener un desempeño independiente e imparcial, como medida para contr arrestar los acostumbrados “nombramientos indebidos”, que han caracterizado los procesos anteriores.

“Los diputados son políticos y será inevitable la interferencia, pero, al menos, garantizamos que los que lleguen sean los mejores”, dice Edmundo Orellana, quien sabe muy bien cómo se mueven “los hilos del clientelismo y el favoritismo político, y el tráfico de influencias en espacios como el Congreso Nacional, donde se seleccionan figuras de peso como los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

¿A qué aspira la propuesta de ley?

Con la Ley vigente, mediante la que se selecciona la Junta Nominadora en la actualidad, cualquier persona puede ser nominada, pero, con la propuesta en cuestión hay requisitos para que quiénes integren ese organismo se sometan a reglas especiales. “La ponderación, idoneidad, integridad y ética, son los valores que se deben tener en cuenta para elegir a los mejores”, agrega el titular de la Secretaría de Transparencia.

Se propone, además, una matriz que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas recomienda para estos casos. Algo novedoso, también, es que se elimina la votación para que no sea la Junta Nominadora quién decida. “La Junta Nominadora vota por quién entra y quién no, de la lista. Al eliminar la votación, el candidato que saque las mejores notas, ese va a entrar en la lista”, explica el consultado.

Otro aspecto clave en la propuesta es la veeduría obligatoria que harán los representantes de las organizaciones de sociedad civil y los medios de comunicación. La idea es que mientras el proceso esté en desarrollo, la Junta Nominadora presente informes a la población periódicamente.

“Con la lista que envíen de los 45 candidatos va a ir un informe exhaustivo sobre cómo hicieron su trabajo y explicar por qué unos entran y otros fueron excluidos”, refiere el Secretario de Transparencia y Anticorrupción.

También se descarta la posibilidad de que las propias organizaciones integrantes de la Junta Nominadora presenten listas con candidatos, por tratarse de una práctica que las coloca como “juez y parte”. Fomenta, además, que los postulantes, buscando ser favorecidos, se aproximen a gremios, organizaciones e instituciones, afectando su independencia en caso de llegar a integrar la Corte. Por eso le apuestan a la auto propuesta.

Con ello se procura una adecuada evaluación de la integridad moral, independencia y calificaciones profesionales de las candidatas y candidatos. También la transparencia, como garantía en el proceso y evitar agendas particulares.

Refundar la Justicia

 Esta iniciativa busca “refundar el sistema de justicia para dotar a la población de seguridad jurídica”, dice el consultado, quien agrega que este objetivo solo se logrará si las personas que ocupen las Magistraturas en el Poder Judicial son intachables y con idoneidad para el desempeño del cargo.

De aprobarse esta iniciativa, se dará un avance en el proceso de modernización del sistema de justicia, particularmente en la selección de los magistrados y jueces independientes, probos y competentes, con un proceso transparente, con participación ciudadana, como garantía efectiva de ofrecer seguridad jurídica a la población.

Tardanza en aprobar la ley

 Orellana dice que hay tardanza en aprobar el proyecto, y no sabe a qué se atribuye. Pero surgen esperanzas, porque el presidente del Congreso Nacional ha reiterado su decisión de que el proyecto se apruebe lo más pronto posible para convocar a la Junta Nominadora, que, de acuerdo a ley, deberá hacerse antes del 31 de julio.

“La comisión ya tiene el dictamen, sólo es de que presenten el proyecto y lo aprueben”, apunta.

Mientras esperan la aprobación, se busca que “las mañas del pasado y los manoseos” pasen a la historia, al menos en la selección de los 45 candidatos y candidatas que deberán elegir los parlamentarios.

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