Fuente: Connectas
La depuración policial en Honduras ha generado polémica y confusión dentro de la población civil. Ante la urgencia de un debate profundo sobre el tema, que ayude a esclarecer el panorama, se realizó el Diálogos CONNECTAS “Las preguntas sin resolver de la depuración policías en Honduras”. Con un destacado panel de expertos, en esta actividad se abordaron aspectos cruciales del impacto que esta medida gubernamental ha tenido en la sociedad y en el seno de la policía, también se exploraron los posibles escenarios de cara al futuro tras este proceso de depuración.
El panel estuvo conformado por Hermes Ramírez, Director de la Procuraduría General, Migdonia Ayestas, Directora de la Violencia, Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad y Omar Rivera, miembro de Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional.
El gobierno de Honduras prometió la depuración policial para favorecer la estabilidad y la integridad de la Policía Nacional del país centroamericano. Omar Rivera explicó que la cancelación de más de 2.500 policías se ha dado por múltiples causas; una de ellas es la participación de estos en actividades delictivas, lo que supone una amenaza, pues considera que puede en cierta medida “contagiar” al resto del cuerpo policial.
La edad y las capacidades físicas son otra de las variables que llevan a la cancelación policial. Rivera cuenta casos en los que se ha debido depurar a policías mayores de 65 años quienes, por su edad, presentan poca capacidad de respuesta frente a los retos diarios. Ocurre lo mismo con policías que presentan disminución en sus capacidades, como la sordera o la ceguera. Migdonia Ayestas agrega: “Estas dificultades físicas, entre otras cosas, ha desencadenado que 152 policías hayan sido víctimas de violencia durante el ejercicio de su poder”
Otra de las causas para la depuración se debe a la poca capacidad de respuesta que ha tenido la policía, la falta de voluntad de prevenir ciertas acciones de violencia y la ausencia de programas claros para combatirla. Aunado a esto, los especialistas insistieron en la necesidad del proceso de depuración, medida que se aplica varios países de América Latina, pues la corrupción interna obliga a la cancelación policial.
Frente a la depuración oficial surgen ciertas insatisfacciones por parte de la sociedad civil, pues a medida de que la depuración crece hay un aumento en la percepción de violencia y crímenes como la extorsión. A esta interrogante Ayestas argumenta que la reducción de la violencia no solo es tarea de la Policía Nacional, sino de las instituciones y de la sociedad civil; es decir, que el tema de depuración no tiene incidencia o responsabilidad directa, pues las acciones que deben desarrollarse para combatir la violencia debe tener un carácter preventivo, por parte del andamiaje institucional y de la sociedad civil. A esto Omar Rivera agrega: “El Estado no brinda los recursos suficientes para garantizar la prevención de la violencia ciudadana”.
La depuración policial en América Latina
La depuración que se ha realizado en diferentes países de la región ha tomado un tiempo de entre 7 y 10 años. Sin embargo, Hermes Ramírez explicó en el conversatorio: “A pesar de los grandes esfuerzos por avanzar en este proceso, se ha llegado a pensar en decisiones drásticas como el cierre definitivo de la Policía Nacional”. Esto, dice el especialista, debido a los altos niveles de corrupción que podrían hacer metástasis dentro de la estructura.
En esta misma línea, Ramírez argumenta que se han hecho grandes esfuerzos por evadir los delitos policiales, “se ha trabajado en el proceso de concientización de los policías sobre la rendición de cuentas a sus superiores y sobre ética profesional”.
Migdonia Ayestas recalca que, además de la concienciación de la policía, se debe trabajar en generar confianza entre el ciudadano ‘de a pie’ y la Policía Nacional y hacer una veeduría ciudadana en la que se haga seguimiento a las redes criminales de la policía.
A manera de conclusión, Hermes Ramírez cuenta que el proceso de depuración está encaminado a adaptarse a las nuevas legislaciones orgánicas, y argumenta que la ciudadanía debe ver con esperanza y tener fe en este proceso. Confirma que muchos policías han sido denunciados y que varias de estas denuncias han sido evacuadas. En sus palabras, el proceso de depuración va por buen camino, pues “hay una permanente investigación y seguimiento hacia los miembros de la Policía Nacional que permite identificar cualquier conducta atípica en el cuerpo policial”.