[1]DOCTOR HORACIO ULISES BARRIOS SOLANO

Premio Nacional de Ciencia “JOSÉ CECILIO DEL VALLE”

El Caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes en la historia reciente de América Latina, abarcando más de 30 años. Está basado en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 10 países más de América Latina, a la constructora brasileña Odebrecht. En esta investigación se detalla como Odebrecht habría realizado coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

[2]Los ocho inmuebles representan 6.5 millones de dólares y fueron confiscados por un caso de lavado de activos y, según la tesis fiscal, los bienes tuvieron un presunto origen ilícito por actos de corrupción.

La Fiscalía de Perú incautó ocho inmuebles e inmovilizó una cuenta bancaria del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) por un total de 6,5 millones de dólares, a raíz del proceso por lavado de activos abierto en su contra. La Sexta Fiscalía Provincial Transitoria de Extinción de Dominio realizó la incautación en Lima y la norteña región de Tumbes como parte del proceso autónomo de extinción de dominio con Toledo, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug.

Toledo y sus familiares son investigados por el presunto delito de lavado de activos por otorgar la concesión de varias obras públicas a la constructora brasileña [3]Odebrecht a cambio de millonarios sobornos.

“Origen ilícito”: Los bienes inmuebles decomisados a Toledoson una residencia en el distrito residencial de La Molina, otra casa en el balneario de Punta Sal, así como una vivienda y otras cinco unidades patrimoniales ubicadas en el edificio Torre Omega en el distrito de Santiago de Surco, informó la agencia estatal Andina.

Según la tesis fiscal, los bienes tuvieron un presunto origen ilícito por actos de corrupción y lavado de activos, provenientes de la División de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña.

La administración del inmueble fue asumida por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) y prevalece hasta que se resuelva definitivamente el destino de los inmuebles; cuya titularidad pasaría a ser calificada como bien del Estado Peruano.

Toledo y Karp esperan en Estados Unidos que se ejecute la solicitud de extradición de la justicia peruana, a raíz del pedido de 20 años de cárcel presentado por el fiscal José Domingo Pérez por los aportes ilegales recibidos para adjudicar la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur”.

Alejandro Toledo Manrique (2001 – 2006) se encuentra bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos por proceso de extradición, y con orden de captura internacional, por tráfico de influencias, colusión y lavado de activos (se le acusa de recibir una coima de 31 millones de dólares para favorecer a Odebrecht en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur). Su esposa, Eliane Karp también se encuentra prófuga por complicidad en el delito de Lavado de Activos. Por el caso de la Carretera Interoceánica, la Fiscalía pide 20 años de cárcel, en esta acusación se encuentran funcionarios de Pro Inversión y empresarios vinculados al rubro de construcción.

[4]El Caso Odebrecht en Perú se refiere a un escándalo de corrupción protagonizada por la empresa constructora brasileña Odebrecht dentro del Perú, que forma a la vez parte del [5]Caso Lava Jato. Ha involucrado a varios políticos, funcionarios y empresarios en la recepción de coimas para favorecer a dicha empresa en la licitación de obras públicas (cohecho, colusión, Negociación Incompatible, Asociación ilícita y tráfico de influencias), así como en la entrega de dinero ilícito a favor de las campañas electorales de diversos candidatos presidenciales (lavado de activos y Organización criminal). El Caso está en manos del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público. Incluso ha ocasionado graves consecuencias en el ambiente político, legal y empresarial en el Perú. Cuatro expresidentes de la República se hallan comprometidos en el caso:

Alan García (1985 – 1990 / 2006 – 2011) se hallaba con impedimento de salida del país y bajo investigación por la presunta corrupción que ocurrió bajo su segundo gobierno con respecto a las obras de la Línea 1 del metro de Lima y la carretera Interoceánica Sur. Intentó pedir asilo político al gobierno de Uruguay, al considerarse un perseguido político. Pero el gobierno uruguayo rechazó su pedido, al considerar que en el Perú había plena independencia de los poderes del Estado. Posteriormente, cuando se ordenó su detención preliminar por diez días, el día 17 de abril del 2019, García se disparó en la cabeza, en el momento en que agentes y un fiscal habían ido a su vivienda a cumplir con la orden judicial. Falleció horas después, tras sufrir tres paros cardiorrespiratorios. Su ex pareja, Roxanne Cheesman se encuentra investigada por Lavado de Activos en calidad de cómplice.

Ollanta Humala (2011 – 2016) se halla con comparecencia restringida por lavado de activos, luego de haber estado nueve meses con prisión preventiva; acusado de recibir, junto con su esposa Nadine Heredia (quien se encuentra con arresto domiciliario por este caso), dinero ilícito para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011). El 7 de mayo de 2019, la Fiscalía formalizó su acusación, pidiendo 20 y 26 años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente. Además, otras 10 personas del entorno de la expareja presidencial, así como el Partido Nacionalista Peruano, fueron incluidos en la acusación.

Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se halla con detención domiciliaria por 36 meses por supuesto lavado de activos cuando fue ministro de Estado en el gobierno de Toledo. Fue durante el ejercicio de su gobierno (2016-2018) cuando se reveló que su empresa unipersonal había hecho consultorías a empresas relacionadas con Odebrecht en la época en que fue Ministro de Estado (2004-2006), lo que motivó que fuera sometido a dos procesos de vacancia presidencial. Finalmente, se vio obligado a renunciar a la presidencia, tras revelarse que sus allegados habían intentado comprar la voluntad de congresistas de la oposición para favorecerlo en la votación en el Congreso por la vacancia.

También han sido involucrados 4 exgobernadores regionales:

Félix Moreno, exgobernador del Callao, quien está con prisión preventiva por 18 meses en el caso del proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.

César Álvarez, exgobernador de Áncash, en prisión efectiva con una condena de 8 años y 3 meses. Es el primer sentenciado del Lava Jato peruano, por colusión agravada y negociación incompatible, por el caso de la carretera Carhuaz-Chacas-San Luis.

Jorge Acurio Tito, exgobernador del Cuzco, en prisión domiciliaria por 12 meses por el caso de la Vía de Evitamiento-Cuzco.

Nery Saldarriaga, ex gobernadora de Lambayeque, investigada por el Caso Olmos relacionado con la empresa brasileña.

Otros involucrados son dos exalcaldes de la ciudad de Lima:

Susana Villarán, con 24 meses de arresto domiciliario por recibir presuntamente dinero ilícito en la campaña del No a la Revocatoria de 2013 y en su campaña de reelección en 2014, junto con su ex gerente municipal, José Miguel Castro. Su ex gerente de Seguridad, Gabriel Prado Ramos, se halla con comparecencia restringida.

Luis Castañeda Lossio, con 24 meses de arresto domiciliario, mientras es investigado por haber recibido dinero ilícito en la campaña de 2014 y en la Presidencial de 2011, con medidas restrictivas se encuentran sus coinvestigados el exteniente alcalde de Miraflores, Martín Bustamante y su ex Gerenta de Inversión Privada, Giselle Zegarra.

También fueron involucrados cuatro importantes líderes políticos:

La presidenta del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, actualmente con comparecencia restringida (después de haber estado 16 meses en prisión preventiva), por obstaculizar a la justicia durante la investigación por lavado de activos referente a los financiamientos de sus campañas electorales de 2011 y 2016. También se hallan involucrados en el mismo caso miembros de la dirigencia partidaria del fujimorismo, como los asesores Ana Herz, Pier Figari y Vicente Silva Checa.

La expresidenta del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, por supuestos aportes recibidos en los comicios de 2006 (presidencial) y 2010 (municipal). Otro exdirigente de dicho partido, Horacio Cánepa, también se halla investigado por ser intermediario en esos aportes (ya confesados), pero además, debido a que en su calidad de árbitro en litigios empresariales, falló a favor de Odebrecht en varias oportunidades, perjudicando al Estado, presuntamente a cambio de coimas provenientes de dicha empresa.

El Presidente del Partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, con comparecencia restringida por 36 meses -en este caso- debido a supuestos aportes recibidos en los comicios municipales cuando fue socio del exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Entre algunos funcionarios públicos importantes se encuentran:

El Director del Banco Central de Reserva, José Chlimper Ackerman

El ex Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry (por encubrimiento real y obstrucción de la justicia)

Los ex Presidentes del Consejo de Ministros como, César Villanueva, Yehude Simon, René Cornejo y Fernando Zavala

Varios exministros de estado como: Mariano González, Eleodoro Mayorga, Enrique Cornejo, Luis Nava Guibert, Fernando Olivera, Wilfredo Pedraza, Jorge Nieto Montesinos, Luis Miguel Castilla, Carlos Paredes, Aurelio Pastor, Jaime Yoshiyama, Augusto Bedoya Cámere, etc.

Algunos Congresistas de la República de diversos partidos como Humberto Acuña Peralta, Marisa Glave, Anel Townsend, Juan Sheput, Hildebrando Tapia, Juan Carlos Eguren, Virgilio Acuña, Santiago Gastañadui, etc.

Los ex Presidentes del Congreso de la República, Carlos Ferrero Costa, Luis Alva Castro y Javier Velásquez Quesquén;

Funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Toledo de 2001-2006 (por el caso de la Interoceánica), del gobierno aprista de 2006-2011 (por el caso del tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima) y del gobierno de Humala de 2011-2016 (Caso Club de la construcción y Caso Gaseoducto del Sur.

Empresarios principales famosos algunos como:

  • Los dueños de las contratistas más grandes del Perú (Graña y Montero, JJ Camet, ICGSSA, etc).
  • El ex Presidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Presidente de COPAL, Carlos Neuhaus Tudela
  • El ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacifico, Fernando Cantuarias Salaverry
  • El exdirector del diario El Comercio y expresidente de la Constructora Graña y Montero, José Graña
  • El ex Presidente del Club Regatas Lima, Gustavo Salazar Delgado.
  • El ex Gerente General de Firts Capital Partnert e inversionista Chileno, Gerardo Sepúlveda
  • El Banquero Peruano y Presidente del Directorio del Banco de Crédito, Dionisio Romero Paoletti
  • El ex director de Panamericana Televisión, Pedro Arbulú Seminario

[1] Primer Sub Director de la Oficina de Bienes Incautados (OABI), cuando formaba parte del Ministerio Público.

[2] https://www.dw.com/es/fiscal%C3%ADa-de-per%C3%BA-incauta-bienes-a expresidente-toledo/a-60253803

[3] https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht

[4] https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht_en_Per%C3%BA

[5] La Operación “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros” (en portugués Operação Lava Jato, traducible como «Operación lavado a presión») fue una operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña, y fue bautizada como Lava Jato en referencia a una serie de lavaderos de autos (servicios de lavado “a chorro” de autos), debido a que el primer sitio allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina “Posto da Torre” en Brasilia, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero.

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