Por: Alessandra Bueso

La Asociación de Organismos No Gubernamentales (Asonog) y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), realizaron este lunes 9 de abril en Santa Rosa de Copán, el Foro Dignidad Humana y Explotación Minera. En el evento los organizadores y pobladores expusieron la realidad que enfrentan los pobladores de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de La Unión, en el departamento de Copán, donde viven alrededor de 400 familias. Un grupo de abogados fue el responsable de exponer la perspectiva legal, así como la problemática que enfrentan ante la violación a sus derechos humanos.

“No solo se trata de un cementerio, de afectaciones físicas o psicológicas. Las afectaciones son directas e incluyen la seguridad de los pobladores. La situación es grave en la comunidad” explicó Diego Aguilar del Madj.

Fueron los pobladores que viven en la zona, los que compartieron sus testimonios, los que narraron cómo se les han violentado sus derechos por la disputa que se genera por un cementerio, donde la empresa Minerales de Occidente S. A. (Minosa), filial de Aura Minerals de capital canadiense quiere explotar esa área para extraer oro, plata y bronce. Todo comenzó en el año 2012, cuando la empresa hizo pública su intención de exhumar y remover unas 400 osamentas del cementerio que data desde hace 200 años y que pertenece tanto a Azacualpa como a otras comunidades aledañas.

“Hay dos eventos que marcan la ola de concesiones a nuestro país, la primera es con el huracán Mitch, y bajo el criterio de recuperar económicamente se concesionó de manera indiscriminada el territorio. Muchas de las concesiones afectaban zonas protegidas poniendo en conflicto la calidad del agua y eso fue lo que ha provocado la lucha para declarar inconstitucional la ley de minería. Y luego el golpe de Estado del 2009, también promovió la concesión de territorios y ni fueron consultadas las comunidades” explicó José Ramón Ávila, director de Asonog.

Son esas concesiones que ahora tienen en una encrucijada a la comunidad de Azacualpa. A la fecha son más de 100 cuerpos los que han sido extraídos de sus tumbas, algunos con la autorización de algunas familias por la necesidad económica y otros sin el consentimiento, los que fueron removidos de sus fosas. “Nos toca ver de lejos como la empresa saca a nuestros muertos, porque si nos acercamos al cementerio nos capturan o nos matan. Hay desunión, en las exhumaciones unas familias quieren y otras no. Es un conflicto grave el que se vive en la comunidad” expresó Miguel Ángel López, Presidente del Comité Ambientalista de Azacualpa

Ante esta problemática y luego de estudios, visitas, gestiones ante las autoridades gubernamentales, los pobladores evidencian la serie de violaciones que se cometen con el fin de extraer oro en esta zona. “Hay una violación sistemática a los derechos humanos de parte de la institucionalidad de Estado a los pobladores de esta comunidad” dijo Víctor Fernández del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).

Las familias han entrado en conflicto, la mina ha dividido familias, así como lo que vivió la Familia Guerrero que entre el oro y la plata, decidió por su pariente para que no lo removieran de la fosa. Los pobladores se ven indefensos, no tiene protección estatal y mientras viven en silencio la problemática, están viendo cómo cada día los muertos de Azacualpa son sacados de sus tumbas. En silencio Azacualpa sufre los embates de una concesión que desde hace 20 años marcó las vidas de las cuatro comunidades en La Unión, Copán.

 

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