Foto portada: Jorge Burgos/Criterio.hn

Tegucigalpa. La ministra de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, presentó el primer informe sobre la situación financiera que enfrenta Honduras denunciando que la administración del exgobernante Juan Orlando Hernández dejó una nación en bancarrota, saqueada y endeudada.

Moncada reveló la grave situación económica y financiera que heredó el gobierno de Xiomara Castro y la aprobación ilegal del Presupuesto General de la República por el Congreso Nacional con cifras manipuladas y bajo preceptos de corrupción.

“La institucionalidad está desplomada y hundida, dando paso a la corrupción y narcotráfico. Por 12 años fue una guarida de delincuentes y una fábrica de pobres… el presupuesto falso y corrupto no refleja la verdad y es fuente de corrupción porque manipuló cifras y fue elaborado de manera impúdica y descarada con conocimiento que el 27 de enero iniciaba la nueva administración que requería de su presupuesto”, manifestó Moncada.

Entre los principales hallazgos resaltan que: del 1 al 26 de enero, la Secretaría de Finanzas pagó alrededor de 400 millones para beneficiar a 60 altos funcionarios de la administración de Hernández, quien en la actualidad enfrenta un proceso de extradición a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Asimismo, se trasfirió 300 millones de lempiras a oenegés y entes sin beneficiarios, también se suprimió en el Congreso Nacional la adición de 3,500 millones en el presupuesto que la Secretaría de Finanzas había incluido para el pago de intereses de la deuda generando un conflicto para cumplir dicho pago.

Señaló que durante 12 años se instauró una  red de corrupción que saqueó al Estado y sus instituciones “hasta sumir a nuestro al país en la peor de sus desgracias y vergüenzas”.

No tiene información ni registro de los gastos de salarios, viáticos, transferencias, entre otros, que ejecutó el Poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo, el Ministerio Público que, mediante reformas arbitrarias, se les autorizó para realizar pagos fuera de la cuenta única del tesoro y no brindar informes o ejecutar auditorías.

Entre el 3 y 26 de enero la Tesorería General de la República, violentando las normas legales, efectuó pagos de 6,976 millones a proveedores seleccionados políticamente de programas sociales, entre estos, Vida Mejor y acumuló deudas que superan los tres mil millones con otros proveedores.

LOS FIDEICOMISOS, EL NEGOCIO DE LOS BANCOS

Moncada develó el negocio de la banca privada a través de los fideicomisos resaltando 13 de 70 que existen y a los que se transfirió 2,200 millones en diciembre, que son recursos estancados a los que no puede hacer uso el gobierno de Castro para cubrir otros gastos.

Por medio del fideicomiso para el programa Vida Mejor, en el último periodo de gobierno, se gastó 40 mil millones de lempiras y actualmente se disponen de 11 mil millones pero son administrados por el comité que integra el Estado, sector privado, sector civil y no rinden cuentas ni mucho menos se efectúan auditorías.

Para el caso, en la compra de los siete hospitales móviles por parte de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) que se convirtió en una estafa al Estado, se asignó un fideicomiso con BAC-Credomatic, sin embargo, el pago de los 1,200 millones de lempiras lo realizó de manera directa la Secretaría de Finanzas, al mando, en ese entonces, de Rocío Tábora.

Asimismo, existen 17 fideicomisos en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), 4 en el Banco Central de Honduras (BCH) y 1 de Vida Mejor, la mayoría de estos por tiempo indefinido.

El fideicomiso de la Tasa de Seguridad no se tiene dato debido a ser blindado en la Ley de Clasificación de Documentos Públicos conocida como Ley de Secretos, lo lamentable es que el banco ha invertido 200 millones vendiéndolos en bonos para financiar la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

También, el fideicomiso con la Empresa Energía Honduras (EEH), de capital colombiano, lo consideró como “un fracaso total”, el costo mensual es de 15 millones 494 mil mensuales, únicamente se logra pagar 10.5 millones.

Cabe indicar que el contrato estipula que la EEH debía reducir las pérdidas de la estatal eléctrica al menos a 17%, pero ronda los 33%.

En Banco de Occidente existe un fideicomiso para adquisición de medicamentos de la Secretaría de Salud se tienen disponibles 272 millones, mientras el ente financiero tiene inversiones por 816 millones y cuentas por pagar por 765 millones.

Uno de los fideicomisos más perversos, a criterio de Moncada “el más letal, anticonstitucional e ilegal” es del Instituto de la Propiedad (IP) que no registra ninguna operación en la Secretaría de Finanzas por disposición de un Decreto Ejecutivo que aprobó Hernández.

No se conoce el paradero de los fondos por regular los bienes inmuebles, tierras, registro de vehículos, propiedad intelectual, sin auditoría que pueda transparentar el uso de los fondos.

LAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS, UN MODELO DE CORRUPCIÓN

La titular de finanzas denunció que las Asociaciones Público-Privadas formaron parte del modelo de corrupción al asignarse 40 mil millones hasta 2019 sin que Honduras cuente con ganancias o beneficios.

Bajo la extinta Comisión para la Promoción de Alianzas Público Privadas (Coalianza), se despilfarraron unos 1,600 millones después que liquidaron la institución dando paso al Consejo Superior de Regulación y creando una unidad técnica que depende de la Secretaría de Finanzas que se encargó de realizar pagos director superiores a los 630 millones de dólares.

Resaltó que se han pagado 100 millones de dólares por incumpliendo de cláusulas por parte del Estado, 52 están pendientes de pagar y 478 millones están bajo reclamos y expedientes que tiene la secretaría.

MÁS CIFRAS DEL LATROCINIO

La fiscalía de Honduras mantiene una investigación por 1,800  millones de lempiras que fueron entregados a congresistas durante los últimos 12 años para el cuestionado Fondo Departamental del Congreso Nacional, parte de los recursos fueron a parar a cuentas de diputados y sus familiares por el cual la fenecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) presentó el caso Red de Diputados.

Se otorgó 300 mil millones en exoneraciones fiscales, lo que representa el total de la deuda pública, siendo Honduras el país que más se exonera en Latinoamérica pese que más del 70% de la población vive en pobreza.

Al año se pierden 90 mil millones de lempiras en evasión y 168 mil millones de lempiras en corrupción.

La deuda pública pasó de 3,481 millones de dólares a 15,600 mientras la ENEE adeuda 76 mil millones de lempiras.

Moncada detalló que lo requerido para los sueldos en la administración centralizada es de 179 mil millones de lempiras y contempla recaudar en impuestos 127 mil, de los cuales, el 50% será para pago de deuda pública.

“No tengo dinero de dónde pagar los empleados, no tengo para pagar la planilla. Este es el desafío y lo vamos a vencer y para ello tenemos que adoptar medidas y entender que el momento especial que vivimos requiere del acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad. Vamos a encontrar soluciones, esa es nuestra tarea y la vamos a cumplir”, aseguró.

El déficit para el mes de marzo ronda los 31 mil millones de lempiras y para mayo se estima unos 12 mil millones, es decir, 64 mil millones para cumplir con el periodo fiscal.

Según las cifras expuestas, Honduras debe endeudarse en 64 mil millones de lempiras para alivianar la crisis financiera que enfrenta sin contar el compromiso que mantiene la estatal de energía eléctrica.

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