La tendencia regresiva en la lucha contra la corrupción e impunidad registrada en las últimas décadas le ha costado a Honduras no solo millones de lempiras, sino el incremento de familias hondureñas que viven hoy en la pobreza, sin acceso a recursos básicos ni respeto a sus derechos fundamentales. Hace un mes, la presidenta Xiomara Castro abrió una vereda de esperanza al anunciar, en su discurso durante la toma de posesión, un combate frontal a la lucha contra la corrupción mediante iniciativas como la instalación de una comisión nacional e internacional contra este flagelo, además de la derogación de leyes lesivas para el pueblo hondureño y la promoción de un Estado abierto. El acompañamiento del Poder Legislativo en estas tareas será clave.

Tal como lo señalamos contundentemente en 2015, rechazamos cualquier iniciativa que lesione la lucha contra la corrupción e impunidad en el país. Hoy, ante la convocatoria del Congreso Nacional para el tercer y último debate del decreto de abrogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, conocida como la Ley de Secretos, recalca que:

  1. Para promover un combate efectivo contra la corrupción e impunidad, *el Congreso Nacional debe proceder a desclasificar la información amparada en la Ley de Secretos durante su vigencia, de manera que sea el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con base a lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien proceda a reservar la información que de acuerdo a dicha ley debe estar clasificada como de acceso restringido por otras leyes y por resoluciones correspondientes, garantizando de esa manera la rendición de cuentas por parte de los empleados y funcionarios públicos ante los órganos contralores y fiscalizadores del Estado, así como de ser necesario ante los órganos de persecución penal en el país.
  2. Desde el Poder Legislativo, las diputadas y diputados tienen una oportunidad de rectificar acciones que van en contra del anhelo popular, para darle sostenibilidad y continuidad a la lucha contra la corrupción e impunidad. Los legisladores tienen la responsabilidad ineludible de responder a quienes a través del voto popular depositaron en ellos su confianza para transformar el país. Este es el momento de apostar por la transparencia.
  3. Es imperativo promover iniciativas que permitan fortalecer instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), como órgano garante de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a la información y un sistema eficiente para exigir responsabilidad a los empleados y funcionarios públicos, participar en la vida pública, exponer y disuadir los abusos de poder y apoyar la lucha contra la corrupción e impunidad.
  4. El fortalecimiento de la democracia es un camino que pasa por el compromiso político de reconstruir el Estado de Derecho, bajo el fomento de la rendición de cuentas, transparencia y espacios cívicos para la participación ciudadana.

La ASJ reitera su compromiso de continuar trabajando para la restauración del Estado Democrático de Derecho, acompañando a las instituciones, generando cambios estructurales para lograr una sociedad más justa en favor de los más vulnerables.

Tegucigalpa, M.D.C.; 01 de marzo de 2022
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ)

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