Las leyes de amnistía son leyes que liberan a determinadas categorías de personas de responsabilidad civil o penal. Podemos señalar que estas leyes pueden tener un doble propósito.

Por un lado, un propósito positivo cuando busca aliviar las injusticias o los excesos del sistema de justicia en contra de grupos en situación de vulnerabilidad u opositores políticos, como el caso de Guapinol o quienes se opusieron al golpe de Estado y al fraude electoral.

Por otro lado, un propósito negativo cuando busca beneficiar a militares, para-militares o civiles involucrados en actos violentos del gobierno en contra de la población durante un régimen represivo.

La ley de amnistía de 2010 es un ejemplo de ello, ya que, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación los tribunales aplicaron indebidamente dicha ley para dejar en la impunidad a policías y militares que violaron los derechos humanos durante el golpe de Estado.

Lo anterior nos debe dejar claro que las leyes de amnistía no pueden usarse para eximir de responsabilidad a quienes están vinculados a casos de corrupción y a quienes han cometido violaciones a derechos humanos.

Si este tipo de leyes que deberían de usarse para contribuir a la reconciliación nacional son usadas para un propósito negativo, jamás lograremos recomponer el tejido social que ha sido destruido con los crímenes de los 80, el golpe de Estado y la crisis postelectoral.

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