Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa.- En el marco de las multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han reactivado en Honduras desde el mes de abril, producto del descontento social por la discusión de propuestas de reforma que afectan a los sectores de salud y educación, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación al observar que, una vez más, el gobierno de Honduras acude al uso desproporcionado de la fuerza y a medidas represivas para controlar y desarticular la protesta social.
De acuerdo con información recabada por organizaciones locales como el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH), entre el 29 de abril y el 04 de junio se han contabilizado 31 heridos y tres personas fallecidas. De manera más reciente, el miércoles 19 de junio, los medios de comunicación registraron al menos 11 personas heridas y una fallecida producto de la respuesta del Estado.
El día de ayer, el presidente Juan Orlando Hernández convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad para definir acciones para restringir las protestas ciudadanas y garantizar la libre circulación y el respeto a la propiedad privada. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. Asimismo, ha recordado que la “presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos”.
CEJIL destaca que estos hechos no son aislados. Por el contrario, ocurren en el contexto de una grave crisis democrática que ha mantenido al país en constantes brotes de violencia, donde la población civil ha sido reprimida por exigir sus derechos. Los últimos episodios son representativos de una grave crisis de derechos humanos que se profundizó a partir del estallido de la crisis poselectoral en noviembre de 2017. En esa ocasión, la estrategia represiva del gobierno dejó un saldo de 38 personas asesinadas, centenares de heridos y detenidos arbitrariamente, así como aproximadamente 90 personas criminalizadas por su participación en las protestas.
Asimismo, observan con preocupación la repetición de un patrón de actuación estatal para desintegrar la protesta social y acallar las voces críticas, en particular las de personas defensoras de derechos humanos, siendo éstas las más expuestas al asedio, amenazas y ataques a su vida, libertad e integridad personal.
Como organización representante de sobrevivientes a violaciones de derechos humanos en Honduras ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y aliada histórica de organizaciones y movimientos sociales, el CEJIL denuncia que el Estado de Honduras está incumpliendo de manera grave y flagrante sus obligaciones internacionales.
A la luz de lo anterior, demandan al Estado de Honduras a garantizar que las manifestaciones puedan realizarse en un entorno seguro, libre de violencia, respetando los derechos a la protesta social pacífica, la libertad de reunión, y de expresión.
Asimismo, hacen un llamado urgente a la comunidad internacional y a los órganos de protección a monitorear de cerca la situación en Honduras.
