Por: Vilma Mejia.
En la reciente presentación del informe titulado “Índice de Eficiencia del Gasto Público: Una evaluación al gasto del sector público”, realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se revelaron preocupantes deficiencias en la administración de los recursos públicos en Honduras. El informe, que analiza el gasto en sectores clave como salud, educación e infraestructura durante el período 2012-2022, arroja una alarmante falta de eficiencia y prioridades que parecen estar desconectadas de las necesidades reales de la población.
Según el informe, a pesar del incremento significativo en los presupuestos asignados a la Secretaría de Salud (Sesal) y al sector educativo, gran parte de estos fondos se destinan a funciones administrativas, dejando a la inversión en infraestructura y servicios esenciales en un segundo plano. En el caso del sector salud, aunque el presupuesto se incrementó en un 90%, un asombroso 62.2% de estos recursos se destinaron a funciones administrativas, mientras que solo un 2.4% se invirtió en infraestructura. Esta falta de inversión es especialmente preocupante dado el envejecimiento de la población y las crecientes necesidades de atención médica en el país.
El sector educativo tampoco se salva de esta crítica. El presupuesto para educación aumentó en un 52%, pero el 77.7% de esos fondos se destinaron a sueldos y salarios, dejando solo un 0.5% para inversiones en infraestructura educativa. En un país donde la calidad y el acceso a la educación son fundamentales para el desarrollo, esta distribución presupuestaria es inaceptable.
Más allá de la salud y la educación, el informe del CNA destaca la situación crítica de la infraestructura en Honduras. Con menos del 45% de las vías pavimentadas y una infraestructura pública en deterioro, el gasto de capital debería ser una prioridad. Sin embargo, la inversión pública no ha superado el 5% del gasto total, un dato que refleja la negligencia en la planificación estratégica del presupuesto.
El análisis del CNA también subraya las disparidades en la distribución de los establecimientos de salud y educación. Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, que albergan al 37% de la población del país, cuentan con solo el 11% de los centros de salud y el 18% de las instituciones educativas. Esta disparidad es aún más evidente cuando se compara con su densidad poblacional, mostrando que las políticas actuales no están alineadas con las necesidades de las regiones más pobladas.
Además, el informe pone en evidencia que el problema no es solo cuánto se está gastando, sino cómo y en qué se están utilizando los recursos. La creciente asignación presupuestaria a sueldos y salarios, en detrimento de la inversión en servicios e infraestructura, plantea serias dudas sobre las prioridades del gobierno. ¿Estamos ante una gestión eficiente de los recursos públicos o se trata de una negligencia gubernamental que pone en riesgo el bienestar de la población?
Las autoridades deben responder a estas preocupaciones con acciones concretas que prioricen la eficiencia y transparencia en el uso del presupuesto nacional. La crisis en la gestión del gasto público no solo afecta la calidad de los servicios que recibe la ciudadanía, sino que también socava la confianza en las instituciones gubernamentales. Es urgente que el gobierno de Honduras reevalúe sus estrategias y garantice que cada lempira invertido contribuya al desarrollo sostenible y al bienestar de toda la población.
