Los hondureños enfrentamos gobierno tras gobierno, problemas estructurales o derivados de la coyuntura geopolítica, tanto en el ámbito económico, social y político, problemática que se agudiza cuando se presentan situaciones globales de conflictos bélicos, problemas climáticos y de mercado. Este escenario demanda acciones contundentes, planificadas con visión de corto, mediano y largo plazo, y de información oportuna que generen confianza y certeza a la ciudadanía y a los que toman decisiones.
Independientemente de las condiciones y la falta de una transición ordenada entre equipos de Gobierno, después de 100 días de asumir el poder el presidente Nasry Asfura, la información recibida se limita a una cantidad de acciones inmediatas, necesarias pero insuficientes para enfrentar los grandes problemas que conduzcan al país hacia mejores condiciones de vida y no quedar en acciones que se limiten a administrar las diferentes y constantes crisis. Los problemas de seguridad, salud, educación, energía eléctrica, costo de vida, combate a la corrupción, acceso a la justicia y fortalecimiento institucional, entre otros, requieren de planes claros que ya deberían estar en funcionamiento.
Los hondureños tenemos derecho a saber fehacientemente cómo se encuentra el país, y cómo lo recibió el partido que hoy gobierna. La Red por la Equidad Democrática en Honduras (REDH), hace un llamado público y urgente al Gobierno de la República, para que presente, de manera integral, oficial y accesible a la ciudadanía, un informe sobre las condiciones en que la actual administración encontró las instituciones del Estado al inicio de su gestión. La información brindada de forma fragmentada por distintos funcionarios, no sustituye la obligación de ofrecer un balance institucional claro, verificable y sustentado en datos públicos.
Contar con este informe permitirá dimensionar, con objetividad, los retos heredados, valorar los avances alcanzados y establecer responsabilidades sobre las condiciones en que se encontraba el aparato estatal. Además, contribuirá a frenar la desinformación, evitar especulaciones y fortalecer el rol de la ciudadanía como veedora activa de la gestión pública. Los hallazgos expresados por algunos funcionarios, rebasan la condición de faltas administrativas, y requieren de investigación para definir si son hechos constitutivos de delitos. La transparencia y la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo un discurso o instrumento selectivo de persecución política, debe traducirse en información oportuna y accesible para toda la sociedad y acciones que pongan fin a los abusos de las autoridades en el manejo de la administración pública y que los delitos no queden en la impunidad.
Por otra parte, la REDH expresa que las debilidades evidenciadas en el proceso de elección de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), marcado por la ausencia de criterios públicos de evaluación, falta de mecanismos de meritocracia, limitada transparencia y riesgos de discrecionalidad política, no contribuye ni al fortalecimiento institucional de los organismos electorales, ni a restablecer la confianza en el Congreso Nacional.
Un proceso sin parámetros técnicos claros ni rendición de cuentas suficientes, no garantiza que sean electos los ciudadanos y ciudadanas con las más altas cualidades técnicas, éticas y de integridad, sino aquellos que surjan de las negociaciones y los “pactos políticos” en los que no prevalece el interés de la nación; lo que explica nuestra situación actual.
La REDH recuerda que cualquier cambio en la estructura del Estado, debe orientarse a fortalecer la institucionalidad, recuperar la confianza pública y garantizar credibilidad ante la ciudadanía. Las decisiones sobre órganos estratégicos, no pueden responder únicamente a intereses políticos coyunturales, sino a la necesidad de construir instituciones sólidas, independientes y al servicio de los intereses de la nación.
Finalmente, reiteramos que los acuerdos políticos jamás deben sustituir los procedimientos legales, ni los principios democráticos. Honduras necesita instituciones fuertes, procesos transparentes y autoridades electas con legitimidad técnica y ética. Gobernar con transparencia y respetar el Estado de derecho, no es una concesión política: es una obligación democrática ineludible.
