Estados Unidos está profundamente preocupado por las severas condenas que se siguen imponiendo a los opositores políticos en Cuba. Seguiremos trabajando con nuestros aliados en todo el mundo para demostrar nuestro apoyo colectivo a los derechos de los cubanos injustamente detenidos. Los jueces cubanos han condenado a más de 550 opositores cubanos a un combinado de más de 4,000 años en total. Los opositores han sido sentenciados a prisión, trabajo forzado y otras medidas punitivas. Estas cifras incluyen a más de 20 opositores arrestados cuando eran menores de edad.
Al mismo tiempo, el gobierno cubano sigue manteniendo en prisión a más de 700 opositores que tomaron las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, para criticar la falta de respeto del gobierno por sus derechos humanos y libertades fundamentales. Cientos de opositores languidecen en las cárceles por cargos arbitrarios debido a que criticaron al régimen y sus líderes. A pesar de las pruebas de vídeo y fotográficas que demuestran lo contrario, el gobierno cubano intenta justificar sus detenciones, procesamientos y condenas draconianas alegando falsamente que las protestas fueron en gran medida violentas. Los prisioneros políticos de hoy están compuestos por cubanos de toda Cuba y de todos los ámbitos de la sociedad.
Como ejemplo para los demás, los fiscales estatales eligieron a los opositores de los empobrecidos barrios de La Guinera y 10 de Octubre de La Habana, con una importante población afrocubana, acusándolos de sedición y dictando las penas más duras, de hasta 26 años de prisión. Seis acusados de estos barrios, de 16 o 17 años de edad al momento de su arresto, recibieron hasta cinco años de trabajos forzados. Los funcionarios del gobierno cubano siguen deteniendo, acosando y amenazando a las madres de los opositores detenidos que se atreven a hablar públicamente de sus hijos.
Estas injusticias tienen objetivos claros: impedir que los ciudadanos cubanos ejerzan sus derechos e infundir el miedo a las represalias. Los cubanos tienen derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica según la constitución de Cuba y según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El gobierno cubano debe permitir a su pueblo expresar libremente sus esperanzas y aspiraciones, en lugar de gobernar mediante el miedo y la intimidación.
