Estados Unidos está profundamente preocupado por las severas condenas que se siguen imponiendo a los opositores políticos en Cuba. Seguiremos trabajando con nuestros aliados en todo el mundo para demostrar nuestro apoyo colectivo a los derechos de los cubanos injustamente detenidos.  Los jueces cubanos han condenado a más de 550 opositores cubanos a un combinado de más de 4,000 años en total.  Los opositores han sido sentenciados a prisión, trabajo forzado y otras medidas punitivas.  Estas cifras incluyen a más de 20 opositores arrestados cuando eran menores de edad. 

Al mismo tiempo, el gobierno cubano sigue manteniendo en prisión a más de 700 opositores que tomaron las calles hace casi un año, el 11 de julio de 2021, para criticar la falta de respeto del gobierno por sus derechos humanos y libertades fundamentales.  Cientos de opositores languidecen en las cárceles por cargos arbitrarios debido a que criticaron al régimen y sus líderes.  A pesar de las pruebas de vídeo y fotográficas que demuestran lo contrario, el gobierno cubano intenta justificar sus detenciones, procesamientos y condenas draconianas alegando falsamente que las protestas fueron en gran medida violentas.  Los prisioneros políticos de hoy están compuestos por cubanos de toda Cuba y de todos los ámbitos de la sociedad. 

Como ejemplo para los demás, los fiscales estatales eligieron a los opositores de los empobrecidos barrios de La Guinera y 10 de Octubre de La Habana, con una importante población afrocubana, acusándolos de sedición y dictando las penas más duras, de hasta 26 años de prisión.  Seis acusados de estos barrios, de 16 o 17 años de edad al momento de su arresto, recibieron hasta cinco años de trabajos forzados.  Los funcionarios del gobierno cubano siguen deteniendo, acosando y amenazando a las madres de los opositores detenidos que se atreven a hablar públicamente de sus hijos. 

Estas injusticias tienen objetivos claros:  impedir que los ciudadanos cubanos ejerzan sus derechos e infundir el miedo a las represalias. Los cubanos tienen derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica según la constitución de Cuba y según lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  El gobierno cubano debe permitir a su pueblo expresar libremente sus esperanzas y aspiraciones, en lugar de gobernar mediante el miedo y la intimidación. 

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