** Dirigentes de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia denuncian maniobras políticas para bloquear la llegada del mecanismo anticorrupción. Además, se declaran listos para realizar un trabajo de observación del proceso de selección del nuevo fiscal general y adjunto.
Rubén Escobar – En Alta Voz
Tras la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, en febrero de 2023, la clase política hondureña representada por el tripartidismo habría rubricado un nuevo pacto de impunidad con la firma de un acuerdo, entre cuyos puntos principales está apoyar una reforma constitucional que en teoría vendría a darle “armas” a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pero que en la práctica se convertiría en un cerrojo que prolongaría la llegada del mecanismo y que, en última instancia, podría ser el detonante para que nunca venga.
Los pactos de impunidad son acuerdos entre políticos y grupos de poder para crear andamiajes legales o estructuras burocráticas para impedir que el Ministerio Público y el Poder Judicial puedan enjuiciar a actores corruptos (funcionarios, diputados, empresarios y prestanombres) y a miembros del crimen organizado.
Un nuevo pacto disfrazado de reforma constitucional
La diputada de Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Hortencia Zelaya Castro, presentó el 1 de noviembre de 2022 un proyecto de decreto encaminado a reformar el artículo 232 de la Constitución de la República, con el argumento de darle independencia a la CICIH y que sus actuaciones no estén condicionadas al Ministerio Público.
En febrero pasado, como punto de cierre de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las bancadas de Libre, el Partido Nacional y Liberal firmaron un acuerdo, cuyo punto número seis establece apoyar el proyecto de Zelaya Castro y así darle rango constitucional a la CICIH.
“Una reforma constitucional ¿para qué? Esa reforma constitucional que propone Xiomara Hortencia es parte del nuevo pacto de impunidad que firmaron las tres bancadas, pero no ayuda en absolutamente nada, ni a fortalecer ni a agilizar la instalación de la CICIH. Es muy preocupante”, refirió Gabriela Blen, dirigente de la Articulación Ciudadana por la Justicia y la Transparencia (ACJT).
La llegada de la CICIH es una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro, pero sobre todo es una demanda de una ciudadanía que se cansó de la corrupción en 12 años de gobierno del Partido Nacional y que votó por un cambio, que hasta ahora no se está cumpliendo. Tras 17 meses de gobierno lo que se tiene es la firma de un memorando de entendimiento que vence ahora, en junio y que debió extenderse para que el proceso siga en marcha; a finales de abril la presidenta envió una carta a la ONU con los términos de referencia para que llegue una misión técnica a establecer condiciones para que se instale la CICIH. Se anunció que esa misión vendría en mayo, pero nada pasó, ahora se dice que viene a inicios de julio.
En ese contexto de dilaciones buscar una reforma constitucional para que la CICIH trabaje es extender aún más el arranque de sus operaciones. La reforma sugerida por Zelaya Castro de ser aprobada por el Congreso Nacional en el 2023 y luego debe ser ratificada en el 2024 para que entre en vigencia.
“Muchos de los diputados investigados por la Maccih (Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras) no van a votar para brindarle facultades a la CICIH más allá de las que tiene el Ministerio Público. En el caso de la propuesta de Pichu Zelaya, no está proponiendo que la CICIH sea querellante adhesivo, ni siquiera algo que se le acerque”, refirió Blen.
A criterio de Jimena García, fundadora de la organización HN Resurge y miembro activa de la Articulación Ciudadana, impulsar una reforma constitucional no tiene sentido porque además de prolongar el proceso nada garantiza que, de aprobarse, sea ratificada en la siguiente legislatura. Un ejemplo de eso es la derogatoria de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE), que fueron abolidas en abril de 2022 por unanimidad, pero su ratificación sigue en espera.
A su criterio, existen figuras como la de “querellante adhesivo”, reconocida en el Código Procesal Penal por lo que su aplicación no requiere modificar la Constitución. Por otro lado, todo convenio internacional que firma el Ejecutivo y que se manda a ratificación al Legislativo se vuelve normativa nacional, entonces todo lo que se incluye en ese convenio pasa a ser parte de nuestras leyes, acotó.
Un paraíso para los corruptos y criminales
Ese pacto que podría bloquear la llegada de la CICIH, no es el único. Durante los ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández se estableció un andamiaje legal que hasta ahora no ha sido derogado y que sigue protegiendo a corruptos y a lavadores de activos. Entre ellos se puede mencionar el Decreto 130-2017, que contiene el Código Penal, llamado por algunos “Código de la Impunidad”, el cual redujo las penas a delitos de corrupción; el 116-2019, que le quita al Ministerio Público la facultad de investigar a quienes manejan (y desvían) fondos públicos, y la traslada al Tribunal Superior de Cuentas, un ente influido políticamente y que no tiene capacidad de investigación.
También el 117-2019, que blinda a los diputados por sus actuaciones dentro del Legislativo; el 57-2020, que interpreta los artículos 217, 219 y 2020 del Código Procesal Penal para impedir al Ministerio Público el comiso y secuestro de documentos; y el 93-2021, que modificó los requisitos para acusar a lavadores de activos y criminalizó la protesta social y a grupos indígenas y campesinos que poseen tierras de manera ancestral, pero que no tienen títulos expedidos por el gobierno.
Según estimaciones del fiscal Luis Javier Santos, solo este último decreto habría permitido que unos 400 testaferros de carteles como los Valle-Valle, Los Cachiros y de varios corruptos, salgan libres y sus bienes sean devueltos. Además, su vigencia pone en riesgo a Honduras de caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como paraíso fiscal del crimen organizado. Esto a su vez afectaría las operaciones financieras de los bancos y el acceso a créditos en organismos financieros como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y otros.
Para Gabriela Blen, lo que existe es “una mafia enraizada en la clase política”, y para mala suerte de los hondureños esa “mafia” es la que tiene que aprobar la CICIH y al fiscal general, y que nombró la Corte Suprema de Justicia.
“Vemos lejos la instalación de la CICIH. Creemos que, si Naciones Unidas tiene ciertos requerimientos que el gobierno de Honduras no va a cumplir, Naciones Unidas se puede retirar del proceso y decir que no va a instalar la CICIH”, pero al ser un organismo diplomático no va a culpar al gobierno de Honduras.
“Pero si la CICIH no se instala, no es culpa de nadie más que del Poder Ejecutivo y del Legislativo”, apuntó.
Padre Rafael Alvarado en representación de PANAL durante el informe de Observación del proceso de selección de candidatos a la CSJ
Observación de la elección del fiscal general
Una parte trascendental para que la CICIH pueda hacer un buen trabajo es la selección de altos magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del fiscal general y adjunto. Por ello, la Articulación Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, además de activar por la llegada del mecanismo, se ha involucrado en la observación de los procesos de selección en ambas entidades.
La ACTJ hizo un minucioso trabajo en las diferentes etapas de selección de magistrados de la Corte. En ese sentido ya generó un informe de todo lo acontecido, y ahora procede a realizar un trabajo de observación de la elección de las autoridades del Ministerio Público, según anunció la organización.
El proceso de selección inició con la selección de los representantes de las diferentes organizaciones que conforman la Junta Proponente. Estos son: Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte; Wagner Vallecillo, magistrado de la Sala Constitucional; Blanca Izaguirre, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Alejandro Hernández, del Colegio De Abogados De Honduras; Odir Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; Julio Raudales, por las universidades privadas; y José Ramón Ávila, por la sociedad civil.
La Junta Proponente deberá hacer una convocatoria, inscripción y revisión de las candidaturas. Para ello hará publicaciones en tres ocasiones en los diarios escritos de mayor circulación nacional y abrirá un plazo de veinte días para que los interesados se inscriban. Posteriormente se evaluará a los aspirantes mediante pruebas escritas y orales, entrevistas personales y verificación de antecedentes.
Finalmente seleccionará a cinco candidatos, los que considere más idóneos y los propondrá al Congreso Nacional, ente que deberá elegir al fiscal general y al adjunto con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, es decir 86 marcas, antes del 1 de septiembre. Los funcionarios durarán cinco años en el ejercicio de sus funciones al frente del Ministerio Público.
Jimena García explicó que realizarán una observación “eminentemente técnica, objetiva y transparente”, basándose en la Ley del Ministerio Público, en la Constitución, reglamentos, matrices, cronogramas, y en todas las disposiciones que la Junta Proponente adopte. Cuando lo consideren oportuno van a señalar lo que se pueda interpretar como un riesgo para el proceso y velarán porque los criterios aplicados sean objetivos.
Hizo un llamado para que la ciudadanía participe y en caso de tener información sobre un candidato involucrado en la protección de grupos criminales, o que defienda intereses empresariales o de partidos políticos, interponga las denuncias a través de los canales pertinentes para que estos sean eliminados. Lo mismo aplica para funcionarios de instituciones como el Ministerio Público, la Corte Suprema, y de la sociedad civil, quienes deberían denunciar a los aplicantes que no reúnan las condiciones idóneas para ocupar el cargo.
“La corrupción ha permeado a todas las instituciones públicas y políticas. Necesitamos que esos cinco candidatos que pase la Junta Proponente, tengan todas las características éticas, técnicas, morales y la capacidad jurídica para fortalecer al Ministerio Público, y que realmente actúen como la voz del pueblo ante todos los casos, no solo de corrupción, sino también de delitos comunes”, enfatizó.
El fin último de esta observación sería lograr que, en el Congreso, el fiscal general y el adjunto sean electos de la nómina de cinco que enviará la Junta Proponente, y que no se saquen a uno de “debajo de la mesa”; que los diputados elijan conforme a los méritos de los candidatos y no por su afiliación política ni por los intereses de grupos que quieran proteger. En este sentido el papel de la Junta Proponente es crucial para que solo los más capacitados y con altura moral integren la lista final, tal y como lo afirmaron en un comunicado diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Representantes de organizaciones que integran la ACTJ Honduras
García lamentó que algunos políticos especulen y digan que la elección del fiscal general es cosa negociada y que se le estaría otorgando al Partido Liberal a cambio de su apoyo para algunas votaciones en el Congreso, porque esto afecta la credibilidad del proceso.
“Es totalmente válido que la población tenga la suspicacia de pensar que estas cosas al final son manipuladas, pero no significa que tengamos que perder la esperanza y mucho menos bajar los brazos. En estos momentos es cuando más activos tenemos que estar para demostrarles a los poderes del Estado, que somos el pueblo soberano del cual emanan todos los poderes y que los estamos observando”, apuntó.
A criterio de Gabriela Blen “estamos muy lejos de la Honduras que queremos. Sin embargo, si contribuimos a que se sostenga el ‘status quo’ vamos a tardar más en revertir ese proceso. La CICIH es una punta de lanza. La Comisión Internacional Contra la Impunidad, y la selección de altas autoridades del sistema de justicia son cruciales, son la columna vertebral para que este país empiece a cambiar”, concluyó.
