Trabajo de campo: Melissa Hernández | Redacción: José Manuel Serén | Edición: Wendy Funes | Visualizaciones: Edwin Zúniga
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Desde la década pasada, el oriente de Honduras está teñido de censura. En El Paraíso, como en el resto del país, el silencio anida en los crímenes contra periodistas.
La carretera hacia ahí luce rodeada de pinares y es un paraíso para los impunes asesinos que van amontonando cadáveres. Suman 97 silenciados en todo Honduras, siete fallecieron de forma violenta en El Paraíso.
Acá matan y cierran medios. El Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023, publicado hoy Día Mundial de la Libertad de Prensa, destacó que “de acuerdo con reportes de organizaciones de la sociedad civil, la prensa que trabaja en Danlí enfrenta una ola de agresiones que van desde amenazas por parte de grupos criminales que pretenden imponer la pauta informativa en los canales locales hasta el cierre de un canal por ordenanza municipal por supuestamente no pagar impuestos”.
Este 3 de mayo, el director de Aviva TV, el canal cerrado en Danlí, Jaime Díaz, dijo a Reporteros de Investigación que el alcalde de Danlí, Abraham Kafati y sus aliados regidores municipales, mantienen su decisión arbitraria de mantener cerrado su canal.
“Sin tener competencia, ordenaron bajar nuestra señal de las empresas de televisión por Cable de la zona… Hoy que conmemoramos a la libertad de Prensa, Pido al Ministerio Público de Honduras más beligerancia y respuestas a la brevedad”.
Danlí, El Paraíso fue además el escenario de muerte de un periodista en diciembre de 2023. Solo siete meses antes de matarlo, dos asesinos a sueldo lo hirieron con tres balazos. Al cronista policial-judicial, le dispararon desde una moto en marcha.
A Francisco Ramírez Amador lo mataron el 21 de diciembre pasado cuando iba hacia su casa. El comunicador ejercía su carrera en Canal 24 de Danlí, al oriente de Honduras. Desde ese momento, el Estado le asignó protección policial, pero el policía que lo cuidaba también habría de resultar herido.
Los sicarios exhibieron su poder para cometer el crimen. Hicieron alarde de su impunidad atacándolo en dos ocasiones aun con protección policial. Fue un claro ataque con táctica y estrategia. Lo hirieron el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ese día fue el primer atentado y un 21 de diciembre, tres días antes de Navidad, le cegaron la vida. Esto deja una marca más perenne en la opinión pública.
Otro elemento que muestra el poder de la impunidad aparece en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2023: “Durante el ataque armado, el policía resultó herido por dos impactos de bala y fue trasladado a un centro de atención médica en Tegucigalpa”, dice el reporte de la RELE-CIDH.
Temas peligrosos
“La situación es particularmente preocupante para comunicadores comunitarios, y quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros. Asimismo, de acuerdo con la información recibida, el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos humanos, Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia no estarían cumpliendo de manera completa, efectiva y oportuna con sus obligaciones de proteger a periodistas e investigar ataques en su contra”, dice este reporte de la RELE-CIDH.
📢En el marco del #DiaMundialDeLaLibertadDePrensa, la @RELE_CIDH publica su #InformeAnual2023, el cual analiza las principales tendencias, los retos y avances de la #LibertadDeExpresión en las Américas.
— Relatoría Especial p/la Libertad Expresión (CIDH) (@RELE_CIDH) May 3, 2024
Comunicado: https://t.co/SP0wMIy3vK
Informe: https://t.co/3e06fCI8mV pic.twitter.com/Xocrf7nEco
Al borde del abismo
Entre las agresiones, la CIDH destacó, entre otros, los ataques contra Reporteros de Investigación:
“La RELE también conoció sobre presiones y amenazas por parte de una funcionaria pública contra la periodista Wendy Funes, directora del portal Reporteros de Investigación. De acuerdo con información pública, el 1 de agosto, la periodista recibió una carta de la gobernadora del Departamento de Choluteca, en la que le exigía cambiar el título de su investigación sobre funcionarios supuestamente involucrados en delitos transnacionales de tráfico de migrantes en Honduras, para evitar acciones legales en su contra. Asimismo, le solicitó a la periodista “abstenerse de emitir publicaciones con contenido (…) que falte a la verdad”. La funcionaria alegó sentirse afectada en su dignidad y honor” a raíz de las publicaciones de la periodista, y calificó de “temerarias y totalmente falsas” las informaciones presentadas en el reportaje.
Desde 2022, Wendy Funes y el equipo de Reporteros de Investigación han estado publicando reportajes que detallan los planes del gobierno de Honduras para aumentar la seguridad en el país mediante la militarización. A raíz de ello, desde abril de este año el medio de comunicación habría sido objeto de una campaña de descrédito, en la que su logo ha sido utilizado para promover noticias falsas. La situación se habría intensificado a partir de una cobertura que realizó el medio sobre la masacre de 46 mujeres en el interior de la cárcel de Támara, la principal cárcel de mujeres del país. Desde entonces, habrán comenzado a vincularlos con grupos de maras y pandillas”.
Datos cerrados en el Congreso Nacional
«Por otro lado, en materia de acceso a la información pública, si bien han existido avances, persisten serios obstáculos para que este derecho sea efectiva y plenamente garantizado”, destaca la RELE-CIDH.Informe RELE CIDH 2023
Ante ello, el equipo de RI monitoreó al azar bases de datos abiertos. La base de datos abiertos que tiene Open Contracting Partnership ofrece más de 44,000 documentos del Estado hondureño con 388,516 contratos y aparecen 387, 947 licitaciones. Hay una diferencia de 569 entre el número de contratos y la cifra de licitaciones.RI
El pasado 12 de abril se dio a conocer que 13 Secretarías han solicitado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) declarar reservada su información, lo que facilitará el ocultamiento de cierto tipo de información.
En 2019 revelamos cómo aunque tenía un convenio de Gobierno Abierto había un Gobierno Cerrado con reserva en 32 instituciones y penas con prisión para avalar Ley de Secretos. De tal forma que si no hubo modificaciones a este sistema de estado blindado, la reserva en 13 instituciones se suma a las 32 declaraciones previas de reserva y a las leyes penales que también establecen criterios de clasificación y que fomentan la cultura del secreto.
Absurdos.!
— Rihanna Ferrera (@RihannaFerrera) April 23, 2024
No entienden que esto será más un gasto y generara violaciones de Derechos Humanos, construir una base para otros destinos es otra cosa. Narcos https://t.co/avdMjZiioa
Es el Poder Legislativo uno de los más cuestionados por seguir un patrón de falta de transparencia; cuando periodistas solicitan información relacionada con las subvenciones o con el avance de la militarización, han recibido ataques en línea o cibernéticos.
El Poder Legislativo continúa siendo uno de los poderes que más violenta el derecho de acceder a información pública, justamente cuando fue en este poder del Estado en donde se derogó la tan cuestionada Ley de Secretos.
La cronista legislativa de Radio Progreso, Eleana Borjas, ha cubierto los últimos 14 años el Congreso Nacional. Es una reportera con pensamiento crítico, sagaz y que escarba en los asuntos de los gobiernos.
“Hay opacidad”. No niegan la información de manera directa, pero dicen que hay que esperar que se produzca la información y se publique.
Borjas solicitó desde mayo de 2022 información sobre transferencia y sobre ejecución de fondos del Congreso Nacional y la respuesta es que se está recopilando esta información o que no la encontraron cuando llegaron al poder. Un año después de solicitar información y no obtener respuesta, Radio Progreso denunció las negativas.
Radio Progreso ha solicitado información pública al @Congreso_HND sobre el uso de los fondos destinados a ayudas sociales, donaciones a asociaciones y donaciones a gobiernos locales en 2023.
— Radio Progreso HN (@RadioProgresoHN) April 2, 2024
Sin embargo, el Congreso Nacional se resiste a entregar la información pública. pic.twitter.com/X3Y9g0Y0JA
Para, Jennifer Ávila, directora de Contracorriente, en algunos casos ha existido un retroceso en relación con este derecho de todo ciudadano, siendo el poder legislativo el que ejerce mayor opacidad, sobre todo cuando se trata de revisar la distribución de fondos para ayudas sociales o bonos navideños.
En el caso del Congreso Nacional los fondos destinados a las «famosas subvenciones, llegan al millón de dólares y no sabemos si existe liquidación, pese a que varios medios de comunicación han solicitado esta información”, dijo la periodista.
A las quejas por la falta de respuesta del Congreso Nacional, se suman las del defensor de derechos humanos, Saul Bueso, del Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Fue categórico en manifestar el descontento por la falta de transparencia al no poder acceder a información pública, principalmente en el caso del Poder Legislativo.
Bueso al igual que los periodistas hizo referencia a que fue justamente en el Congreso Nacional en donde se derogó la Ley de Secretos. La alegría se convirtió en un gran vacío en quienes tenían las más altas expectativas que pondría fin a este ocultamiento de información.
Cada vez son más los periodistas que solicitan información sin obtener respuestas que acuden a C- Libre en busca de algún tipo de asesoría o acompañamiento.
Pese a todo ello, el IAIP calificó con un 100 por ciento en transparencia al Congreso Nacional.
El militarismo y la reserva de información sobre compras
Emy Padilla, Directora y Fundadora de Criterio.HN, también se caracteriza por hacer uso de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información desde su aprobación.
Cuando se derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos, mejor conocida como Ley de Secretos, la periodista pensó que existiría mayor apertura para obtener información pública como un derecho humano, sin embargo, en lugar de abrir espacios se han ido cerrando con la creación de decretos, declaró.
Hizo referencia al decreto de Casa Presidencial en 2022 que declaró reservada todo lo relacionado a compras y contrataciones, siendo este comportamiento el mismo en la mayoría de instituciones en las que se ha solicitado información.
“Por ejemplo, se pide información sobre subvenciones que se otorgan a diputados y no existe esa información como ejercicio de acceso a información pública”. Asumen que está en el Portal Único de Transparencia, pero no hay desglose para saber qué diputados recibieron dinero, el monto que recibieron y en qué gastaron ese dinero.
“Cuando hemos hecho publicaciones de la penetración de los militares en las políticas de seguridad del Estado, hemos tenido ataques, un ejemplo es cuando realizamos un Twitter Space en abril de 2023, nos hackearon la cuenta de Twitter”.
La periodista independiente, directora de Diario en Altavoz, Lourdes Ramírez, hace investigación social e investigación periodística. Ella investiga temas relacionados con los derechos de la mujer y otros derechos humanos. Su experiencia solicitando información pública, en lo que va del año, fue negativa, pero reconoce que todo cambia de una institución a otra.
“Hace dos semanas recibí respuestas de una solicitud hecha hace más de un año, esperé un año para decirme que la información solicitada está declarada en secretividad, aun cuando la Ley de Secretos ya fue derogada”, lamentó.
Ramírez asegura que en lo que va del año ha hecho más de 20 solicitudes de información pública y en más de la mitad de los casos, sigue a la espera de respuesta, principalmente en el caso de municipalidades como la de San Pedro Sula.
La reconocida periodista y defensora de derechos humanos, Dina Meza, agregó que desde la toma de posesión del nuevo gobierno solo ha tenido un cincuenta por ciento de respuesta a sus solicitudes de información.
Meza tiene amplias expectativas en las nuevas autoridades del Instituto de Acceso a la información Pública, pues el acceder a todo tipo de información es básico para toda democracia.
“Es importante cortar de raíz todos los vicios del pasado en relación con esconder cierta información porque perjudica a determinado funcionario”, expresó. Para Meza el plan de gobierno de la mandataria Xiomara Castro, en materia de Derechos Humanos es muy bueno, por lo que negar el acceso a la información pública es contradictorio.
Sí hay respuesta en algunas instituciones
El Jefe de redacción del Libertador Fabricio Rivera se refiere a que en este gobierno existen grandes retos en relación a este tema, pues no existe una apertura en rendición de cuentas, lo que se convierte en un desafío para el periodismo de investigación.
“Debo de reconocer que algunas instituciones intentan transparentar los procesos”, manifestó.
A mayo de 2024, El Libertador hizo más de cinco solicitudes de información y aunque la respuesta ha sido favorable, la información se queda corta, en muchos casos el personal de esta institución no comprende o tiene poca experiencia.
Oficiales de Información Pública sin preparación
Dunia Orellana, es una periodista y defensora de derechos humanos de la zona norte de Honduras, es fundadora y directora de Reportar Sin Miedo, atribuye la debilidad en relación con el acceso a la información pública a la falta de experiencia de los nuevos encargados de hacer este trabajo.
“Yo creo que es la falta de experiencia de estas personas que reciben nuestras solicitudes”. Orellana se refiere a los Oficiales de Información Pública (OIP), llamado así en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son el canal por el que se solicita acceso a información.
Reportar Sin Miedo lleva en 2024 cuatro solicitudes de información, de las que tres tuvieron respuesta favorable, pero sin obtener la información esperada.
El Instituto de Acceso a la Información Pública está a cargo de Hermes Moncada, Comisionado Presidente, seguidamente está la también Comisionada Lucy Hernández y Miguel Berrios (Comisionado Secretario), quienes son los responsables de que este gobierno sea más transparente y permita a los periodistas y comunicadores sociales poder informar al pueblo sobre la inversión de fondos invertidos en el Estado.
Oficiales de Información Pública desprotegidos
Sandy Palma, fue una de las Oficiales de Información Pública (OIP) más brillantes de Honduras, siempre tuvo batallas internas con sus jefes y funcionarios para ofrecer información y transparencia activa a la ciudadanía. Cuando llegó el nuevo gobierno, asumieron que era del Partido Nacional y aunque ella es crítica y no milita en ningún partido, la despidieron. Con esto el gobierno tuvo una fuga de cerebro de una de las OIP más especializadas del país.
El cambio de OIP’s con el nuevo de gobierno fue como dicen en las plazas de Honduras coloquialmente, «como pegarle una patada a un bolo (ebrio)” porque el IAIP no tiene facultades legales para protegerles.
“Al existir un nuevo gobierno y un partido político diferente, despiden a la mayoría de los oficiales de Información Pública, gente con muchos años de experiencia”, manifestó Palma.
Eso trajo como resultado un retroceso aunque no se tenga la intención de ocultar información. Para Palma, la contratación de nuevos oficiales de información pública sin cumplir con el perfil del cargo y sin ningún proceso formativo previo es una de las principales causas de la opacidad en el acceso a estos datos en ciertas instituciones y alcaldías.
En conclusión, las carencias en el acceso a la información son un síntoma estatal. Un síntoma que se convierte en una cáncer de censura extrema contra el periodismo hondureño con 97 comunicadores y comunicadoras asesinadas en una década, de acuerdo con la cifra del Conadeh. Mostramos a continuación el recuento de 85 víctimas.https://datawrapper.dwcdn.net/xiytP/1/
