Edmundo Orellana crítico y sepulturero de la Constitución & Daniel López Carballo, Jefe del EMC de 1982
Aclara, en forma contundente que la Constitución no fue un regalo, sino que el resultado de los esfuerzos de los grupos nacionales, aprovechando circunstancias históricas y coyunturales. Dice, lo que no se ha dicho nunca antes, “que la Constitución se hizo pensando en que los demócratas cuidarían de ella y que siempre respetarían el sagrado juramento que se presta ante el sagrado altar de la Patria. Quienes recién asoman a estas trincheras, –sigue diciendo– donde se construye la democracia, quizá vean de menos toda esta contribución que en el pasado se hizo por restaurar el estado de derecho”. Cosa cierta. Porque en realidad, a quienes entonces se les veía como amenaza era a los militares. Nunca a los civiles. No se anticipó entonces que algunos civiles pretenderían años después, menospreciarla, buscando eliminarla y vía una nueva Asamblea Constituyente redactar una nueva, bajo el concepto que con la actual el progreso era imposible. Los hechos están descritos con quirúrgica habilidad. Tienen la impronta del hombre que ha estado allí, buscando soluciones, disminuyendo tensiones; e incluso intentando desenlaces en que los potros desbocados del individualismo partidario, han terminado por imponer cursos de acción dolorosos del destino nacional.
Por ello, en estos artículos – que no siempre guardan la coherencia que uno espera de un libro que sin duda ha sido animado por elevados propósitos– puede ver en el esfuerzo por la defensa de la Constitución, la negación de enfermizas visiones que la imaginan como un cadáver que debe ser sepultado y la afirmación certera que quienes la han querido violar, han mellado sus intenciones en la dura coraza que significa el más duro de los artículos constitucionales, el artículo 375.
La tesis central en este apartado – posiblemente el más importante – es que la Constitución de 1982, esta integra, nítida porque, se ha pretendido reformarla por procedimientos que ella no ha establecido. Este argumento, echa por tierras a los que creen que desprestigiándola y elevando a los que la han ofendido, a la condición de cirujanos llamados urgentemente para extirparla, que la Constitución de 1982 no está enferma. Y que hace falta un nuevo acuerdo o pacto nacional, vía la convocatoria de una Constituyente que Flores considera absolutamente innecesaria.
Al final en este apartado, aunque el autor – uno de los más inteligentes y estudiosos de los constituyentes de 1982 – no lo dice en forma explícita, pero lo insinúa en su estilo oblicuo; que, aunque se redactó para que los militares no volvieran al poder, cosa que se ha logrado mostrando las virtudes de la misma, no se previó nunca que serían los políticos civiles los que la amenazarían, buscando la fórmula para volverla ineficaz obsoleta. Nunca imaginaron que el primer golpista sería un civil. “liberal” y Presidente la Republica.
Después de esta argumentación, una de las más sólidas, Flores lanza en ristre, defiende la vigencia de la Constitución. Es contundente: “Si la Constitución vigente no puede ser derogada, no hay forma que la academia (sean humildes, una cátedra y menos un académico es toda la academia) le encasquete al país una nueva constitución. Ni puede haber dos constituciones tampoco – albarda sobre aparejo– para que la gente escoja cual de ambas le gusta más. Nótese que el artículo constitucional expresa “cuando fuese supuestamente derogada, lo que inequívocamente conlleva que no puede haber derogatoria; que cualquier acto suplantando la soberanía popular intentando hacerlo, solo es una supuesta derogación ya que la constitución actual sigue vigente”. La tesis es sólida y la lección al académico (Edmundo Orellana Mercado) que dice que hay que enterrar a la Constitución, porque está muerta, tiene carácter ejemplar e inolvidable. Para estudiosos, periodistas y pueblo en general.
IV
Todo es útil en este conjunto de artículos publicados por Flores, en forma de editoriales en La Tribuna. Pero después de la defensa de la vigencia de la Constitución de 1982, posiblemente el asunto más importante es el referido a la subordinación de las Fuerzas Armadas a la dirección del poder civil representado en el Presidente de la República.
Desde la Constitución de 1957 – copiada de la de Guatemala revolucionaria de 1945– hasta la de 1965, en el país integra al poder y autoridad del Presidente de la República, el carácter de Jefe de las Fuerzas Armadas. La Constitución de 1982, respira otro estilo. Sin pasar por alto lo difícil que era el paso, durante el gobierno de Suazo Córdova, Gustavo Álvarez Martínez, asumió para si el liderazgo de las políticas económicas que llevarían al país al ansiado desarrollo.
Para ello, creo APROH en el cual integro a empresarios, académicos, obreros y campesinos, para desde un modelo corporativo empujar políticas que no disimulaban el hecho que Álvarez Martínez quería seguir repitiendo el modelo de co-gobernar al país. Afortunadamente, Álvarez Martínez fue defenestrado por sus compañeros (un 30 de marzo de 1984), en un golpe de barracas, con lo que se desmonto el esfuerzo para garantizar que las Fuerzas Armadas seguirían siendo el eje del poder. Y se mejoraron las condiciones para una transición ordenada e igualitaria. En “Los Idus de Marzo” Flores comparte interioridades desconocidas, en vista que la subordinación de los militares no fue fácil. Necesito de la buena voluntad de ambas partes. Y, además, se inició en el gobierno de Carlos Roberto Reina, cuya visión imperial del ejecutivo, no facilito en principio las cosas. Reina no solo era verbalmente espontaneo, sino que además, manejaba un talante anti militarista, algo mitigado; pero que incomodaba a algunos jefes militares. Por ello es que esta es la primera versión publica de lo que posiblemente fue, antes del 28 de junio del 2009, el “rubicon” de la democracia. El penúltimo jefe de las Fuerzas Armadas (Discua Elvir), inicialmente, pretendió reelegirse. Pero en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas no estuvieron de acuerdo. En “Los Idus de Marzo”,
Flores refiere que ante la propuesta de Discua Elvir, el mandatario Reina se opuso apasionadamente. “Inaceptable, exteriorizo el mandatario. (No era secreto que los Reina, en caso de tropiezos con la primera opción –la reelección de Discua Elvir – manejaban, bajo la manga, el nombre de otro oficial. Pero topaba con el inconveniente de los requisitos en la jerarquía de mando de las promociones). Planteado el impase optamos por intervenir expresando que la elección del Jefe de las Fuerzas Armadas era potestad del Congreso Nacional. Si bien el Consejo Superior estaba en su derecho de presentar la terna con su preferencia, el Legislativo no elegiría a un adversario del Presidente ni alguien que, por cuestiones justificables, no contara con su venia”.
Esta versión, es la primera que se conoce en forma escrita. Aunque circularon y circulan todavía, otras mas. Flores aprovecha la oportunidad para ratificar que “Las reformas constitucionales para subordinar a la institución militar a la égida del poder civil fueron planteadas, como lo hemos puntualizado, en el marco de nuestra propia agenda pública, primero como titular del legislativo y después como primer mandatario de la nación”. Y además, para ratificar “que no hubo, es preciso insistir en ello, acuerdo alguno en los Laureles, que implicara compromiso subsecuente de eliminar la Jefatura de las Fuerzas Armadas”.
Por supuesto esta parte de “Los Idus de Marzo”, provocara algunas respuestas. Especialmente de parte de Mario Hung Pacheco que fuera el más involucrado en el asunto a que se refiere el ex presidente Flores. En nuestro caso, nos parece exagerado aceptar que en la institución militar hayan existido, para entonces, enemigos del Presidente Reina. Flores dice que hasta que llegó el momento de reformar la Constitución y emitir una nueva Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, “ubicando a los uniformados bajo la egida del poder civil. Quedando eliminado el influyente cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas y la potestad del Congreso para elegirlo”
Esta medida, en la que participaron los propios militares, plantea una pregunta inevitable – por lo menos en mi caso – sobre si la sociedad política, había llegado a la madurez suficiente para quitarle a los militares, la carga de la defensa de la Constitución. Flores cree, posiblemente por su entusiasmo constitucionalista y por su formación civilista, que la Constitución es tan fuerte, que se defiende sola. Creemos, viendo a Zelaya Rosales y a Salvador Nasralla y agregando la debilidad del Partido Liberal, que cuando se produjo la subordinación de los militares, especialmente su sociedad política, todavía no había formado a los políticos, dispuesto a su defensa. Y que, además, no se previó más bien, que, en el interior de las estructuras políticas, velaban armas caudillos universitarios, interesados en la destrucción de la Constitución para cumplir sus propósitos, disimulados de afirmaciones inoportunas, como que, con la de 1982 “es imposible que nos podamos desarrollar”.
Lo más interesante de todo, es que, en cambio los militares como institución y su oficialidad, sí estuvieron dispuestos a subordinarse, incluso aceptando algunos excesos y precipitaciones de algunos líderes civiles con poderes presidenciales. La destitución de la cúpula militar, – representada en el Estado Mayor Conjunto — durante la gestión del propio Carlos Flores, ocasionada por tensiones con el Ministro de Defensa Edgardo Dumas Rodríguez, en forma brusca e ilegal en algunos momentos si se estudian los decretos de destituciones y nombramiento con quince minutos de intervalo, fácilmente pueden calificarse como ilegales, no ponen nerviosos a los militares y más bien, aceptan con singular profesionalismo y amor a la institucionalidad, confirmando lo dicho anteriormente.
Nosotros no creemos que haya habido insubordinación. Ni tampoco que haya sido necesario como lo refiere Flores que, en un momento, cauteloso de un levantamiento, que había que tener a mano “el helicóptero presidencial listo en el helipuerto de Casa Presidencial”. Si le creemos que le dijo al Jefe de la Guardia de Honor (López Carballo), que al final nombro como Jefe del Estado Mayor conjunto, que “buscara una unidad leal donde aterrizar, que de allí podamos girar instrucciones, si es preciso por la radio, para sustituir los jefes desobedientes (Romero e Interiano) por los comandantes a cargo de los batallones”. La forma como actuó, con energía y decisión, no es discutible. Lo que ponemos en duda es la supuesta rebelión. Y la idoneidad de sus tácticas para conjurarlo.
Lo que ocurrió fue una incomodidad pasajera de los militares por la forma como los trataba Edgardo Dumas Rodríguez. En una oportunidad, me invito para que inspeccionáramos cuarteles. Al principio creí que se trataba de visitas normales y no de inspecciones ofensivas al honor de los oficiales; pero cambié de opinión, cuando me dijo que teníamos que salir antes de las tres de la madrugada para llegar al cuartel que inspeccionaríamos a las 4 de la mañana. Por ello no creo que haya habido rebelión alguna, sino que expresiones, fruto de un lenguaje de cuadras, en que por lo menos, un oficial nos refirió que le había mandado a decir al Presidente Flores que, en una de esas madrugadas, le podían enviar al Ministro de Defensa, amarrado para que procediera a su destitución. Una revuelta militar en forma, como creyó Flores, no habría podido controlar. Por ello es que, cambió en unas pocas horas, en un despliegue de la superioridad civil, posiblemente necesario pero exagerado visto en la distancia, a la cúpula militar, manteniendo una cadena nacional en donde ni siquiera la voz de Nahún Valladares me convenció totalmente. Claro esta visión, es muy personal y desde fuera. Siempre el Presidente de la República tiene más información que los observadores e investigadores.
En lo que si estoy de acuerdo es que la experiencia narrada por Flores, puso a prueba el profesionalismo de los militares que, aunque injustamente tratados, asumieron las decisiones de quien consideraban la autoridad legítima, el Presidente de la República, con estoica obediencia.
En un acto, sin parangón con la conducta de los civiles defensores de la ley, la democracia y la Constitución, refiere Flores término “la integración del nuevo Estado Mayor conjunto, los oficiales se despidieron muy respetuosamente con el saludo militar de rigor. Así, – no de otra forma – se perfecciono el proceso de la subordinación del poder militar al civil”. Lo que estaba por ver era el comportamiento de los políticos civiles, demócratas, liberales, teóricos defensores de la Constitución una vez que habían relevado a los militares de tan importantes tareas.
V
Contrastando el comportamiento de la institución militar y el de la clase política; es decir dándole vuelta a la situación, el resultado es totalmente negativa por la forma como por los políticos civiles — desde el poder–, aunque llamados a defender la Constitución, intentaron pasar por encima de la ley, desconocerla, buscando derogarla. Incluso obligando a los militares para que fueran sus cómplices en estas violaciones. Lo que, como todos sabemos, provoco, “la crisis (que fue) políticamente la tormenta perfecta que enterró todo avance institucional logrado durante varias etapas continuadas de alternancia democrática”. Se refiere Flores a la crisis de la cuarta urna, la consulta para convocar a una Asamblea Constituyente y la destitución del Presidente Manuel Zelaya Rosales por la Corte Suprema de Justicia y su expulsión del país por el estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas hacia Costa Rica. Coincidimos con Flores que lo ocurrido el 28 de junio del 2009 y las acciones ocurridas anteriormente, “el daño fue tanto al frágil tejido sistémico como a las relaciones de convivencia” fue inmenso. Tanto por los que originaron el conflicto, como por el desenlace. En lo primero, nos enteramos de los esfuerzos que se hicieron. Y entre los que destaca los realizados por el ex presidente Flores, que, hasta la última noche, hizo esfuerzos por evitar que la práctica de la cuarta urna, se volviera un acto ilegal y de irrespeto a la institucionalidad.
Pero la verdad es que Zelaya Rosales y sus cercanos asesores, algunos probos profesores universitarios de las ciencias del derecho, creyeron que las condiciones externas privarían sobre la fortaleza de la institucionalidad. En Esta parte, Los Idus de Marzo”, nos ofrece lecciones sencillas, en lenguaje para todos, muy útiles para entender que el camino es el de la juridicidad y no la violencia, que irrespeta la ley, porque no está justificada en ningún momento.
Este libro entonces, donde se encuentran detalles que nos parece innecesario resaltar, es un valioso instrumento para evaluar a la clase política nacional y una guía para explicarle a todos – especialmente a algunos líderes liberales que manejan cierto sentimiento de culpa hacia un gobernante que nunca fue liberal – que lo que ocurrió el 28 de junio del 2009, es una prueba de la fortaleza de la Constitución, de la institucionalidad civil y del profesionalismo de los militares que amparados en la ley, se resistieron a cumplir una orden para la cual no estaban facultados.
Unas palabras finales. Buen libro “Los Idus de Marzo”. Testimonio extraordinario, de enorme utilidad para la historia política de Honduras. Y un retrato en sepia, de lo que necesita el país para asegurar su desarrollo: estadistas que honren sus juramentos, cumplan su palabra y nunca levanten las manos en contra de la Constitución. Y que más bien, destruyan los trabucos y vía el dialogo, busquen acuerdos para desarrollar a Honduras y darles a todos los hondureños un destino mejor.
Barcelona, 18 de noviembre del 2019
