Por: Evelyn Alva y Jessica Ortega
“Creer en Plural” es una iniciativa conjunta de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Democracia (RedLad) y la organización Otros Cruces, que busca fortalecer la libertad religiosa, de creencia y conciencia (LCCR) en América Latina y el Caribe. Este proyecto tiene como objetivo principal empoderar a la sociedad civil para promover y proteger estos derechos, además de exigir a los gobiernos de la región el cumplimiento de las normas internacionales y regionales, incluida la implementación de la resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre libertad religiosa.
El 30 de agosto, se presentó en Honduras el proyecto “Creer en Plural”, en colaboración con diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, para abordar la situación de la libertad religiosa en América Latina y el Caribe. Durante el encuentro, se discutió cómo la violencia y la discriminación religiosa afectan de manera desproporcionada a mujeres y grupos étnicos en la región. Además, se compartieron experiencias y estrategias para proteger y promover la diversidad de creencias y se exploraron formas de colaboración para enfrentar estos desafíos.
El proyecto “Creer en Plural” se desarrolla a través de cinco componentes fundamentales: Investigación, incidencia, formación, movilización y protección. Estos componentes permiten articular de manera efectiva las acciones necesarias para ejecutar el proyecto, promoviendo un diálogo plural y la construcción colectiva. Además, el proyecto se enfoca en el fortalecimiento de nuevos liderazgos que puedan abogar por la libertad religiosa y de creencias en sus comunidades.
Una parte central de “Creer en Plural” es su trabajo con personas y organizaciones que han experimentado violencia o discriminación debido a sus creencias religiosas. A través de la investigación y el monitoreo constante, el proyecto busca crear mecanismos que no solo protegen, sino que también promuevan la LCCR en la región. Países como Brasil, Chile, Haití, México, Nicaragua y Venezuela son el foco principal de estas actividades, debido a la alta incidencia de violencia y discriminación religiosa.
Un componente clave del proyecto ha sido el desarrollo de una ruta de atención para sobrevivientes de violencia religiosa, que facilita procesos de acompañamiento diseñados para mitigar el impacto de estas situaciones. Este enfoque práctico se basa en el diálogo directo con las víctimas, lo cual refuerza la calidad del apoyo ofrecido y permite una comprensión más profunda de sus necesidades y experiencias.
El informe documenta numerosos casos de violencia contra personas de diferentes creencias, con un aumento significativo de incidentes reportados durante el período de estudio. Las víctimas representan una amplia variedad de creencias, desde el agnosticismo y el islamismo hasta las espiritualidades indígenas y el ateísmo, lo que refleja la diversidad de las comunidades afectadas. Además, el informe destaca el impacto psicológico y social negativo en las víctimas, señalando efectos como el estrés postraumático y el aislamiento social.
El estudio también identifica diversas estrategias que las víctimas han empleado para enfrentar la violencia, incluyendo el apoyo comunitario y la búsqueda de recursos legales. Sin embargo, destaca una serie de necesidades no satisfechas en la atención a las víctimas, como la falta de apoyo psicológico especializado y la necesidad de medidas legales más efectivas. Estos hallazgos subrayan la importancia de mejorar las estrategias de atención y apoyo, así como de implementar enfoques más efectivos y adaptados a la realidad de las personas afectadas.
También se centró en enriquecer la caracterización de la violencia por motivos religiosos. En un encuentro celebrado en Bogotá, participaron 18 personas de distintos países de América Latina, quienes evaluaron y ajustaron los elementos desarrollados por el proyecto basándose en sus experiencias personales y profesionales. Durante este proceso, se discutió la importancia de reconocer a las personas como víctimas o sobrevivientes, y se exploraron alternativas como el uso del término “sobreviviente” para promover el empoderamiento y la recuperación. También se subrayó la necesidad de crear espacios de diálogo abiertos para reflexionar sobre las experiencias de violencia y desarrollar redes de apoyo efectivas.
El proyecto ha identificado varios criterios clave para caracterizar y diferenciar estos tipos de violencia, entre estos criterios se incluyen las limitaciones en la práctica religiosa, los ataques en redes sociales, el daño a la reputación, las descalificaciones de creencias y la exclusión social y laboral. También se reconoce que estas violencias a menudo se intersectan con otras formas de vulneración, como la discriminación por género, orientación sexual o situación socioeconómica.
Además se ha revelado la complejidad de las violencias basadas en la religión o las creencias, destacando la necesidad de enfoques holísticos para su comprensión y abordaje. En este sentido, el “Termómetro de Violencia” se presenta como una herramienta esencial para identificar y clasificar estas agresiones, considerando tanto la intensidad de las mismas como su contexto.
Imagen obtenida desde el informe del proyecto “Creer en Plural”
El proyecto “Creer en Plural” ha mostrado ser una iniciativa crucial para abordar la violencia y discriminación por motivos religiosos en América Latina y el Caribe. A través de sus diversos enfoques y herramientas, busca empoderar a las comunidades afectadas, promover el diálogo y fortalecer la resiliencia y el liderazgo en la región. Su trabajo destaca la importancia de comprender las violencias religiosas en toda su complejidad y de desarrollar estrategias integrales para su prevención y erradicación.
En el contexto de Honduras, un proyecto como este podría tener un impacto positivo al abordar las múltiples formas de violencia y discriminación por motivos religiosos que aún persisten en el país. La implementación de estrategias centradas en el reconocimiento de las víctimas, el fortalecimiento de redes de apoyo y el fomento de un diálogo inclusivo contribuiría a promover una mayor comprensión y respeto hacia la diversidad de creencias. Además, este enfoque permitiría que las personas afectadas, especialmente las mujeres y los grupos étnicos, encuentren un espacio seguro para expresar sus experiencias y acceder a mecanismos de protección y justicia, fortaleciendo así los derechos humanos y la convivencia pacífica en la región.
