Escrito por Francisco Saravia, economista e investigador del CESPAD
31 de mayo del 2020

A continuación se presenta el análisis del principal acontecimiento semanal del país, desde la perspectiva del CESPAD.

Durante esta semana que finalizó, la crónica anunciada de la reactivación económica y el desconfinamiento mostró su velo cuando el gobierno anunció que comenzaría a poner en práctica el llamado “Plan de apertura inteligente económica y social”. A sugerencia de una Comisión Interdisciplinaria y de mesas de trabajo, de nuevo excluyente y alineada al gobierno nacionalista en el poder, el Plan comienza a partir del 1 de junio con una fase inicial consistente en preparativos y capacitación a los trabajadores en materia de Bioseguridad y cuidado de los clientes, para abrir las actividades económicas el lunes 8 de junio a nivel nacional, aunque con diferentes medidas en 3 zonas seleccionadas del país. Entre una de sus modalidades, el número de trabajadores reincorporados parte de un 20% del personal y cada 15 días se irá incrementando en un 20% más.

La cúpula empresarial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), había comenzado a gestar su estrategia de reapertura con la complicidad gubernamental desde las primeras semanas de confinamiento, aunque lo negaron en un comunicado del 8 de abril. Aquellos rumores se confirmaron después cuando los equipos integrados por el COHEP y el gobierno, a través de las llamadas mesas de trabajo, comenzaron a anunciar los protocolos de bioseguridad para diversas actividades, previo y en el contexto de una amplia estrategia mediática para convencer a la ciudadanía de la necesidad de activación económica que, sin embargo, continuó desconfiada de la medida.

En esta última semana de mayo, el sector de transporte, con su capacidad de movilización y bloqueo de la ciudad capital, apuntaló esa estrategia (pese a estar al margen de las mesas de trabajo) con tomas durante dos días de las principales avenidas y arterias viales que dieron el puntillazo final para que el gobierno y el COHEP anunciaran sin cortapisas, su anhelado plan.

La ciudadanía, sin embargo, ha acrecentado su incertidumbre y desconfianza en la gestión gubernamental, pese al pretendido “ablandamiento” mediático. ¿Qué posibilidades tiene este plan de ser efectivo, es decir, que revierta las tendencias de contagio y mortalidad del COVID 19 y asegure la reactivación económica y social interrumpida por la pandemia?

La comunidad de expertos, más allá de y en contra el consenso de la Comisión interdisciplinaria y las excluyentes mesas de trabajo del gobierno, ha insistido en que la apertura de las economías requiere dos condiciones sustantivas que parecen ausentes en Honduras: suficientes pruebas de contagio y aseguramiento de las actividades de primera línea en saneamiento y alimentación. Por otro lado, los países más exitosos en el combate al COVID-19, como Taiwán, Corea del Sur y China, pero también de los países europeos, han confirmado que estas condiciones son fundamentales, a lo que han sumado el uso de tecnologías para la detección del contagio y el control de los infectados. En el mismo sentido, la OMS ha advertido sobre los riesgos de una reapertura prematura de la economía.

Lejos de esas condiciones, el contexto de la pandemia en el país es de un contagio en ascenso, en la medida en que se han ido incrementando las pruebas de detección, cuando se sabía que Honduras era el país centroamericano con menores pruebas realizadas. En el cierre de esta semana, además, los datos mostraron que el epicentro de la epidemia, que es el departamento de Cortés, por primera vez fue desplazado en los resultados de contagio diario por Francisco Morazán, tal como lo habían advertido los pronósticos durante las semanas previas.

Las desinteligencias del plan y las dudas razonables sobre su efectividad

Existen varias razones para dudar en la coherencia y sustento del plan inteligente de apertura económica y reafirmar la desconfianza de la ciudadanía de que el remedio de la reactivación económica resulte más dañino que la enfermedad de la pandemia.

En primer lugar, la estrategia gubernamental de combate a la pandemia no tiene ni tecnologías para la detección y el control de la población infectada ni pruebas masivas. Al contrario, el plan tiene el pecado original de que carece de información epidemiológica objetiva, en razón de que el número de pruebas ha sido insuficiente. Como lo señala La Prensa del 23 de abril de 2020, el país no dispone de información cuantitativa con base científica que le permita desarrollar una estrategia efectiva ni transparente que sirva a los expertos para formular propuestas.

En este marco resultan reveladores las declaraciones de uno de los principales promotores e interesados del plan, Juan Carlos Sikaffy, en el programa Frente a Frente del 6 de mayo: “Yo creo que el confinamiento ha sido importante y ha aplanado la curva. (…) Que no podemos corroborarlo porque no se han hecho suficientes pruebas eso es otra cosa, pero yo sí creo que eso ha servido mucho y es por eso que tenemos que empezar a pensar en una desescalada”.

En segundo lugar, el país no dispone de las condiciones exigidas para el aseguramiento de que la reapertura de la economía se haga de manera segura. En un prototipo de valoración de estas condiciones, elaborado por el Banco Mundial, se señala como un indicador clave para dicha reapertura que las tendencias de propagación se hayan reducido, lo cual es lejano en Honduras. Las estadísticas muestran, al contrario, una expansión: los casos de infectados que para finales de abril equivalían a 804, al final de mayo ascendieron a 5,094, es decir se quintuplicaron. Mas preocupante aún es que la proyección del modelo matemático de la Dirección Médica Nacional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la cual proyectaba que para finales de junio habrían unas 5,000 personas contagiadas de Covid-19 , con unos 500 pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero este valor ya había sido rebasado al 30 de mayo, con los 5,094 contagiados.

El otro indicador clave, que tampoco se cumple, es que la salud pública y los sistemas de atención en salud estén listos para contener nuevos brotes y atender a los pacientes, lo cual implica hacer pruebas, rastrear contactos y aislarlos, capacidad para hacer pruebas a los trabajadores de salud, entre otros, y disponibilidad de camas de UCI, ventiladores y otros equipos médicos. La carencia de estos hechos ha sido ampliamente denunciada por el gremio de médicos y enfermeras, pese a que el gobierno lo ha negado persistentemente. Un subindicador crítico es la creciente cantidad de médicos y enfermeras que han sufrido contagios del virus.

Finalmente, entre otros factores, el Plan se basa en la capacidad de las empresas para cumplir los protocolos de bioseguridad y del gobierno para la supervisión de su cumplimiento, pero estas condiciones no son de fácil acatamiento dadas las carencias en ambos actores. En el caso de las empresas es significativo el ejemplo del sector transporte, que en protocolos previos exigiría un pasajero por cada asiento, reduciendo de 60 a 30 la capacidad de pasajeros transportados. Esto es improbable, por el lado de la oferta, dada el histórico incumplimiento de estos acuerdos (para el caso, prohibición de pasajeros parados en los buses) pero también de la demanda, pues para que esta no se desborde, exigiría el doble del parque de buses y eso es improbable dado el monopolio, tutelado por subsidios gubernamentales, en este sector.

Pese a su imposición, la estrategia re-aperturista y su intención de forzar el retorno de la “vieja normalidad” no las tienen todas consigo. Las raíces de la pobreza, la exclusión y el descontento popular que la pandemia ha exacerbado, pueden explosionar en una nueva crisis, si la prioridad puesta ahora en la economía sobre la sanidad resultase fallida.

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