El obispo nicaragüense fue extraído de la Curia Episcopal de Matagalpa para imponerle arresto domiciliario en Managua, en lo que podría representar un movimiento más para obligarlo al destierro. Entretanto, los otros religiosos detenidos también serán investigados mientras guardan prisión en las celdas de “El Chipote”. La población denuncia y acompaña el minuto a minuto de los sucesos, que retratan un nuevo hito de la cacería estatal en contra de la Iglesia católica y su sacerdote más crítico.

Por Redacción Central | @CoyunturaNic

Análisis, política y derechos humanos

Matagalpa, Nicaragua

Ilustración de Coyuntura

Luego de la inédita y violenta redada nocturna desarrollada por la Policía Nacional de Nicaragua en la Curia Episcopal de Matagalpa, ocho religiosos católicos fueron detenidos, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, para ser trasladados a la capital nicaragüense, a 130 KM de distancia de donde se encontraban. Cinco horas después de la operación, el cuerpo de seguridad estatal confesó el crimen y confirmó el traslado obligatorio del obispo matagalpino a su vivienda en Managua, en donde deberá permanecer arrestado hasta nueva orden. La Policía aseguró en un comunicado que Álvarez pudo reunirse con sus familiares, y confirmó que Leopoldo José Brenes, Arzobispo de Managua, “le ha visitado” para conversar “ampliamente”.

Mientras tanto, los otros siete laicos fueron trasladados “con respeto y observación de sus derechos” a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote, luego de la detención que se dio de forma exprés a las tres de la mañana de este viernes 19 de agosto. Serán “indagados” de conformidad a la Ley, según la institución controlada por la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y segunda al mando, Rosario Murillo.

La extracción, el traslado y el arresto

Fuentes eclesiásticas aseguraron a COYUNTURA que el asalto, dirigido por el comisionado matagalpino Sergio Gutiérrez -bajo el mando del comisionado general y subdirector de la Policía Ramón Avellán-, fue violento y perpetrado por más de 20 oficiales de las fuerzas especiales, distribuidos en al menos 15 patrullas, quienes tenían como objetivo principal extraer a monseñor Álvarez y trasladarlo hasta la ciudad capital, contradiciendo la versión oficial. Además, aseguraron que las circunstancias reflejan que cualquier decisión sobre la vida del sacerdote -el más crítico contra el régimen- y los religiosos católicos estará en manos de la pareja dictatorial nicaragüense, cuya persecución religiosa contra la Iglesia se ha endurecido en los últimos tres meses.

“Ordenaron a los guardas de seguridad de los bancos y negocios a esconderse y no ver lo que sucedía”, denunció el abogado matagalpino y exfuncionario judicial Yader Morazán. “El operativo relámpago duró 30 minutos aproximadamente. Cerraron las calles aledañas”, agregó el jurista.

La Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado asegurando que “el señor Arzobispo Cardenal Leopoldo Brenes, tuvo la oportunidad de visitar y conversar con monseñor Álvarez en su residencia familiar, patentizando su estima fraterna en nombre de la iglesia nicaragüense”. La comunidad católica también asegura que “su condición física esta desmejorada”, pero “su “ánimo y espíritu están fuertes”, a pesar de las dos semanas de alimentación precaria y retención obligatoria en la casa cural de Matagalpa.

Por otra parte, los vicarios José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, los sacerdotes Ramiro Tijerino y Raúl González, los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, y el camarógrafo Sergio Cárdenas, fueron llevados a las letales celdas de El Chipote en varios vehículos, y de forma individual, aunque se desconoce bajo que justificación legal están siendo retenidos e investigados. “En la casa cural de Matagalpa permanece, en carácter de autoridad eclesial y sin ninguna restricción policial o de movilidad, el señor vicario, monseñor Oscar Escoto”, cita la Policía en el documento divulgado este viernes.

La respuesta a la detención ilegal

La detención de monseñor Álvarez y los siete laicos generó varias respuestas de la comunidad internacional, las autoridades religiosas de la región y la población nicaragüense dentro y fuera del territorio, quienes denunciaron el acto ilegal. “La Ley establece que los allanamientos se deberán de hacer entre las seis de la mañana y seis de la tarde, y sólo en estos dos casos excepcionales se puede hacer a otra hora: con el consentimiento del dueño de la casa o en casos sumamente graves y urgentes”, explica Morazán.

Según la Oficina del Portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas, “los informes sobre el allanamiento de la residencia del obispo católico de Matagalpa no hacen sino aumentar la preocupación de Antonio Guterres por el grave cierre del espacio democrático y cívico en Nicaragua”. A través del funcionario Farhan Haq, Guterres reiteró su llamamiento al mandatario Daniel Ortega para que garantice “la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, particularmente los derechos universales de asamblea pacífica, libertad de asociación, pensamiento, conciencia y religión”.

Por su parte, la población siguió el minuto a minuto de los sucesos desde la madrugada, poniendo en alerta a todo el país, a pesar de la cruzada del régimen contra los medios independientes y el apagón instaurado contra los medios locales. En el caso de Ciudad Darío, un grupo de feligreses se dio a la tarea de resguardar la seguridad del párroco Vicente Martínez, luego de que su parroquia fuera asediada por la Policía a primera hora de la mañana del 16 de agosto.

Martínez hizo que sonaran las alarmas y campanas de la parroquia en señal de alerta tras los hechos ocurridos en Matagalpa, lo que alertó a los ciudadanos de la zona.

A consecuencia de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también condenó “la escalada represiva en contra de integrantes de la Iglesia católica en Nicaragua”, urgiendo “al Estado a cesar de inmediato estos actos”. “El obispo (Álvarez) habría sido responsabilizado por las autoridades de ‘ejecutar actos de odio’ y ‘desestabilizar al Estado’; asimismo, en declaraciones públicas, la vicepresidenta lo acusó de cometer ‘crímenes de lesa espiritualidad’, debido a su denuncia y oposición a la confiscación y cierre de siete radioemisoras de la Diócesis de Matagalpa”, cita el boletín del organismo.

A su vez, la Conferencia Episcopal de Venezuela, la Secretaría Episcopal de América Central y la Conferencia Episcopal de México, entre otras entidades religiosas y civiles, se solidarizaron con la comunidad nicaragüense y los detenidos.

Los “intentos” del régimen para obtener “colaboración”

La Policía asegura que “durante varios días esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa”, sin mencionar en todo el documento el nombre de monseñor Álvarez. La “comunicación” que el régimen Ortega-Murillo supuestamente esperaba del religioso nunca llegó. En cambio, el sacerdote emitió durante sus 15 días de encierro varias homilías con mensajes esperanzadores para la población nicaragüense, que a pesar de las horas de tensión se mantiene en alerta y sigue el minuto a minuto de los hechos.

“¡Colabore con la paz, por favor”, le dijo Gutiérrez, jefe policial matagalpino, a monseñor Álvarez. Una advertencia que el religioso decidió ignorar y refutar desde aquel 04 de agosto, con el Jesús Sacramentado en manos.

“Preocupémonos por llevar el traje de fiesta en el Reino de Dios”, dijo el obispo matagalpino horas antes de su arresto, luego de una jornada de más de 360 horas de encierro y antimotines en la puerta.

Según el régimen nicaragüense, el operativo policial “permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas”. Sin embargo, durante todo este 19 de agosto en la ciudad de Matagalpa se ha vivido una “calma realmente tensa”, como se constata en el relato de ciudadanas y ciudadanos en el norte del país centroamericano. “Es notorio el ambiente en la ciudad. Hoy amaneció desolada de policías, cual palomitas blancas. De pronto los de tránsito se extinguieron. Pero a la gente no se le engaña. Ellos saben lo que pasa y eso nadie lo ocultara”, expresó una ciudadana en las cercanías de la Catedral de Matagalpa.

La inactividad del Papa ante los hechos

Rodrigo Guerra López, Secretario del Pontificio Consejo para América Latina, aseguró al medio de comunicación digital Aleteia que “el papa Francisco está súper enterado de todos los acontecimientos que ocurren en Nicaragua” y que el silencio del líder del Vaticano “no significa inactividad o falta de decisión”. Además, López asegura que a pesar de no haber nuncio apostólico en el país -debido a que fue expulsado a inicios de este año-, “están en curso operaciones diplomáticas a través del cardenal Brenes y de algunas otras personas”, incluido el propio profesor y filósofo católico.

“Están trabajando en otros planos. Y en el momento en que el Santo Padre vea prudente, por supuesto, tendrá una intervención. A mí no me extrañaría que después del encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, a lo mejor el domingo (cuando presidirá el Ángelus) el Papa nos regale algún primer comentario. No me extrañaría. Pero, eso es el tema exterior. La Santa Sede, principalmente trabaja en la diplomacia discreta”, cita Aleteia.

Sin embargo, un monitoreo realizado por el equipo de COYUNTURA a varios espacios digitales independientes, entre transmisiones de medios de comunicación y espacios públicos de discusión en internet, documenta una jornada de denuncias locales e internacionales, y muchas acusaciones de inacción por parte del Papa ante los graves hechos suscitados en Nicaragua.

Mientras tanto, el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez, reprochó los sucesos y rogó por apoyo en medio de la situación extrema. “Condeno la cobarde y vil persecución de la dictadura de Nicaragua contra la Iglesia Católica. La Iglesia del mundo entero debe volver los ojos hacia mi país. Necesitamos la oración, la cercanía y la denuncia de toda la Iglesia. Les ruego de corazón: ¡No nos abandonen!”, dijo Báez.

Además, la comunidad de nicaragüenses exiliados en Costa Rica realizó la noche de este viernes 19 de agosto una concentración frente a la Catedral de San José, exigiendo el respeto de la integridad y vida de los religiosos detenidos en las últimas horas, así como la liberación de las y los rehenes políticos en Nicaragua. A su vez, durante toda la tarde se realizó un plantón cívico frente a la embajada nicaragüense, en repudio al régimen Ortega-Murillo y a las detenciones arbitrarias.

Destierro de monseñor Álvarez parece ser el objetivo

Con las detenciones de esta madrugada, que representan un hito en la cacería estatal en contra de la Iglesia católica y su sacerdote más crítico, el número de religiosos católicos secuestrados por la Policía a nivel nacional en los últimos tres meses se eleva drásticamente a 11. Tres de ellos (Oscar Benavidez, José Leonardo Urbina y Manuel García) arrestados y acusados por la Fiscalía tras supuestamente cometer diversos delitos “contra la ciudadanía nicaragüense”.

Es necesario subrayar que en el caso de monseñor Álvarez, la determinación de Ortega y Murillo no estaba definida en su totalidad, llegando a tomar a última hora la decisión de movilizar al religioso a su vivienda en la capital y dejarlo bajo arresto domiciliario. Ahora el obispo matagalpino estará más controlado, al igual que su familia, poniendo en el abanico de las pocas posibilidades su desplazamiento forzado fuera de Nicaragua.

Se desconoce hasta el momento los temas y opciones que Brenes conversó con Álvarez ante el contexto, pero el cardenal se convierte ahora en el único canal de comunicación con el régimen Ortega-Murillo, en medio de más y peores agresiones contra la Iglesia y la ciudadanía en todo el territorio.

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