GABRIELA CASTELLANOS
Después del desgobierno en la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), la ministra del caos anunció su renuncia. Una decisión correcta en el momento más álgido, donde el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos es más una tragedia en el país.
No bastará nombrar nuevos funcionarios, porque no se trata de cambiar el canal del espectáculo, sino de asumir la defensa de los derechos humanos, fundamentales para la dignidad y el bienestar de todas las personas, sin importar su origen, género, religión o condición. En un país donde el respeto por las leyes es deficiente, la protección de los derechos humanos se vuelve aún más crucial.
La universalidad e inherencia en los derechos humanos atañe a todos los seres humanos, sin excepción. No los otorga ningún Estado, simplemente por ser humano, uno tiene derecho a ellos. Estos derechos son fundamentales para la vida y la convivencia en sociedad. Respetarlos es garantizar la dignidad humana y el desarrollo integral de cada individuo, protegiéndolo y empoderándolo. Los derechos humanos no solo protegen a las personas de abusos por parte de las autoridades, sino que también a los ciudadanos para enfrentar negligencias y violaciones. Son un medio para lograr justicia y equidad.
Como sabemos, la justicia no funciona en este país, más bien da cátedra de violaciones de sus propias leyes internas; ante ese desconcierto, la comunidad internacional ha establecido mecanismos para garantizar su cumplimiento, como la Corte Penal Internacional y los tribunales especiales. Además, los expertos independientes de la ONU supervisan la implementación de tratados internacionales de derechos humanos.
Este gobierno, más allá de sus arengas de fantasía, debe entender que el respeto a los ciudadanos es la base fundamental de una sociedad justa y democrática. Sin embargo, estos derechos se quedan en meras palabras plasmadas en documentos oficiales, sin llegar a tener un impacto real en la vida de las personas. Es aquí donde surge la necesidad de que el Estado asuma un rol protagónico, siendo un garante que promueva y proteja los derechos humanos, yendo más allá de los discursos oficiales.
La presidenta debe asumir con claridad esta tarea porque allí se concentra el derecho a la salud, la educación, a un medio ambiente sano, y a la transparencia: esencial para que los gobiernos rindan cuentas al pueblo, que permite el acceso a la información pública y que explica sus decisiones a la población. Fundamental hacia un desarrollo sostenible e inclusivo, con un Estado capaz de crear, seguir, implementar y cumplir con políticas públicas que promuevan y protejan los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida. Para fortalecer el respeto a los derechos humanos, también es necesario garantizar la independencia e imparcialidad del sistema judicial para que pueda actuar de manera efectiva en la defensa de la gente, que de paso necesita la educación en derechos humanos, fundamental para crear una cultura de respeto y tolerancia.
Este “socialismo” debe hacer honor a su eslogan de “gobierno del pueblo”. Tiene la innegable obligación de asumir los derechos humanos como la fuerza que mueve la democracia. Solo a través de acciones concretas y un compromiso real con la promoción y protección de los derechos humanos se podrá construir una sociedad justa, igualitaria y pacífica, no como un regalo, sino como una conquista. Es nuestro deber defenderlos y exigir que el Estado los haga realidad.
Es que esta tarea de los derechos humanos no se construye con pataleos ni con caprichos, menos con estructuras vacías de ideologías y sectarismos políticos. Entiendan que, sin derechos humanos, no hay democracia… y sin democracia no hay nada, ni siquiera la paz que tanto precisan ustedes, para gobernar sin simulacros, frente al poder de la gente.
