Tierra de sangre y fuego de bala para defensoras

Redacción: Wendy Funes | Análisis de datos: Alba López

1. Un estudio hecho por diez años revela la violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras.
2. El registro de este tipo de agresiones se enfrenta a grandes desafíos debido a un contexto sociocultural patriarcal cargado de creencias qué normaliza o minimiza la gravedad de las violencias sexuales.
3. Asimismo en ocasiones se guarda silencio por miedo al agresor.

A las defensoras las matan por ser defensoras. Aunque la compositora hondureña Karla Lara canta que también las matan por ser mujeres.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Este país del centro del continente con románticos atardeceres naranjas en el pacífico costero; madrugadas blancas por la neblina que oscurece las calles del occidente, cascadas frescas como las de Colomoncagua, en Intibucá; con olor a café de Marcala, La Paz y gente buscando oro en la corriente del Río Patuca; con arquitectura colonial en los pueblos indígenas Lencas, con noches entre los árboles frondosos de Colón o entre las acacias que parecen gigantes en Copán… es un paraíso que se derrite como un abismo en llamas para las defensoras del medio ambiente y del territorio.

Este territorio con 112,492 o 112, 777 kilómetros cuadrados —extensión de territorio aún por establecerse porque debe ser aprobado constitucionalmente— es una tierra de sangre y fuego de bala para defensoras de derechos humanos.

Son ellas las que encabezan las cifras de muerte y exilio por alzar la voz contra las familias delincuentes. Estas familias corrompen, delinquen contra el medio ambiente y matan. Son castas impunes. Sus empresas extractivistas operan acuerpadas por transnacionales norteamericanas, asiáticas y europeas.

El exilio de Karla: «me tocó levantar muertos a muchos compañeros»

Karla Zelaya es periodista y defensora de derechos humanos. Desde 2021, vive un exilio forzado por defender el medio ambiente. Durante el golpe de Estado de 2009 mantuvo una lucha permanente en defensa de la democracia y acciones de lucha pacífica por la defensa de la tierra. Karla defendía la tierra y el medio ambiente en la región del Bajo Aguán, en Colón, en la zona nororiental de Honduras.

A pocos días de conmemorar el Día de la Resistencia Indígena que han implementado los pueblos de América Latina cada 12 de octubre y solo dos días después de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en este país, un 23 de octubre de 2012 fue víctima de un secuestro.

La habían amenazado y en ese momento, tres hombres armados la privaron de su libertad. «Interpuse denuncia en el Ministerio Público, Cofadeh y Conadeh por amenazas y persecución de parte de grupos armados, pagados por el fallecido de Miguel Facussé. Sin embargo, nunca se investigó”, cuenta la periodista.

“Me tocó levantar muertos a muchos compañeros asesinados, hay al menos 200 compañeros que han sido asesinados en el marco del conflicto agrario en el Bajo Aguan”, cuenta Zelaya.

En diciembre del año 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) amplió la medida cautelar MC50-14 para amparar a Karla. Desde antes, la MC50-14 había protegido a 31 defensores de derechos humanos y de la tierra.

Aun con todo eso, seis defensores de la tierra amparados por la Medida Cautelar MC50-14 ya han sido asesinados, por eso Karla corrió para salvar su vida.

Pese al mandato de la CIDH, en marzo de 2021, fue obligada a emigrar junto a su pequeña hija, de cinco años de edad. En ese tiempo, residía en la ciudad de Tocoa acompañando un proyecto de ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por los huracanes ETA e IOTA.

“El nivel de inseguridad que se vive en esta zona es sumamente alto. Reporté al Mecanismo de Protección varios incidentes ocurridos”. El Estado no actuó para salvaguardar su vida.

“Tengo tres años de residir en la Ciudad de Houston en Estados Unidos. Estoy bajo un proceso de asilo. La vida para los migrantes en este país es sumamente difícil, pero nos sentimos más seguros que en nuestro propio país”.

“Desde el exilio sigo acompañando la lucha permanente y pacífica por la reivindicación del derecho al acceso a la tierra y la defensa de los bienes de la naturaleza. Nuestro trabajo se enfoca en la denuncia y documentar casos de violación a los derechos humanos, persecución, criminalización contra defensores de la tierra y el agua”.

“Si me preguntaran, si quiero regresar a Honduras diría sin dudarlo que sí, pero que temo por mi vida y la de mi familia; que tengo miedo a que me asesinen como a muchos de mis compañeros que hoy no están porque nos encontramos en un claro estado de indefensión, donde nadie nos protege”.

La coordinadora de la Red Nacional de Defensoras, Jessica Trinidad, explicó que hacen un trabajo de acompañamiento a defensoras de derechos humanos y “para nosotras las periodistas y comunicadoras sociales son defensoras de derechos humanos siempre y cuando su ejercicio periodístico esté vinculado a la defensa de algún derecho humano”.

En estos años, la Red ha ido documentando que la vida de las periodistas ha estado en riesgo, específicamente por el ejercicio de su trabajo.

Además del ataque contra Karla Zelaya, esta organización de sociedad civil monitorea y sigue casos como el de las periodistas “Sandra Maribel Sánchez, como el de Wendy Funes, Jennifer Ávila; otras periodistas digamos, que se han visto agredidas, intimidadas, hostigadas por el trabajo de denuncia o por el trabajo de informar a la población sobre lo que sucede en el país”.

La Red ha perfilado además que las agresiones contra las mujeres periodistas siempre van a tener una diferencia muy importante porque lo que sucede es que a ellas, la violencia siempre les pasa por el cuerpo.

Esto se refiere a que la violencia contra las mujeres está dirigida a afectar, a cuestionar el ejercicio de su derecho sobre su cuerpo.

“Entonces las acusan muchas veces de ser mujeres que andan buscando hombres en los movimientos o que andan buscando o que están vinculadas digamos con ejercicios que no tienen nunca que ver con su trabajo sino que dicen andan en ‘prostitución’”.

En el ámbito público preguntan: ¿por qué no se quedó en su casa, que por qué no está cuidando a sus hijos que por qué no anda cuidando a su marido?

“Lo otro es que a las mujeres las amenazan de abusar sexualmente de ellas, las tocan. Las amenazan con agredir a sus hijas, hijos o hijas”.

La Red hace un acompañamiento de la protección integral feminista. Esto significa “que tomamos en cuenta no solo la documentación de las agresiones, sino que cómo estas agresiones afectan a las periodistas a las defensoras de derechos humanos, a las mujeres y entonces hacemos un trabajo para poder atacar también todo el impacto que esa violencia tiene en el cuerpo físico, pero también en el energético y espiritual”.

Las cifras reafirman que Karla y cada uno de estos casos no son una anécdota. Karla es un ejemplo de una realidad de una estructura de impunidad que opera contra las defensoras. Por una década, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), junto a la Red Nacional de Defensoras, estudiaron las agresiones contra defensoras de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y México.

Registraron y documentaron las agresiones con un análisis de género.

A inicios de octubre de 2024, presentaron  el informe “Datos que nos Duelen, Redes que nos Salvan – 10+ años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en mesoamérica (2012-2023)”. 

La presentación se realizó en el Museo de la Memoria que cuenta la lucha de la Resistencia hondureña en los últimos siglos.

Las defensoras en Honduras son una cifra alarmante

“Honduras refleja las cifras más alarmantes y un incremento tras el asesinato de Berta Cáceres, en 2016. El tercer derecho cuya defensa ha generado más ataques es la libertad de expresión, con 14.1%, que coincide con los ataques a la libertad de expresión, el cierre o exilio de medios de comunicación independientes y que se expresa en espionaje y criminalización de periodistas y comunicadoras”, advierte este estudio.

Entre las agresiones contra defensoras y organizaciones documentadas destacan su frecuencia los hostigamientos, campaña de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica.

“La vigilancia a las prácticas de nuestra vida cotidiana el uso excesivo de la fuerza. Todas estas formas de violencia se pueden presentar en nuestras vidas de forma simultánea y va escalando de gravedad en contextos de impunidad con débiles mecanismos de labor a nuestra labor”, cita este reporte.

Las agresiones aumentaron en 2023

En 2023, “las agresiones aumentaron 125% respecto a 2022. Esto responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes”.

“La mayor parte de estas agresiones son perpetradas de forma colectiva (81%). En territorios en disputa de la costa norte (66%) y están dirigidas en contra de quienes defienden la tierra, territorio y bienes naturales (76%)., Cabe destacar qué documentamos un total de 28 desalojos en lo que defensoras y familias enteras perdieron sus proyectos vitales”.

Catherine Pamela Cruz Cerrato es parte del equipo técnico de la Red, en el área de acompañamiento a casos. Tiene una década registrando esta realidad. Estuvo encargada de la documentación de agresiones y después en el acompañamiento a defensoras.

“El poder documentar agresiones te permite tener otra mirada de la realidad y otra mirada de la protección”, dice Cruz Cerrato. Hacen el registro desde los territorios donde amenazan, hieren, exilian, criminalizan y matan a defensoras.

México es uno de los países donde nuestras compañeras, periodistas y comunicadoras sociales, pues han enfrentado una de las violencias más públicas y sistemáticas. Los ataques basados en libertad de expresión están en tercer lugar.

En Honduras es muy parecido a México, en realidad es un patrón de persecución en contra de la defensora de forma general.

“Casi siempre comienza una campaña de desprestigio en redes sociales, por ejemplo, esto a nivel de todas las defensoras; luego viene la vigilancia y posteriormente algún proceso de criminalización o de persecución legal”.

Este mismo patrón sufrió Berta Cáceres antes de su asesinato en 2016. La líder de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda,  ha sufrido algo similar.

“Pero hay un nivel de criminalización, digamos uno mayor que trasciende desde los rumores en la comunidad o desde los mensajes en redes sociales, verdad, que incluso puede llegar hasta medios de comunicación”.

Esto pasa cuando las defensoras están enfrentando a un terrateniente, una corporación municipal que está haciendo proyectos extractivos; también pasa, por ejemplo, por estar denunciando a algún policía que agredió a su pareja.

En el caso de las periodistas pasa cuando son una voz disidente, una voz que replica también la denuncia o que da el realce a esas denuncias en los territorios.

“Cada vez vemos más compañeras que tienen que abandonar sus proyectos políticos en sus comunidades, en sus territorios, para poder salvaguardar su vida, teniendo que salir a veces digamos con la mochila”

Mientras, no hay una respuesta concreta desde quienes deberían de garantizar la vida de las defensoras.

Este mismo patrón lo sufrió Berta Cáceres (asesinada, sus asesinos intelectuales están libres), la periodista Sandra Maribel Sánchez, Margarita Murillo (su asesinato está impune), las mujeres del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa.

Inversiones Pinares ha sostenido una campaña de desprestigio desde 2018 contra el Comité y contra la Fundación San Alonso Rodríguez cuyo líder Juan López fue asesinado el 14 de septiembre pasado.

“Se me ocurre también el nombre de Karla Zelaya que ella era periodista al Bajo Aguán y finalmente salió de Honduras”.

¿Quiénes son los agresores materiales?

En Honduras, policía (21%) autoridades públicas (20,7%) desconocidos (16,5%) (los intelectuales no son visibles).Informe Datos que nos duelen

Agresiones por departamento.
Atlántida 28%
Francisco Morazán 20%
Yoro 12%
Choluteca 7%
Colón 7%
Islas de la Bahía
La Paz 6%
Valle 3%
Cortes 5%
Comayagua 2%
Intibucá 2%
Santa Bárbara 1%
En Islas de la Bahía no aparece con porcentaje.Informe Datos que nos duelen