Reportar sin Miedo
Mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador que sufren criminalización por aborto relatan sus historias en esta serie de investigación periodística
Edición | Elsa Cabria
Equipo periodístico
Andina Ayala | Guatemala
Norma Ramírez | El Salvador
Iolany Pérez y María Aguilar | Honduras
Este reportaje y producción fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
El Progreso, Yoro, Honduras. 2021 fue un año de avance en la despenalización del aborto en países de América Latina como México y Argentina, expandiendo el acceso a mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, de acuerdo a un estudio por el Instituto Guttmacher, América Latina continúa siendo una de las regiones más difíciles para mujeres que deciden interrumpir sus embarazos.
Las leyes más restrictivas de aborto en la región se encuentran en Centroamérica, siendo Honduras, El Salvador y Nicaragua de los países que más penalizan el aborto sin excepción alguna. En Guatemala y Costa Rica despenalizan el aborto en caso de que la vida o la salud de la persona embarazada corra peligro.
¿Cuáles son los retos que las mujeres enfrentan al ser criminalizadas por el aborto en Centroamérica? Esta es la interrogante que las periodistas Andina Ayala, de Guatemala, Norma Ramírez, de El Salvador, y Iolany Pérez y María Aguilar, de Honduras, intentan responder en el podcast Aborto en Centroamérica, financiado por la International Women’s Media Foundation (IWMF) y estrenado el 14 de enero en varias plataformas.
La producción narra las historias de tres mujeres, en tres países distintos, enfrentando el cruel castigo por haber abortado. Explorando la complejidad de sus historias, las periodistas retratan la lucha continua del derecho a decidir.
María y su larga condena (Honduras)
María Ercilia Acosta es una mujer de 42 años de edad, quien lleva cuatro años presa en el Centro Penal de Yoro, acusada del delito de parricidio.
Estaba embarazada y, como a sus otros siete hijos, intentó dar a luz sin partera. Un día le pegaron los dolores y salió al patio de su casa. Comenzó a pujar, pero su bebé salió muerto. Su pobre condición de salud la llevó al hospital, resultado de la pobreza extrema que la obliga a trabajar días enteros cortando pimienta y café en la montaña.
“Me tenían en el hospital. Yo no sé quién llamó a la policía. El niño me nació muerto, con una pelota aquí”, explicó María a la periodista Iolany Pérez en las pocas instancias de libertad que las autoridades penitenciarias le concedieron para conversar. “Si yo lo hubiese querido matar, también hubiese matado a mis demás hijos”.
María, una mujer de ojos negros con largas pestañas y de pocas palabras, enfrenta una sentencia firme de 22 años después que la policía recibió la denuncia de que una mujer se practicó un aborto en la comunidad de Puentecitas.
Merary Ávila, una joven feminista y abogada, lleva el caso de María. Ávila, quien busca visibilizar la historia, manifestó su indignación por la indiferencia de la justicia hondureña.
“Cuando [a María] le sucedió el aborto, probablemente fue espontáneo. Ella nunca estuvo en control, nada de eso se refleja en el expediente que se hicieran esas evaluaciones más minuciosas de qué pudo haber pasado”, explicó. “Si le preguntan a ella, dice que recuerda dice que el bebé nació muerto. Es la respuesta que ella da”.
Mientras María cumple con su larga condena, sus 7 hijos ahora están al cuidado de su madre, una señora enferma de los huesos y la presión. “Ella fue muy buena con sus niños, ella los miraba bien,” dijo la madre de María a Iolany durante una visita a la casa de María. “Le pido a Dios que muy pronto esté con sus niños porque están chiquitos y quería estar aquí con ellos.”
Por ahora, María intenta sobrevivir encerrada, extrañando a sus hijos, y rogando encontrar la justicia que organizaciones de derechos humanos le han prometido.
María está en prisión (imagen de centro) y cumple una larga condena y sus siete hijos están a cuidado de su madre. Fotos: María Aguilar.
Sheyla Oliva: acusada de un delito con reproche moral (Guatemala)
El nombre “Sheyla Oliva” se viralizó en Guatemala la noche del 4 de abril del 2021, cuando la policía la denunció públicamente en redes sociales por el supuesto delito del aborto. Compartiendo una foto de ella con el hashtag “#YoDenuncio,” incriminaron a la mujer de 26 años por una historia cuya complejidad supera una publicación en internet.
La periodista Andina Ayala, a través del caso de Sheyla, explora una de las formas en las que inicia la criminalización por aborto, un delito con reproche moral. Este es el caso de una mujer que, en vez de recibir atención de cuidado por una emergencia, es criminalizada por los médicos que la atendieron. Fue detenida inmediatamente por la Policía Nacional Civil.
“Considerábamos que era inhumano, que era injusto, contra la ética médica también, el hecho de que decidan que ella pase la noche en el juzgado, porque ella recién había experimentado un aborto”, dijo Dorotea Gómez, jefa de la auxiliatura de la mujer de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre el caso de Sheyla.
Aunque Sheyla se rehusó a conversar sobre su experiencia, debido a la desconfianza y temor, su historia se ha contado con la voz de Paula Barrios, abogada de Sheyla y coordinadora de Mujeres Transformando el Mundo, una organización que se dedica a brindar apoyo a decenas de mujeres con asesoría legal a ningún costo.
“Todo surge a partir de las declaraciones del médico. Nos llama la atención cuando alguien confirma y dice claramente que ella se practicó un aborto”, dijo la abogada Barrios en una entrevista. “Yo me quisiera centrar en la responsabilidad del médico en lo que sucedió. Lo más grave es que actuó en base a sus prejuicios y no evitó la pérdida”.
Aunque el caso de Sheyla sigue abierto, hay muchas dudas sobre el procedimiento al que se sometió. La probabilidad de que se cometa negligencia médica y quede en impunidad es más alta en contextos donde el paciente tiene menos información. Según la abogada, el personal médico la estigmatizó.
“Desde nuestro punto de vista fue una detención ilegal y un procedimiento ilegal, desde ese momento que pone la denuncia el médico y luego el procedimiento de la policía no fue el procedimiento pertinente”, declaró la abogada Barrios.
Víctima no solo de un sistema de salud ineficiente, Sheyla también se enfrenta a una dura sanción mediática que la acusa de haber abortado.
Imelda Cortez: la vida después de la cárcel (El Salvador)
Imelda Cortez es una joven salvadoreña, quien desde los 12 años fue abusada sexualmente por su padrastro, Pablo Dolores Ayala, un hombre de 72 años. Amenazada, Imelda no reportó a su agresor.
Tras sufrir múltiples agresiones sexuales por parte de su padrastro y quedar embarazada, a sus 19 años, Imelda abortó en una letrina de su casa, en Jiquilisco, en la costa de El Salvador.
Hospitalizada por una fuerte hemorragia producto del aborto, la policía capturó a Imelda por aborto culposo. “Lastimosamente desde que estuve en el hospital y comenté mi caso, la doctora me denunció porque dijo que no creía lo que le había dicho”, comentó Imelda a la periodista Norma Ramírez en una entrevista.
Enfrentando la posibilidad de 30 años en prisión, Imelda perdió la esperanza de estudiar en la universidad, y a su vez, renunciar a la persona que soñaba ser. Tras casi dos años de estar en la cárcel, Imelda salió libre el 17 de diciembre de 2018. Pero al salir de prisión no recibió el apoyo que ella necesitaba, ni de parte de su familia.
Imelda salió de prisión con la ayuda de organizaciones feministas; sin embargo, su caso ejemplifica las durezas de la penalización absoluta en el país y la ausencia de programas de reinserción fuera de las rejas.
“Mi sueño es tener mi casa porque yo he sufrido desde niña”, dijo Imelda con una sonrisa. “Y yo digo, si alguna de mis compañeras que salga no tiene donde vivir, le brindaría mi casa, pero debe ser propia”.
Imelda decidió contar su historia públicamente para todas las niñas y mujeres que siguen siendo víctimas de violencia sexual. “Hasta esta fecha yo salgo a marchar, salgo a hacer plantones y lo hago, una porque no sé si el día de mañana voy a ser mamá, otra por mis amigas que yo dejé adentro y por luchar que ellas salgan porque son inocentes y no vale la pena que les pongan 30 año”, dijo Imelda.
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