Luego que el Woodrow Wilson International Center for Scholars (Wilson Center) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), presentaran un informe referente a los logros del proceso de reforma policial en Honduras, representantes de esas dos organizaciones sostuvieron reuniones con los principales dirigentes de los partidos políticos del país, a fin de sensibilizarlos a darle sostenibilidad a las acciones de cambio institucional que se están gestando en esa entidad de seguridad.
Recientemente, el Wilson Center, un importante Think Tank de los Estados Unidos de América, hizo público un reporte que examina –en 65 páginas- el trabajo de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional de Honduras, detallando su mandato, funcionamiento, logros, críticas y consideraciones con respecto a la sostenibilidad del más radical e integral proceso de reforma institucional de esa entidad de seguridad pública.
El análisis elaborado por esta organización norteamericana se atrevió a precisar que este proceso de depuración y transformación policial en el país, “no tiene paralelo en américa latina en las últimas décadas”.
Con el ánimo de garantizar que las más importantes fuerzas políticas del país pudieran conocer a profundidad del contenido de la investigación y continúen apoyando los esfuerzos por depurar y transformar la entidad armada, dirigentes de la ASJ, acompañaron a Eric Olson, representante del Wilson Center para Centroamérica, a reuniones con los presidentes de los más relevantes partidos políticos de Honduras.
Se realizaron sesiones de trabajo con Manuel Zelaya Rosales, Coordinador General del Partido Libertad y Refundación (LIBRE); Reinaldo Sánchez Rivera, Presidente del Comité Central del partido Nacional de Honduras (PNH); y Luis Zelaya Medrano, Presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (PLH).
Asistieron a las reuniones, en representación de la ASJ, Carlos Hernández, Director Ejecutivo; Omar Rivera, Director de Incidencia; Lester Ramírez, Director de Investigación; y Naama Ávila, Oficial Jurídica.
Durante los encuentros se expuso sobre los principales logros del proceso de reforma policial, entre los que destacan la amplia evaluación de idoneidad que se realizó, entre los años 2016 y 2019, a más de 13 mil 500 miembros de la carrera policial y que permitió excluir del servicio público a cerca de 6 mil oficiales y agentes por diversos motivos, entre los que se destacan la reestructuración, el retiro voluntario y el despido por justa causa que incluye la comisión de faltas muy graves y delitos.
Del mismo modo, se ahondo en los alcances de la modernización del marco legal, la reestructuración orgánica, el rediseño del sistema educativo y más estrictos criterios de reclutamiento, la creación de un organismo de control disciplinario, el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia e investigación criminal, la edificación de infraestructura, la dotación de equipamiento y apalancamiento tecnológico, una amplia reingeniería de procesos administrativos, financieros y logísticos, y la instauración de un enfoque comunitario y de proximidad en todas las operaciones policiales.
REFORMAS ELECTORALES
Durante las aproximaciones entre los dirigentes de la sociedad civil y los líderes políticos, se aprovechó para discutir en torno a las reformas al sistema electoral hondureño, sobresaliendo entre los tópicos abordados lo relativo a la propuesta de la ASJ, de promulgar un Código Electoral y la selección de los altos funcionarios de las nuevas instituciones electorales a través de procesos meritocráticos, transparentes y apegados a Ley.
Los representantes de la ASJ, hicieron saber a los presidentes de los partidos políticos, que “las principales caracterizaciones de un Código Electoral son la recolección de los materiales jurídicos preexistentes de diversa naturaleza y procedencia; y la reelaboración y reformulación de las mismas, dando origen a nuevas disposiciones de forma sistemática y simplificada, redactadas en forma clara y precisa, conformando una unidad”.
Del mismo modo, plantearon la necesidad que los nuevos titulares del Consejo nacional Electoral (CNE), Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Registro Nacional de las Personas (RNP), sea personas de altas competencias profesionales, de trayectoria inmaculada e independientes.
