Ruth Bonilla
En un fallo unánime que representa un giro histórico para la justicia hondureña, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la repetición del juicio por el asesinato de Keyla Martínez, la estudiante de enfermería que murió bajo custodia policial en febrero de 2021.
La decisión de la máxima corte admite que el proceso anterior estuvo plagado de “inconsistencias y vicios”, anulando así la controvertida sentencia de 2024 que beneficiaba al principal implicado con una pena mínima bajo la tipificación de “homicidio imprudente”.
El caso de Keyla Martínez reveló las deficiencias del sistema judicial en Honduras desde su comienzo. A pesar de que la versión oficial intentó considerarlo como un suicidio, las pruebas de los forenses demostraron que su fallecimiento se debió a asfixia. Sin embargo, el tribunal determinó el hecho como una falta de cuidado, imponiendo una sentencia de solo cinco años de cárcel al ex policía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento. Un nuevo fallo de la CSJ apoya las reclamaciones de la familia y de organizaciones civiles sobre las irregularidades, la manipulación del caso y los errores en la cadena de custodia.
El procedimiento estuvo marcado por serias irregularidades, como la ausencia de pruebas técnicas elementales, discrepancias en la documentación y beneficios anticipados solicitados por la defensa, a pesar de la gravedad del delito, lo que convirtió el caso en un emblema de la impunidad institucional.
En cuanto a los familiares de Keyla Martínez como ser su madre Norma Rodríguez, pide jueces con una perspectiva de género y una indagación que abarque a toda la cadena de mando policial presente esa noche.
Asimismo, grupos de defensa de los derechos humanos y la articulación ciudadana, exigen un nuevo juicio que sea justo, claro, sin favoritismos y con rigor en las pruebas. Este proceso no solo busca justicia para la familia Martínez Rodríguez, sino que también pone a prueba al sistema judicial frente a la violencia estructural y los femicidios.
