Un video de agresión reabrió una discusión que viene de fondo: hasta dónde llega la autoridad del maestro y dónde empieza la responsabilidad de la casa.
César Ramos – En Alta Voz
Un nuevo caso de agresión dentro de un aula volvió a poner sobre la mesa un debate que en Honduras no es nuevo. Se trata de la autoridad que le queda al maestro frente a un estudiante.
Y también de la que le corresponde asumir a los padres de familia en casa. Entre gremios docentes, autoridades y familias, las posturas se dividen. Pero coinciden en algo: el sistema está bajo presión.
“Padres de familia mencionan que los maestros solo deben enseñar a sus hijos, en la casa ellos se encargan de corregirlos.
“Asimismo, mencionan que lo más correcto es llevarlos a dirección y luego llamar a los padres, que las escuelas ya no son las de antes donde los maestros tenían el poder de educarlos y a la vez regañarlos.”
El caso que reabrió el debate
La discusión pública se reactivó tras un video. En él se observa a una maestra agrediendo a una estudiante dentro de un centro educativo.
Los hechos ocurrieron el 9 de julio. Provocaron la indignación de los padres de familia, quienes interpusieron una denuncia formal de inmediato. Eso desencadenó la captura de la docente.
Días después, la hija de la maestra habló públicamente. Aseguró que su madre acumula 26 años de trayectoria y que nunca antes había tocado a un estudiante. Aun así, reconoció que en esta ocasión cometió un error.
La joven no defendió la agresión. Pero cuestionó que el caso se haya expuesto como si su madre fuera “la peor delincuente”, mientras que criminales de mayor gravedad rara vez son mostrados de la misma manera.
La Secretaría de Educación respondió con un comunicado. Rechazó cualquier forma de maltrato contra la niñez y anunció sanciones para los docentes que incurran en este tipo de conductas, en apego al Estatuto del Docente Hondureño.
Lo que dice la ley: el Reglamento de Convivencia Escolar
Detrás del debate hay un marco legal que buena parte de la comunidad educativa desconoce o no aplica del todo. Es el Reglamento Interno para la Convivencia Escolar en los Centros Educativos Gubernamentales de Honduras.
Se publicó en el Diario Oficial La Gaceta el 7 de agosto de 2019. Nació en desarrollo de la Ley Contra el Acoso Escolar, con el objetivo de fortalecer los Comités de Convivencia Escolar en cada centro educativo.
El reglamento no se limita a los estudiantes. Define derechos y responsabilidades para educandos, personal docente, personal administrativo y padres, madres o encargados de familia. También contempla instancias como el Consejo de Orientación, el Gobierno Estudiantil y la Escuela para Padres y Madres.
Un punto central es la clasificación de las faltas en tres niveles:
- Faltas leves: llegar tarde a clase, no presentar tareas, actuar irrespetuosamente o alterar el uniforme.
- Faltas graves: dañar instalaciones, agredir física o psicológicamente a otro miembro de la comunidad educativa, ofender o intimidar a un docente, o falsear calificaciones.
- Faltas muy graves: conductas que atentan contra la integridad física, psicológica o sexual de otros, violencia reiterada, o delitos como acoso escolar, robo, abuso sexual o portación de armas.
Para cada nivel hay medidas reparatorias, no necesariamente expulsión. Van desde la exclusión temporal del salón hasta la remisión del caso a Fiscalía de la Niñez, Juzgado de la Niñez o el 911, en los casos más graves.
El reglamento también fija responsabilidades a los padres: justificar inasistencias, cuidar la puntualidad de sus hijos, supervisar tareas, respetar al personal del centro e informar sobre cambios de conducta. El artículo 36 es directo: los padres deben evitar que sus hijos impidan el acceso de otros al centro educativo.
Su aplicación, sin embargo, no ha sido pareja. Una circular de la Dirección Distrital #6, del 12 de junio de 2025, ordenó a los directores socializar este mismo reglamento con todo el personal, seis años después de su publicación original. Eso sugiere que su conocimiento seguía siendo parcial.
“Se ha perdido la autoridad”
El episodio derivó en un debate televisivo sobre disciplina escolar. Participaron exsecretarios de Educación, la actual titular de la cartera y representantes del sector privado.
Los invitados coincidieron en algo: el hecho expone una problemática más amplia, que involucra a docentes, alumnos y padres de familia. No es solo responsabilidad de una maestra.
El presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas fue el más crudo. Sostuvo que el padre de familia ha perdido autoridad y, en consecuencia, también la han perdido los maestros, porque la escuela debe enfrentar a una sociedad que la ataca.
Según explicó, los docentes tienen cada vez más dificultades para corregir conductas. La razón: falta de respaldo de las familias, las autoridades y la comunidad.
La conclusión del debate fue clara. No hay salida unilateral. La solución pasa por un trabajo conjunto entre familia, estudiantes, docentes y autoridades.
Una versión que rara vez se escucha
Detrás de casos como el de la maestra agresora hay, según el gremio docente, un trasfondo que rara vez se discute. Es un entorno social agresivo que no nace en el aula, sino que llega con cada estudiante y cada familia.
Quienes trabajan a diario en los centros educativos describen su labor como “caminar sobre hielo delgado”. Intentan mantener orden y disciplina sin perder, al mismo tiempo, un clima de respeto con todos los actores del centro.
Una parte del magisterio siente que se le exige resolver problemas que no nacen en la escuela. Se espera que también cumplan funciones de psicólogo o trabajador social. Y que sean responsables de conductas que, según sostienen, se forman primero en casa.
Muchos estudiantes problemáticos vienen de hogares igualmente problemáticos, dicen. Y aun cuando no hay antecedentes de conflicto, a veces se espera que matricular a un hijo baste para que “pase el año”.
A esto se suma el reclamo sobre la ley de 2017. Sectores del magisterio señalan que restringe casi por completo la posibilidad de expulsar a un estudiante, incluso en casos graves.
El otro lado de la violencia escolar
El de la maestra agresora no es el único rostro de esta crisis. En El Progreso, Yoro, un padre de familia agredió físicamente a una docente tras un conflicto entre estudiantes.
Ese caso forma parte de una historia más larga: personal educativo que ha sido víctima de amenazas o agresiones por parte de familias inconformes con medidas disciplinarias.
