Ruth Bonilla – En Alta Voz
En la Universidad de San Pedro Sula, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras presentó este jueves su Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el país durante 2025, marcando la primera socialización territorial del documento y el inicio de una serie de diálogos multisectoriales en distintas regiones.
El informe, presentado previamente ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, busca acercar su contenido a comunidades, autoridades locales, academia y sociedad civil, promoviendo el análisis y la implementación de recomendaciones clave.
Durante su intervención, el representante Juan Carlos Monge explicó que esta iniciativa responde a la necesidad de que los distintos sectores conozcan la realidad documentada y se involucren en la construcción de soluciones. “Esperamos que las 19 recomendaciones contenidas en el informe se conviertan en una hoja de ruta para fortalecer la protección de los derechos humanos en Honduras”, señaló.
El documento revela preocupantes hallazgos, entre ellos la persistencia de violaciones graves como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias, muchas de ellas atribuidas a cuerpos policiales y militares en el contexto del estado de excepción. Solo en los casos documentados por la Oficina, al menos 24 personas fueron afectadas, incluyendo mujeres, en distintos departamentos del país.
Asimismo, se evidencian problemáticas estructurales como el desplazamiento forzado, conflictos por la tenencia de la tierra, amenazas a territorios indígenas y garífunas, así como el reclutamiento forzado por estructuras criminales en zonas como Cortés. El informe también advierte sobre un entorno hostil para el ejercicio del periodismo en varios departamentos, donde las amenazas y la falta de protección estatal han derivado en autocensura.
Desde una perspectiva social, el defensor de derechos humanos Carlos Paz, líder de Cáritas en San Pedro Sula, destacó que muchas de estas violaciones responden a causas históricas. “La pobreza, la corrupción y la impunidad no son fenómenos recientes, sino condiciones sostenidas que se expresan con mayor fuerza en 2025”, afirmó.
Paz subrayó la profunda desigualdad que enfrenta el país, señalando que una persona en condición de pobreza tendría que trabajar hasta 50 años para obtener lo que una persona con grandes recursos económicos gana en un solo día. A su juicio, esta brecha refleja un modelo que no solo perpetúa la exclusión, sino que también criminaliza la pobreza.
“El sistema ha pasado a ver a las personas empobrecidas como enemigas, lo que se traduce en persecución, represión e incluso violencia”, indicó, al tiempo que advirtió sobre prácticas como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas documentadas en el informe.
El informe también plantea una serie de recomendaciones dirigidas al Estado, entre ellas tipificar la desaparición forzada como delito autónomo, fortalecer los mecanismos de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, establecer oficinas regionales de protección en zonas de riesgo, y garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para comunidades campesinas e indígenas.
Además, se propone revisar normativas como el decreto sobre desalojos preventivos y asignar mayores recursos a instituciones encargadas de la protección territorial de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Más allá de los datos, el informe busca generar conciencia y movilización social. “El compromiso con los derechos humanos es una urgencia. Debemos trascender las cifras y llevar este tema a la experiencia cotidiana de la ciudadanía”, enfatizó Paz.
La jornada también resaltó el papel de la academia como espacio clave para el análisis y la construcción de propuestas. En ese sentido, Monge valoró la participación de la universidad como aliada estratégica para promover el diálogo y la formación de futuros profesionales comprometidos con los derechos humanos.
La presentación concluyó con un llamado a fortalecer la articulación entre Estado, sociedad civil y comunidad internacional, promoviendo el diálogo como base para avanzar hacia una Honduras más justa, inclusiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
